01 julio, 2007

Propuestas surgidas de la reunión de la comisión de trabajo para una Plan Contra la Represión. La Otra Campaña D.F.-Edo. Mex.

Objetivo: discutir las iniciativas en lo inmediato y lo mediato que se pueden implementar como prevención y respuesta ante eventos represivos.
Se consideró que es fundamental partir de una adecuada caracterización de lo que es la represión. En este sentido las acciones deben tener como principio básico el que surjan desde lo local, desde abajo, y que se pueda hacer un trabajo de construcción hacia otros niveles. Por ello se considero que dos son los ejes que deben tomarse en cuenta al trabajar en iniciativas contra la represión:
1ro. El problema de la represión es, en todas sus formas, prioritariamente un problema político. Esto es, rescatar este del discurso legalista, clínico-médico, humanitarista etc. y asumir que un acto de presión implica una acción instrumentada desde el estado (haciendo uso de su “legitimo derecho al uso de la violencia”) que busca poner a prueba una “correlación de fuerzas”. De esta manera nosotros debemos usar la nuestra, la movilización, no perdiendo de vista que el dialogo que nos importa, a donde nos importa que llegue el mensaje, es abajo, no con los de arriba. Por ello se puso de manifiesto la importancia de hacer uso de los medios de comunicación (internet, radios comunitarias, etc.) y formas creativas de movilización.
2do. Ante casos de represión, deben ser las organizaciones las que decidan como intervenir y la que realicen las definiciones políticas del caso. La organización a la que pertenece la víctima de la represión es la que conduce las acciones, la que organiza los esfuerzos, evitando así que se dupliquen estos y que surjan protagonismos por parte de otras personas u organizaciones; la que puede establecer un trabajo más efectivo con abogados y familiares. Es aquí en donde se toman las definiciones políticas. Esto conlleva la búsqueda de fortalecer el espacio organizativo, sin embargo, debemos tener en cuenta que el individuo se encuentra inmerso en una red de asociaciones (vínculos), de esta manera se considero importante hacer un llamado a los militantes que participan en este y otros espacios de La Otra Campaña a realizar un trabajo de información y concientización al interior de los diferentes grupos con los que se articulen (familia, pareja, organización, etc.) a cerca de las actividades que realizan y las acciones que se deben llevar a cabo en caso de ser victima de un acto represivo, informarles a cerca de con quien acudir y que hacer. Recordar que un problema importante a tomar en cuenta es que muchas veces la lógica del detenido no es la lógica de la familia, que la expropiación del problema por el discurso legalista puede generar un distanciamiento del contexto político del suceso y que esto entorpece la defensa de los compañeros, entrando en la lógica y juego reglamentado por el poder.


Las iniciativas propuestas en lo inmediato son:

Que cada organización discuta el tema de la represión. Que se evalúen los riesgos organizativos, las estructuras de organización y sus formas de respuesta ante acciones represivas (“escalones de mando”), los medios de respuesta, los vínculos, etc. Tener en cuenta que los actos represivos tiene un fin claro: inocular el miedo, desmoralizar. El trabajo entonces debe ser al interior de cada organización, en un primer momento.
Que, en lo posible, cada organización pueda nombrar un compañero responsable, un teléfono del mismo y una dirección de referencia. El objetivo es ir conformando un directorio que permita dar respuesta inmediata a un acto de represión con la difusión del mismo y favoreciendo la efectividad de los enlaces.
Crear una cartilla de urgencia. Esta contendrá una guía a cerca de que decir, con quien hablar, que derechos se tienen ante una detención.
Crear una red de solidaridad con las victimas. Lo que detiene los enfrentamientos es la solidaridad, cuando alguien es detenido@, desaparecid@, torturad@, no solo se golpea, detiene, tortura o desaparece a ese compañer@, también se afecta a su familia, compañer@s etc. ¿Cómo asegurarnos que estas victimas secundarias por lo menos cuenten con lo mínimo indispensable para su seguridad y bienestar?
Pensar en medidas de seguridad básicas que permitan, sin cerrar espacios de participación, tener un mayor control que disminuya en lo posible el riesgo de infiltración.
Subir a Enlace Zapatista un directorio para saber a quién llamar en caso de ser victima o testig@ de un acto de represión.
Las iniciativas en lo mediato. Se considero que lo prioritario es trabajar en la prevención y en un segundo tiempo trabajar en la construcción redes de atención para victimas (primarias, secundarias y terciarias) de la represión.

Iniciativas de prevención:

Multiplicación de foros contra la represión en lo local.
Difundir la información a cerca de los actos represivos, tanto hacia los sectores organizados como hacia los no organizados.
Agilizar los medios de denuncia, establecer una coordinación efectiva y eficaz con los medios libres y otros.
Publicación de manuales, folletos, comics, etc. con el tema de la represión (“familia y activismo”, “que hacer en caso de represión”, que es la represión”, etc.).
Multiplicar talleres contra la represión.
Ampliar y depurar, esto es, definir, un directorio que permita saber con quien se cuenta para la atención, denuncia, difusión de acciones represivas.
Fortalecer el enlace entre organizaciones promoviendo unidades coordinadoras de trabajo (unidades de unidades).
Trabajar en el acopio de materiales necesarios para poder llevar a cabo las iniciativas anteriores.

Iniciativas de acción/respuesta:

Trabajar con los medios libres para agilizar la difusión de los actos represivos.
Trabajar en la conformación de redes de:
Atención medica
Atención psicológica
Asesoría legal
Defensoría de derechos humanos
Para ello se requiere conformar directorios, estructurar principios y formas de intervención. Se debe iniciar el trabajo de convocatoria, registro, y que una comisión sistematice el directorio.
Todo lo anterior lo consideramos como un primer momento, un trabajo que debe realizarse al interior de este espacio (coordinación metropolitana de La Otra Campaña) y al interior de las diferentes colectividades que en este confluyen; sin embargo, nos parece que es necesario buscar un discurso que nos permita extender este trabajo hacia los sectores no organizados de la población, para ello es necesario saber que decir y a quien hablar, hacer una caracterización más amplia de lo que es la represión, tener en cuenta que esta no implica solo detenciones arbitrarias, tortura, etc., también implica despidos, sanciones, problemas en la comunidad, campañas de miedo; que la represión nos toca a todos. Tal vez así iniciemos la construcción de una instancia incluyente.

Nadin Reyes denuncia la desaparición de su padre, ligado a células del EPR

"Luchar por una vida mejor para las personas no es delito", comenta a La Jornada
Ninguna respuesta al caso en la CNDH, la Cruz Roja Internacional y el Congreso
"Nunca supe mucho sobre las desapariciones forzadas hasta que desaparecieron a mi padre hace más de un mes", asegura Nadin Reyes, hija de Edmundo Reyes, quien fue visto por última vez el pasado 25 de mayo en la ciudad Oaxaca.

Desde hace 12 años, Edmundo, integrante del Ejército Popular Revolucionario (EPR), viajaba constantemente fuera del Distrito Federal (donde radica). "Nos decía que iba a ver a mi abuela a Oaxaca", señala su hija. Por eso su familia se sorprendió al enterarse de que esas constantes salidas eran para participar en labores de la agrupación guerrillera.

"Nunca en mi vida me hubiera imaginado que mi papá estaba en ese grupo. Siempre mostró interés por ayudar a la gente que le rodeaba, pero aun así se nos hizo sorprendente, aunque luego de analizarlo y analizarlo muchas veces caímos en la cuenta", añade.

Con 25 años, Nadin Reyes -quien se enteró de la desaparición de su padre a través de este diario- es la persona que se encarga de llevar a cabo las gestiones para localizarlo, debido a que su madre sufre "severas crisis nerviosas".

De hecho, agrega que cuando decidió contarle la situación "fue muy grande su angustia, pues se supone que nunca había habido secretos entre ellos".

Sin embargo, pese al "silencio" de Edmundo, Nadin no le guarda rencor, pues explica que luego de enterarse de lo que es el EPR y de documentarse sobre las desapariciones forzadas y el hostigamiento a los que son sometidos los disidentes del sistema político mexicano "comprendemos bien por qué nunca lo confesó.

"El último día que lo vimos fue el 22 de mayo; dijo que iba a Oaxaca a ver a su familia. Prometió que llegaría el martes 29 de ese mismo mes, pero no fue así. Eso es muy raro, porque siempre cumplía con la fecha en que regresaría, y si no lo hacía, llamaba a casa para avisar; por eso el siguiente sábado decidí hablar con su familia en Oaxaca. No sabía de él, y días después, gracias a La Jornada, me enteré de que estaba desaparecido y que era integrante del EPR".

"Me entra la desesperación"

Nadin se aferra a la esperanza. Pese a todas las circunstancias que rodean la desaparición de su padre, cree que está vivo. "Estoy consciente de las cosas; a veces me entra la desesperación, pero lo que me da fuerzas de seguir en pie es pensar que mi papá está bien, encerrado en algún lugar, pero bien. Pienso que lo tienen secuestrado, en algún lugar clandestino", señala.

Expresa que al no saber el paradero de su padre por más de un mes, constantemente la atacan "sentimientos encontrados. Me invade la preocupación, la angustia, el miedo y la impotencia, pero los enfrento con la idea de que lucharé hasta que me lo presenten o el menos que me digan en dónde y cómo está".

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Comité Internacional de la Cruz Roja, el Congreso de la Unión y la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos son instancias a las que la joven ha acudido para denunciar el caso, y aunque sabe que el proceso será lento, dice, no cejará en su lucha.

Contundente, Nadin Reyes demanda a quienes hayan desaparecido a Edmundo: "Que nos digan dónde está, qué fue de él, y si es culpable de algún delito, que lo juzguen conforme a derecho".

Sin embargo, también es realista. Asegura que aunque no sea culpable de algún delito, por el solo hecho de pertenecer al EPR las autoridades "harán todo lo posible para acusarlo y juzgarlo. Pero luchar por una mejor vida para las personas, como siempre lo hizo, no es un delito".

Edmundo es comerciante, originario de Oaxaca, aunque desde hace años radicaba en el Distrito Federal. Nadin lo describe en la conversación como un "excelente padre", que siempre se preocupó por la educación de sus hijos.

"Nos recomendó que todo lo que hiciéramos fuera con amor, entrega y disciplina; es un padre que nunca nos golpeó, pues sus regaños dolían más y nos hacían reflexionar", añade. Ahora clama por justicia. Exige que las autoridades investiguen si fue secuestrado o que lo presenten si lo capturaron. "Como familia tenemos derecho a exigir su presentación".

EMIR OLIVARES ALONSO. Tomado de La Jornada 01 07 07.

MINUTA DE LA REUNION DE “LA OTRA DF-EDO. MEX” EN UNIOS (20 de junio DE 2007)

ASISTIERON: 20 REPRESENTACIONES DE GRUPOS, COLECTIVOS Y ADHERENTES EN LO INDIVIDUAL
ORDEL DEL DIA
1.- INFORMACIONES.
2.- ANÁLISIS Y TAREAS DEL FORO NACIONAL CONTRA LA REPRESIÓN, CELEBRADO EL 10 DE JUNIO DE 2007, EN LA CD. DE MÈXICO.
3.- PROGRAMA NACIONAL DE LUCHA.
4.- ASUNTOS GENERALES
SOBRE EL PUNTO 1.
JRA Informó que la propuesta del millón de firmas ha sido aceptada por 15 estados.
SOBRE EL PUNTO 2
Se dio lectura a la propuesta del Comisión Sexta.
Respecto a la represión de compañeros de La Otra Campaña (LOC) en distintos estados de la república se dieron las siguientes informaciones y llamados de solidaridad.
a) Se hace un llamado a respaldar a los presos de Chilapa Guerrero.
b) Denuncia de la represión a la organización de los Dorados de Villa en el estado de Veracruz.
c) La comunidad de indígena zapoteca, integrante del Consejo Indígena Popular de Oaxaca, Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM) denuncia una agresión del gobierno del estado y que entraron en conflicto 2 comunidades; la de San Isidro, adherente a la Sexta y los habitantes de San Miguel respaldados por el gobierno, invadieron el bosque de la zona, que desde muchos años atrás ha sido responsable los habitantes de San Isidro.
d) CAPIZO informa de un desalojo en Chiapas de la organización OPEZ histórica en la comunidad Emiliano Zapata, municipio de Tuzantán.
e) El FPDT convoca para el día 4 de julio a un mitin en el Tribunal Superior de Justica de Toluca y el 25 de junio para presionar al juez para que dictamine la liberación de la compañera Magdalena García Durán.
· Tareas:
· Elaborar 4 comunicados/cartas para denunciar la represión de los compañeros de La Otra Campaña en los estados de Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.
· Consultar con las organizaciones, colectivos y adherentes en lo individual con el objetivo de realizar mítines en las representaciones estatales, donde se está dando la represión.
· Consultar con las organizaciones, colectivos y adherentes en lo individual para realizar un mitin en la Secretaría de Gobernación, con este mismo carácter.
· Promover la Caravana propuesta por el EZLN para el 19 de julio en Tuxtla Gutiérrez.
· Proponer acciones dislocadas para el 19 de julio en el D.F. y estado de México.
· Convocar reuniones en contra de la represión en el os estados donde se está dando.
· Preparar propaganda para las dislocadas.
Se integró una Comisión para diseñar un Plan de trabajo para hacer frente a la represión.
Propuestas:
· Realizar acciones de difusión y concientización sobre la represión que está desbordando los gobiernos federal, estatal y municipal sobre la población y adherentes a la Otra Campaña.
· Se propuso establecer una unidad organizativa de trabajo con las organizaciones, grupos, colectivos y adherentes en lo individual que se reúnen periódicamente en el local de Uníos y desarrollar en cada uno de sus respectivos espacios unidades organizativas locales para darle continuidad al Plan de trabajo propuesto por la comisión.
· Proponer nombre a lo que pretendemos construir como estructura contra la represión.
· Contactar y hacer una agenda de los medios libres de comunicación para se integren al Plan de trabajo para contrarrestar a los medios de comunicación gubernamentales.
· Proponer foros para difundir, concientizar, politizar, y propagandizar todo lo referente contra la represión.
· Elaborar mecanismos de alerta en contra la represión
· Prevenir y asegurar respuestas oportunas e inmediatas en cualquier caso de represión.
· Innovar estrategias de acción que generen expectativas y alerta entre la sociedad civil y adherentes de la Otra Campaña.
· Asegurar equipos de trabajo que atiendan la cuestión jurídica, la atención a presos políticos, la búsqueda de desaparecidos y equipos de defensa en represiones masivas.
· Tomar medidas sobre el espionaje, la penetración, la vigilancia policiaca a nuestras organizaciones, grupos y adherentes en lo individual.

NOTA: El Programa Nacional de Lucha se discutirá en la reunión del miércoles 27 de junio.
Próximas reuniones:
De la Comisión del Plan de Trabajo: Lunes 25 de junio de 2007, a las 14:00 horas en el local de Uníos.
De la Unidad Organizativa de trabajo para el día miércoles 27 de junio de 2007, a las 17:00 horas en el local de Uníos.

SOBRE EL PUNTO 3
JAR propuso realizar una síntesis de lo que se ha hablado, propuesta en otras reuniones los referentes al Programa Nacional de Lucha, para que todos los participantes en estas reuniones de Uníos tengan una panorama general de lo que se ha estado discutiendo y una vez que se tenga toda esta información se plantearán métodos de participación, formas de desarrollo para su elaboración., lugares y fechas tentativas para su desarrollo.

ATENTAMENTE
ANGEL (Colectivo Zapatista Neza).
DAVID (Unidad Organizativa Nezahualcóyotl).

JUICIO POPULAR A FIDEL HERRERA

Pronunciamiento de la Red Unidos por los Derechos Humanos
Junio de 2007

A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
AL PUEBLO DE MÉXICO
AL PUEBLO DE VERACRUZ
A LA OPINIÓN PÚBLICA

1) ¿Quién gobierna Veracruz? Invitamos a todo el pueblo consciente y organizado a escuchar nuestra palabra decidida, porque es denigrante que un ser humano todavía tenga que hacer valer sus derechos ante otro ser humano. Es vergonzoso que en pleno siglo XXI y a pesar de los convenios firmados por nuestro país, los mexicanos y veracruzanos tengamos que hacer valer ante quienes nos gobiernan derechos consagrados en nuestra actual constitución, derechos tan elementales como la tierra, el trabajo y la vida.

2) Queremos decirles que los miembros de la La Otra Campaña en la Huasteca-Toptonacapan, al igual que miles de veracruzanos, tenemos muchos pendientes con el "gobierno" del estado, que sexenio tras sexenio viola los derechos humanos. Podemos mencionar algunos homicidios de 1994 en la Huasteca: Atanasio y Rolando Hernández, en Cantollano, luego Nicolás; los crímenes en Tzocohuite y el robo de 23 autobuses a la cooperativa de transporte… descanse en paz Gabino Santiago; el homicidio en Tihuatlán producto de una cruenta represión: Bernardino Antonio; el engaño y las imposiciones de Cumbre Tajín; la represión y asesinatos al Movimiento Ciudadano Coyuteco, en el Totonacapan; el encubrimiento a las corrupciones de los ayuntamientos; la miseria de las comunidades, la falta de empleo, la migración y la desintegración familiar; el vergonzoso caso de doña Ernestina, violada y asesinada en Zongolica; el encarcelamiento de Albertano Pérez, en Tuxpan; la injustas condenas de 10 y 15 de años que cumplieron Sergio Cerón y Santos Soto, entre tantos presos inocentes utilizados como chivos expiatorios; y cuántas historias de represión que se nos escapan o que no conocemos y que jamás cabrían en un boletín. Ahora Fidel Herrera sigue esa misma línea y ya es hora de hacer algo.

3) Otra de tantas cuentas por saldar es la reciente represión a los campesinos de la comunidad Lomas del Dorado, en el municipio Ixhuatlán de Madero, quienes tomaron alrededor de 500 hectáreas ejidales que les pertenecen desde 1938 por decreto presidencial: arrebatadas por la familia Faisal en oscuras maniobras legales que el gobierno esconde, respaldadas mediante pistoleros a sueldo.

4) Estos campesinos indígenas, como tantos del país, han realizado muchos trámites desde la solicitud que hicieron un 15 de julio de 1923, sin recibir la posesión de su tierra. Y desde la conquista española, más de 500 años han pasado y sólo han recibido azotes, esclavitud y explotación en su propio territorio por parte de hacendados, caciques nacionales y extranjeros, con ayuda flagrante de gobernantes mexicanos que han usado indebidamente a paramilitares, soldados y policías en su contra. A casi dos siglos del primer gran levantamiento armado por la independencia y a casi un siglo de la revolución, es el gobierno el que olvida la causa que ha dado origen a esas luchas y como en tiempos de la colonia y el porfiriato, usa la represión y trata inútilmente de desprestigiar las justas luchas de quienes elevamos nuestra voz para exigir nuestro derecho a una vida digna y que todavía están plasmados en nuestra constitución, por más que la hayan parchado para despojarnos de nuestra historia y de nuestra patria… tal parece que no hubieron independencia ni revolución. Por ello, anunciamos que apoyaremos esta lucha hasta que esas tierras queden en manos de quienes las trabajan y sean castigados los verdaderos ladrones y asesinos.

5) D enunciamos que en dicha represión, la tarde del 14 de junio de 2007, el "gobierno" de Fidel Herrera Beltrán traicionó un acuerdo de diálogo con los campesinos a través de Roberto Álvarez Salgado, Delegado de la Subsecretaría de Desarrollo Político en Tuxpan, desalojando y arremetiendo contra unos 50 campesinos, hombres y mujeres, con cientos de policías, helicóptero, patrullas y caballos, quemando pertenencias, destruyendo y robando automóviles; disparándoles con armas de fuego como si fueran animales, hiriendo a uno y logrando detener a por lo menos diez, quienes fueron cruelmente azotados y encerrados en el penal de alta seguridad en Villa Aldama, Veracruz. Asimismo, Javier Islas Cruz, observador de derechos humanos, fue torturado y aventado al monte días después, acusado falsamente de ser un líder guerrillero. Y Gabino Flores Cruz, líder del movimiento, sigue desaparecido. Todos ellos son adherentes a La Otra Campaña y se les imputan cargos falsos. En Veracruz, la represión late con fuerza.

6) D enunciamos con indignación esta humillación realizada por el Gobierno de Fidel Herrera Beltrán, y anunciamos que el compañero Gabino, vivo o muerto, aparecerá entre nosotros luchando por la justicia y la paz. Y los compañeros presos de todo el país van a ser liberados. Sus tierras, recuperadas. Y los responsables de tantas violaciones a los derechos humanos serán castigados con el peso de la injusticia de 500 años, por todo un pueblo al que no podrán ya comprar con sus miserables dádivas ni programas gubernamentales. Por eso se avisa a los malos gobernantes, entre ellos el gobernador Fidel Herrera, que el pueblo no olvida y que le haremos un juicio popular y político: de algún modo va a pagar por todo lo que está haciendo, y lo va a lamentar. Pero no le exigimos nada, sólo le avisamos que las cosas no se van a quedar así.

7) Anunciamos que a partir del 5 de julio comenzaremos con una movilización frente al palacio de gobierno en la ciudad de Xalapa, y haremos diversas acciones jurídicas, políticas y organizativas hasta cumplir nuestro cometido. Así que pedimos al pueblo de Veracruz, de México y a los pueblos en lucha del mundo, a sumarse a esta declaración y estar atentos a cualquier represalia contra los miembros de La Otra Campaña y sus familias, así como de otros movimientos honestos y no electoreros.
DEMOCRACIA, LIBERTAD, JUSTICIA
Por un gobierno que mande obedeciendo al pueblo de México, no al extranjero

Red Unidos por los Derechos Humanos
La Otra Campaña en la Huasteca-Totonacapan

Documenta la CDDH ofensiva del gobierno contra luchadores sociales

Las autoridades inventan delitos y maltratan a los activistas de forma sistemática, afirma
En Veracruz 10 campesinos nahuas fueron vejados por policías y permanecen en prisión

"Golpeados e interrogados en presencia de los mismos policías que los habían trasladado a garrotazos, patadas y amenazas de muerte", según documentó la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos (CDDH), los diez campesinos nahuas capturados por la policía estatal de Veracruz en el poblado Diez de Junio, Ixhuatlán de Madero, Veracruz, el 14 de junio, fueron confinados en el penal de alta seguridad de Villa Aldama e interrogados sin traductor de su lengua.

Por su parte, en entrevista radiofónica para el programa dominical La otra campaña, Privilegiando el oído, en la difusora XEYT (Radio Teocelo), Ana María Vera Cid, de la misma CDDH y defensora de los campesinos, miembros de la organización Dorados de Villa y de la otra campaña, señaló que en todo el país es común que a los luchadores sociales les inventen delitos, y que sólo se cumplen ciertos formalismos legales pero el estado de derecho no es respetado por el aparato judicial. Y relata: "el 18 de junio tuvimos la primera oportunidad de entrar al penal. Hasta entonces sólo se sabía que ahí estaban diez personas. Pudimos platicar con cada una, en condiciones adversas. A través de un plástico grueso y unos agujeritos por donde pasa la voz, sin posibilidad de mayor contacto humano. Uno de ellos tiene una bala en el glúteo. Todos fueron golpeados, unos con heridas en la cara. Algunos lograban abrirse un poco la ropa para mostrar moretones y costras. No sabíamos a disposición de qué juez estaban. Nos dicen que del de Chicontepec. Pero estábamos en Villa Aldama. Habían mandado el exhorto de Chicontepec a Jalacingo. En Jalacingo me dijeron que como tenían mucho que hacer, habían mandado exhorto a la juez de Villa Aldama. Alcanzamos a la juez, pero ella dice 'me lo acaban de entregar'. En efecto, el sello de recibido dice las 14 horas.

"No tenían derecho a detenerlos en la forma que lo hicieron, ni a maltratarlos. Hay un puntito con el que las autoridades se cubren: los 'pescaron en flagrancia' dentro del terreno ocupado, y de ahí en adelante vienen las arbitrariedades. La ley determina que el Ministerio Público que detiene cuenta con 48 horas. Determina si los consigna o deja libres. Los detuvieron el día 14, el 16 los pasan al juzgado. Estábamos ya en el 18 de junio y apenas hablábamos con ellos. Y no podíamos hacer ninguna gestión. No conocíamos el expediente ni de qué los acusaban".

Vera Cid señala la constante incongruencia de las autoridades: "el estado de derecho no quiere decir nada más que hay leyes, sino que se aplican. Una cosa es lo que se apunta en expedientes y otra la realidad. De qué sirve que lleguen los papeles si ninguna persona puede verlos. ¿Dónde quedó la bolita? El expediente está en Chicontepec, aunque el exhorto llegó a Jalacingo, y de ahí le avientan la papa caliente a la juez municipal de Villa Aldama. El juez de primera instancia, de mayor jerarquía, lo manda a la otra, quien tiene que obedecer. Esta no conoce ni muestra nada, asustadísima porque es un problema político más que jurídico. No le dan órdenes exactas, nada más le avientan el expediente. Todo eso impide dar los pasos legales en beneficio de los detenidos".

Añade que "despojo" sería su único "delito", pues se metieron a un terreno del que hay persona en posesión. Ellos reconocen que es un terreno cercado, en el que había ganado. "Llegamos, abrimos la puerta y nos metimos", dicen. Saben que cuando se dotó de tierras no se entregaron todas. "Perciben que tienen el derecho", expresó la abogada.

No obstante, "les agregan delitos: daños, resistencia de particulares, ultraje a la autoridad. Se los arman. Las autoridades tienen los detenidos, el expediente y los peritos para manejarlo. Resulta que dicen 'hay daño, mira, un chaleco con machetazos, y ahí está el peritaje de que cuesta cuatro mil 200 pesos'. Y no podemos decir que no, el expediente ahí está. No podemos hablar de un régimen de derecho cuando las leyes no coinciden con la realidad, porque se enchuecan para ponerles los delitos, que es lo que sucede con todo luchador por una causa social. No es que realmente cometa delitos, o a veces podemos decir que delitos muy simples, pero se los cambian. Eso lo vemos a lo largo y ancho del país".

Fueron despojados por sus captores de relojes, cinturones, modestas cantidades de dinero (de 80 o 100 pesos); los dejaron sin los zapatos, y a uno sin anteojos; primero los tuvieron cabeza abajo, y no les han dado un jabón para bañarse, según describe el informe del CDDH.

Hermann Bellinghausen. Tomado de La Jornada 26 06 07

Dictan formal prisión a 10 nahuas de Veracruz que ocuparon un terreno

Reclamaban derechos antiguos no respetados; les fabricaron delitos, afirma la defensa

El juzgado municipal de Villa Aldama, Veracruz, dictó ayer auto de formal prisión contra 10 campesinos nahuas de Ixhuatlán de Madero capturados por la policía estatal el pasado 14 de junio en el nuevo poblado Diez de Junio, dentro del predio San José El Dorado. La juez Cristina Ortiz Hernández validó las acusaciones contra los indígenas "de despojo de tierra, daños a un chaleco antibalas que vale 4 mil 200 pesos, desobediencia a particulares y ultraje a la autoridad".

Por esos presuntos delitos, que aún si hubieran sido cometidos no ameritarían prisión, se envió a los detenidos a un penal de alta seguridad, siguiendo el guión de Atenco y Oaxaca. La protesta social pacífica se disfraza de delincuencia, y sin solidez jurídica se le castiga "ejemplarmente".

Ana María Vera Cid, defensora de los indígenas, expresó que a éstos les "fabricaron" cargos para confinar en una cárcel, como la Pericles Namorado Urrutia de Villa Aldama, a Domingo Francisco Verónica, Enrique Flores Catarina, Severo Antonio Hernández, Pedro Gutiérrez Hernández, Basilio Villa Antonio, Audencio Santiago Hernández, Luis Francisco Martínez, Daniel de la Cruz Antonia, Antonio Santiago Hernández y Alicio Martínez Cruz.

La tortura física y sicológica a que fueron sometidos (según el testimonio del defensor de derechos humanos, y también detenido, Javier Islas) se conjuga con la morosidad de los juzgados de Chicontepec, Jalacingo y Villa Aldama.

Como declaró Vera Cid al portal electrónico veracruzano Al Calor Político, los juzgados actuaron "en perjuicio de mis defendidos, toda vez que han dejado correr los días sin importarles los derechos penales y humanos".

Manta de la otra campaña, "cuerpo del delito"

Los 10 indígenas pertenecen a la organización Dorados de Villa que, reclamando derechos antiguos nunca respetados por las autoridades, ocupó un predio, presunta propiedad de la familia Faisal, el 9 de junio. Tras el desalojo violento realizado por la policía y los pistoleros de Álamo, "aparecieron" cuatro pistolas, que se agregaron al expediente, junto con banderas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), mantas de la otra campaña y otros "cuerpos del delito", para armar una espiral de cargos.

"Los indígenas nunca tuvieron pistolas. La diligencia oficial sobre una inspección especial habla de que no se veían armas, sólo machetes y resorteras", agregó la abogada. "Tuvieron que acumularles delitos para retenerlos en prisión".

En tanto, la Red Unidos por los Derechos Humanos (RUDH) insiste en que se desconoce el paradero de otros 15 indígenas, a quienes se ha buscado en las cárceles de Benito Juárez, Chicontepec y Tuxpan, sin que las autoridades "respondan de sus acciones".

Entre los desaparecidos está Gabino Flores Cruz, representante de los indígenas. La RUDH exige que "sean presentados con vida y en libertad, porque no son asesinos ni delincuentes".

No obstante, circulan ya versiones de que la escalada contra los campesinos nahuas podría alcanzar audaces alturas. Según versiones del Diario de Poza Rica, firmadas por Tomás Melo, "durante la reunión del consejo regional de seguridad pública se hizo la petición a los comandantes de los municipios serranos para que estén muy al pendiente de los movimientos que realicen personas afines al EZLN, ante los hechos violentos vividos en el rancho de la familia Faisal Nader, en donde la policía estatal se enfrentó a tiros con un comando de encapuchados, logró la detención de 11 empistolados y decomisar varias armas y equipos de radiocomunicación, así como uniformes y camisas con emblemas de la dirección de seguridad pública".

Estos hechos habrían ocurrido cuando la policía, comandada por José Esmit Birughi, "se percató de que se trataba de invasores respaldados por un comando de encapuchados, quienes portaban mantas con la leyenda 'la otra campaña, otra forma de hacer política'". Se identificó "como líder del grupo armado un tal Gabino Flores, alias comandante Doroteo Villa Arango (sic), quien indicó que su grupo se denomina Dorados de Villa". La versión habla de un enfrentamiento. La policía detuvo "once encapuchados, ya que se encontraban un sinnúmero de guerrilleros camuflajeados (sic) entre los cerros, quienes abrieron fuego con armas de alto poder conocidas como cuerno de chivo, dándose a la fuga el comandante Doroteo, el cual fue rastreado por toda la sierra, pero logró escapar". En similar prosa, la flamante versión oficial concluye que "hay rumores de que los municipios de Chontla y Tantoco pudieran ser madrigueras de grupos armados".

Hermann Bellinghausen. Tomado de La Jornada 23 06 07.

Denuncian APPO y la otra campaña plan represor del gobierno de Oaxaca

Alerta de movimientos sociales ante el conflicto en esa parte de la sierra norte
Agresiones, detenciones y amenazas principalmente en San Miguel Aloápam

El conflicto en el municipio San Miguel Aloápam, en la Sierra Norte de Oaxaca, forma parte de la estrategia del gobierno del estado contra los movimientos sociales independientes, denunciaron tanto las organizaciones pertenecientes a la otra campaña en la entidad como la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). No se trata de un caso aislado. En días recientes, en diversas formas, también se han suscitado agresiones, detenciones y amenazas en Xanica, Totolapa y la zona metropolitana de Oaxaca.

Ante la exigencia al gobierno de Ulises Ruiz Ortiz por las autoridades priístas de San Miguel Aloápam, así como de grupos paramilitares, talamontes y empresas explotadoras de los bosques, para que "solicite la entrada del Ejército" a San Isidro Aloápam, "con la mentira hecha pretexto de que los vecinos de San Isidro están armados y que el Ejército debe entrar a 'desarmarlos'", tanto la APPO como la otra campaña están en alerta.

Las autoridades de San Miguel Aloápam "han actuado con el total apoyo del gobierno del estado, incluyendo la facilitación de la policía preventiva del estado para agredir a las mujeres de San Isidro", denunció el colectivo Todos Somos Presos. "Las autoridades de San Miguel mienten ante los hechos del 18 de junio. Dicen que fueron emboscados por pobladores de San Isidro y que les mataron a sus gentes. Ellos fueron armados, ellos invadieron el bosque para seguir talando el bosque, ellos golpearon y torturaron a los detenidos y detenidas".

Está documentado en diversos testimonio que la violencia en ese municipio zapoteco el 18 del presente fue desencadenada por el presidente municipal Fidel Cruz Pablo, quien extrajo una pistola "de entre su ropa" y comenzó a disparar contra los campesinos de San Isidro que pretendían defender los bosques, cuando un numeroso grupo de priístas antorchistas y de la CNC, muchos de ellos armados, llegó al lugar conocido como Iyu Ziuni.

"Las autoridades que supuestamente debieran cuidar los bosques provocaron esta situación al otorgar un permiso a una de las partes para talar en el territorio en conflicto", insistió la otra campaña. "No se trata de una lucha entre pueblos indígenas, sino por la defensa de los bosques, la tierra, la autonomía", la cual ha sido "brutalmente reprimida". Los comuneros de San Isidro Aloápam forman parte del Consejo Indígena Popular Oaxaqueño (CIPO-RFM), integrante de la otra campaña, y se insiste en que "no están armados". Según los colectivos adherentes a la Sexta declaración de la selva Lacandona, se trata sólo de "un pretexto para justificar una masacre".

Las demandas de la otra campaña en Oaxaca son: "que no entren los militares a agredir a los pobladores de San Isidro; libertad inmediata a los detenidos y detenidas (Juana Morales Pérez, Juventino Cruz Pérez, Eutimio Méndez López, Anastasio López Pérez, Artemio Pérez Cruz y Santos Pérez Cruz); cancelación de las órdenes de aprehensión contra Joaquín López Cruz, Pablo López Alavés y Marcelino Méndez Méndez, habitantes de San Isidro, y alto a las amenazas y acusaciones contra Dolores Villalobos Cuamatzi, integrante del CIPO-RFM.

Escalada contra la asamblea de pueblos

Por su parte, la APPO denunció la agresión contra San Isidro Aloápam como parte de la escalada contra el movimiento social oaxaqueño. "Es responsabilidad de los funcionarios de gobierno por la corrupción que les genera millonarias ganancias destruyendo los bosques al permitir su explotación para las grandes empresas papeleras. Conafor, Semarnat, Profepa y el gobierno de Oaxaca, en lugar de propiciar la solución a los problemas comunitarios, han abonado a través de grupos de choque las injusticias. Detrás de estos problemas se encuentran personajes cercanos a Ulises Ruiz Ortiz, como Bertha Ruth, quien asesora a la comunidad de San Miguel y es ex funcionaria de la procuraduría estatal, y Adrián López Cruz, ex edil de San Miguel Aloápam y candidato a diputado del PRI por la sierra norte". Según la APPO, "sobre este caso ha habido una intención de sesgar la información para desvirtuar los hechos".

Junto con estas agresiones a las comunidades, la APPO señala que se libraron nuevas órdenes de aprehensión contra miembros de su consejo estatal "y se intensifica la militarización en zonas como Totolapa y en todo el territorio; no es casual que en las comunidades donde se encuentran comunidades que militan o simpatizan con la APPO se estén dando los problemas".

Hermann Bellinghausen. Tomado de La Jornada 25 06 07.

Propuestas surgidas de la reunión de la comisión de trabajo para una Plan Contra la Represión. La Otra Campaña D.F./Edo. Mex.

Objetivo: discutir las iniciativas en lo inmediato y lo mediato que se pueden implementar como prevención y respuesta ante eventos represivos.

Se consideró que es fundamental partir de una adecuada caracterización de lo que es la represión. En este sentido las acciones deben tener como principio básico el que surjan desde lo local, desde abajo, y que se pueda hacer un trabajo de construcción hacia otros niveles. Por ello se considero que dos son los ejes que deben tomarse en cuenta al trabajar en iniciativas contra la represión:
1ro. El problema de la represión es, en todas sus formas, prioritariamente un problema político. Esto es, rescatar este del discurso legalista, clínico-médico, humanitarista etc. y asumir que un acto de presión implica una acción instrumentada desde el estado (haciendo uso de su “legitimo derecho al uso de la violencia”) que busca poner a prueba una “correlación de fuerzas”. De esta manera nosotros debemos usar la nuestra, la movilización, no perdiendo de vista que el dialogo que nos importa, a donde nos importa que llegue el mensaje, es abajo, no con los de arriba. Por ello se puso de manifiesto la importancia de hacer uso de los medios de comunicación (internet, radios comunitarias, etc.) y formas creativas de movilización.
2do. Ante casos de represión, deben ser las organizaciones las que decidan como intervenir y la que realicen las definiciones políticas del caso. La organización a la que pertenece la víctima de la represión es la que conduce las acciones, la que organiza los esfuerzos, evitando así que se dupliquen estos y que surjan protagonismos por parte de otras personas u organizaciones; la que puede establecer un trabajo más efectivo con abogados y familiares. Es aquí en donde se toman las definiciones políticas. Esto conlleva la búsqueda de fortalecer el espacio organizativo, sin embargo, debemos tener en cuenta que el individuo se encuentra inmerso en una red de asociaciones (vínculos), de esta manera se considero importante hacer un llamado a los militantes que participan en este y otros espacios de La Otra Campaña a realizar un trabajo de información y concientización al interior de los diferentes grupos con los que se articulen (familia, pareja, organización, etc.) a cerca de las actividades que realizan y las acciones que se deben llevar a cabo en caso de ser victima de un acto represivo, informarles a cerca de con quien acudir y que hacer. Recordar que un problema importante a tomar en cuenta es que muchas veces la lógica del detenido no es la lógica de la familia, que la expropiación del problema por el discurso legalista puede generar un distanciamiento del contexto político del suceso y que esto entorpece la defensa de los compañeros, entrando en la lógica y juego reglamentado por el poder.

Las iniciativas propuestas en lo inmediato son:
Que cada organización discuta el tema de la represión. Que se evalúen los riesgos organizativos, las estructuras de organización y sus formas de respuesta ante acciones represivas (“escalones de mando”), los medios de respuesta, los vínculos, etc. Tener en cuenta que los actos represivos tiene un fin claro: inocular el miedo, desmoralizar. El trabajo entonces debe ser al interior de cada organización, en un primer momento.
Que, en lo posible, cada organización pueda nombrar un compañero responsable, un teléfono del mismo y una dirección de referencia. El objetivo es ir conformando un directorio que permita dar respuesta inmediata a un acto de represión con la difusión del mismo y favoreciendo la efectividad de los enlaces.
Crear una cartilla de urgencia. Esta contendrá una guía a cerca de que decir, con quien hablar, que derechos se tienen ante una detención.
Crear una red de solidaridad con las victimas. Lo que detiene los enfrentamientos es la solidaridad, cuando alguien es detenido@, desaparecid@, torturad@, no solo se golpea, detiene, tortura o desaparece a ese compañer@, también se afecta a su familia, compañer@s etc. ¿Cómo asegurarnos que estas victimas secundarias por lo menos cuenten con lo mínimo indispensable para su seguridad y bienestar?.
Pensar en medidas de seguridad básicas que permitan, sin cerrar espacios de participación, tener un mayor control que disminuya en lo posible el riesgo de infiltración.
Subir a Enlace Zapatista un directorio para saber a quién llamar en caso de ser victima o testig@ de un acto de represión.

Las iniciativas en lo mediato. Se considero que lo prioritario es trabajar en la prevención y en un segundo tiempo trabajar en la construcción redes de atención para victimas (primarias, secundarias y terciarias) de la represión.
Iniciativas de prevención:
Multiplicación de foros contra la represión en lo local.
Difundir la información a cerca de los actos represivos, tanto hacia los sectores organizados como hacia los no organizados.
Agilizar los medios de denuncia, establecer una coordinación efectiva y eficaz con los medios libres y otros.
Publicación de manuales, folletos, comics, etc. con el tema de la represión (“familia y activismo”, “que hacer en caso de represión”, que es la represión”, etc.).
Multiplicar talleres contra la represión.
Ampliar y depurar, esto es, definir, un directorio que permita saber con quien se cuenta para la atención, denuncia, difusión de acciones represivas.
Fortalecer el enlace entre organizaciones promoviendo unidades coordinadoras de trabajo (unidades de unidades).
Trabajar en el acopio de materiales necesarios para poder llevar a cabo las iniciativas anteriores.
Iniciativas de acción/respuesta:
Trabajar con los medios libres para agilizar la difusión de los actos represivos.
Trabajar en la conformación de redes de:
a) Atención medica
b) Atención psicológica
c) Asesoría legal
d) Defensoría de derechos humanos
Para ello se requiere conformar directorios, estructurar principios y formas de intervención. Se debe iniciar el trabajo de convocatoria, registro, y que una comisión sistematice el directorio.

Todo lo anterior lo consideramos como un primer momento, un trabajo que debe realizarse al interior de este espacio (coordinación metropolitana de La Otra Campaña) y al interior de las diferentes colectividades que en este confluyen; sin embargo, nos parece que es necesario buscar un discurso que nos permita extender este trabajo hacia los sectores no organizados de la población, para ello es necesario saber que decir y a quien hablar, hacer una caracterización más amplia de lo que es la represión, tener en cuenta que esta no implica solo detenciones arbitrarias, tortura, etc., también implica despidos, sanciones, problemas en la comunidad, campañas de miedo; que la represión nos toca a todos. Tal vez así iniciemos la construcción de una instancia incluyente.

Acciones intimidatorias del Ejército contra comunidad zapoteca en Oaxaca

El origen del conflicto es el bosque Iyu Ziuni, que es disputado por varias comunidades
Autoridades estatales y de San Miguel Aloápam amenazan con militarizar San Isidro

Elementos del Ejército federal incursionaron este martes en la comunidad zapoteca de San Isidro Aloápam, Oaxaca, lo cual alarmó a la población. El Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM), al cual pertenece dicha comunidad, denunció que desde la semana pasada el gobierno estatal y las autoridades municipales de San Miguel Aloápam "amenazan con meter al Ejército en San Isidro, con el pretexto de buscar armas". Esto, a nueve días de la agresión que sufrieron campesinos de San Isidro que pretendían proteger el bosque Iyu Ziuni, sobre el cual reclaman derechos de propiedad desde 1982.

En los hechos del pasado 18 de junio resultaron muertos dos campesinos priístas de San Miguel Aloápam y cuatro más fueron heridos. Allí se detuvo a cinco personas de San Isidro, quienes fueron acusadas de las muertes, torturadas por las autoridades municipales de San Miguel y recluidas en el penal de Ixcotel. Desde entonces, la comunidad está amenazada. Los priístas de San Miguel amagan nuevamente con talar el bosque Iyu Ziuni, la policía estatal y el Ejército federal rondan el área, y el día 21, la Secretaría de Salud retiró su personal y cerró la clínica de San Isidro.

Así, señala el CIPO-RFM, "se nos niega el derecho a la salud y el libre tránsito, se sigue violentando el derecho de los pueblos indígenas y nuestros derechos humanos. Estamos muy preocupados porque los gobiernos con sus medios de comunicación quiere atacarnos, quiere entrar a nuestra casa, a la comunidad para llevarse no sabemos a donde a nuestros esposos, a nuestras hijas, a nuestras madres, a nuestros hijos y abuelos".

Este martes 26, tres vehículos con elementos del Ejército federal estuvieron a 25 kilómetros de San Isidro y a 17 kilómetros del bosque en conflicto. Desde temprano se les vio llegar a la comunidad vecina de San Miguel Abejones. Posteriormente, dos camionetas tipo Lobo de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) y un carro con 12 elementos del Ejército federal llegaron hasta San Isidro. "Con el pretexto de la entrega de apoyos a los ancianos, se acercaron a los niños preguntándoles qué paso aquí en el bosque, y que dónde queda San Miguel. Sacaron su radio portátil y lanzaron un cable en varias partes de la explanada de la cancha. Así pasaron diez minutos moviéndose de un lugar a otro con su radio buscando algo".

Intimidaron a la gente diciéndoles que no pueden grabar con video. A las personas que estaban grabando les quisieron quitar la cámara. "Se nos hace sospechoso, los de Sedeso siempre avisan cuando van a llegar y hoy llegaron de sorpresa". Además, los indígenas se preguntan: "¿Por qué no los podemos grabar en video?"

A nombre de la junta organizadora del CIPO-RFM, Dolores Villalobos, Rosario Gómez, Simón YIlescas, Crisologo Calleja, Pedro Bautista Rojas y Miguel Cruz Moreno hicieron un llamado a la comunidad internacional y nacional para detener al gobierno "en su escalada de militarización y violencia contra las comunidades que se organizan para defender su territorio, agua, animales y plantas. Les pedimos acciones que estén a su alcance para no permitir más injusticia y para que se libere a los presos de la organización".

Todo esto, a dos días de que se realice en San Isidro Aloápam el Encuentro por la defensa del bosque y la vida comunitaria, convocado por el CIPO-RFM, la otra campaña de Oaxaca y diversos organismos civiles.

Hermann Bellinghausen. Tomado de La Jornada 28 06 07