06 mayo, 2007

Presos políticos en México

Este fin de semana, el juez primero penal de Toluca, estado de México, José Blas Hernández, sentenció a Ignacio del Valle Medina, Héctor Galindo y Felipe Álvarez, líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), a 67 años y seis meses de prisión por el delito de secuestro equiparado, por la retención de varios funcionarios, en febrero y abril de 2006. Este fallo, contrario a derecho, resultado de un juicio repleto de irregularidades, revela una de las caras de la brutal represión lanzada en los años recientes por las autoridades contra los movimientos sociales del país. Confirma la existencia de presos políticos en territorio nacional y ratifica que el Estado mexicano es discrecional en la aplicación de la justicia: a unos se les castiga severamente en tanto a otros se les achaca sólo faltas administrativas, como a los policías acusados de uso excesivo de la fuerza, tortura y violación contra pobladores de San Salvador Atenco en mayo del año pasado.

Se trata de una sentencia desproporcionada de origen. El Código Penal del Estado de México equipara al secuestro la acción de quien "detenga en calidad de rehén a una persona para obligar a la autoridad a realizar o dejar de realizar un acto de cualquier naturaleza; en tal caso se impondrán las penas señaladas" en el artículo 259, "de 30 a 60 años de prisión y de 700 a 5 mil días de multa". Es decir que, en este contexto, los delitos cometidos por El Mochaorejas son similares a las acciones efectuadas por activistas. Este caso muestra, además, la falta de canales institucionales para atender reivindicaciones sociales.

Desafortunadamente, lo sucedido en el caso Atenco no es una excepción. La criminalización de las luchas sociales es un hecho no sólo por la creación de leyes tramposas sino por prácticas viciadas como el invento de cargos, conductas aberrantes de parte de policías y autoridades, represión selectiva contra activistas y afectación a ciudadanos que nada tenían que ver con protestas. Esto último es más frecuente de lo que se percibe.

De hecho, sucede con mucha frecuencia que alguna movilización social termine con detenidos, heridos y torturados. De acuerdo con activistas y analistas, las detenciones arbitrarias y violentas abundan en el estado de México, Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Hidalgo y Jalisco. En Yucatán se ha detenido a 40 jóvenes sólo en este año. En Oaxaca decenas de personas viven escondidas, algunas con secuelas físicas por la represión de las fuerzas del Estado. La otra campaña ha encontrado en su recorrido por el país decenas de presos políticos.

La represión estatal en el México de hoy nos remite a la época de la guerra sucia -en los años 60 y 70-, cuando se acabó prácticamente con los movimientos sociales surgidos en ese tiempo. Las víctimas del brazo autoritario del poder, entonces, eran militantes de izquierda, obreros, campesinos, intelectuales, académicos o simples ciudadanos hartos del asfixiante e injusto sistema político.

Este mismo patrón de conducta ha sido retomado por las administraciones panistas. Según el Comité Cerezo, Vicente Fox dejó a Felipe Calderón una herencia de más de 400 presos políticos. Pero lo peor, señala dicha organización civil, es que la cifra se ha incrementado en los cinco meses de esta administración federal a causa de la represión de movimientos sociales. El número de presos políticos y de conciencia ha alcanzado niveles no vistos desde hace tres décadas. Aunque no existen cifras exactas del número de detenidos por motivos políticos en México, el Comité Cerezo considera que al menos 500 personas estarían en tal caso.

Ante este panorama, es urgente exigir a las autoridades que den certidumbre al estado de derecho y dejen de hostigar a los movimientos sociales que, después de todo, lo que quieren es construir un México mejor, sin injusticias, sin corrupción ni impunidad y con oportunidades de desarrollo para todos. Para ello, el papel de los medios de comunicación es vital, así como la perseverancia de la asediada sociedad civil organizada.

Editorial de La Jornada 06-05-07

Crece a "niveles históricos" la cifra de presos políticos y de conciencia

La muerte de activistas alcanza una tasa no vista en el país en casi cuatro décadas

En años recientes, acentuadamente en el último del sexenio foxista y los cinco meses que van del gobierno de Felipe Calderón, el número de presos políticos y de conciencia ha alcanzado niveles históricos. Se trata de participantes (en ocasiones ni siquiera eso) de movimientos sociales y expresiones de inconformidad colectiva. Esto ocurre en prácticamente toda la República. Algunos alcanzan cierta difusión en los medios comerciales, los más sonados y ejemplares. Otros apenas son reportados por medios alternativos y organismos no gubernamentales de derechos humanos.

Centenares de personas han sido detenidas y encarceladas desde 2005 en agresiones de carácter violento de las policías, lo que ha afectado a millares de personas, en especial indígenas, jóvenes urbanos, maestros democráticos y campesinos. Esto, además de las tumultuosas represiones en Guadalajara (mayo de 2005), San Salvador Atenco (mayo de 2006), Oaxaca (entre mayo y diciembre de 2006) y Mérida (2007).

Las muertes de activistas sociales y políticos alcanzan una tasa no vista en casi cuatro décadas. No sólo están los casos televisados de Oaxaca, Atenco o la siderúrgica Lázaro Cárdenas. Están algunos no aclarados en Matamoros, Ciudad Guzmán y la sierra triqui. Dos delegados del Congreso Nacional Indígena sufrieron emboscadas mortales en mayo de 2006 cuando se dirigían a una reunión nacional: Concepción Gabino, de Cosalapa, Jalisco, y Faustino Acevedo, de San Blas Atempa, Oaxaca.

La represión "selectiva" contra jóvenes, bajo el pretexto de su indumentaria y comportamiento, se ha generalizado. Parece haber "consigna" contra los anarcos, punks y similares. La más reciente, este primero de mayo en la ciudad de San Luis Potosí.

Un dato es el crecimiento exponencial de conductas aberrantes (por lo visto cumpliendo órdenes, o "permisos" al menos) de las policías en capitales y municipios, a lo que se agregan hostiles custodios, agentes del Ministerio Público y jueces: violaciones, vejaciones, tortura, amagos de muerte.

Analistas y activistas subrayan la criminalización de la lucha social. Se inventan cargos, se "siembran" armas o droga. Los medios electrónicos obran como jueces o han incitado a un "restablecimiento del orden" por regla violento, inconstitucional e impune. A esto se suma una atonía de las comisiones estatales y Nacional de Derechos Humanos, que a veces rayan en complicidad con los verdugos.

La otra campaña encontró el año pasado decenas de presos políticos en todo el país, la mayoría ignorados. Por ejemplo, Adolfo y Miguel Andrade Ibarra, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria en Guanajuato, víctimas de la cúpula panista (Carlos Abascal, Ramón Muñoz y el ex gobernador Juan Carlos Romero Hicks) según los familiares y compañeros.

En el penal El Amate, en Chiapas, meses atrás se denunciaron agresiones y tortura contra los reos Aureliano Álvarez y Tiburcio Gómez, indígenas de Huitiupán. Uno de ellos "apareció" muerto en el penal posteriormente. En Chiconautla está Gloria Arenas. Su compañero, Jacobo Silva Nogales, recluido en La Palma, es un caso extremo, que recuerda lo peor del apartheid de Sudáfrica. Tiene 23 horas de encierro al día, no se le permite pintar. Sus óleos son una denuncia extraordinaria.

A ellos se suma la saga, combativa y lúcida, de los hermanos Cerezo. En Tacotalpa (Tabasco), Ángel Pérez Gutiérrez y Francisco Pérez Vásquez, bases zapatistas, hace 10 años están presos injustificadamente. En Ixcotel (Oaxaca) está recluido desde antes de las protestas de 2006 Pedro Castillo Aragón; es compañero de Catarino Torres Pereda, quien pasó varios meses en el penal de alta seguridad de La Palma, aislado y tratado peor que los narcotraficantes y secuestradores. También los detenidos de Loxicha y Santiago Xanica. Y Juan Díaz Gómez, zoque de Chiapas, quien paga el delito de no hablar castellano.

La estela carcelaria ha pasado por la Comarca Lagunera, tanto en Coahuila como en Durango. Pobladores de San Blas Atempa sufren penas de cárcel desde 2005 en Tehuantepec; otros han sido liberados. Se multiplican las órdenes de aprehensión, unas ejecutadas, otras resueltas con fianza, muchas más pendientes (y reactivables en cualquier momento). En Oaxaca decenas de personas viven escondidas, en ocasiones gravemente heridas y mal atendidas (como si los presos fueran bien atendidos por las autoridades; la enfermedad y las lesiones sin atención son parte del castigo). En Hermosillo están los campesinos pimas Ramón Rodríguez Galaviz, José, Leonardo y Francisco Coyote Duarte, Pedro Monte Coyote y Julio Coyote Monte.

Las detenciones arbitrarias y violentas abundan en el estado de México, Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Hidalgo, Jalisco (los casos de Guadalajara, Sayula y Ciudad Guzmán). En Yucatán 39 mayas fueron detenidos en julio de 2006. Más de 40 jóvenes en 2007. En San Luis Potosí está el preso político más antiguo del país: Juan Valdez Pérez, quien lleva 15 años recluido "por organizar a trabajadores".

HERMANN BELLINGHAUSEN. Tomado de La Jornada 06-05-07

Condenan a 67 años de cárcel a líderes del FPDT de Atenco

Es venganza del régimen; no se comprobó el secuestro: la defensa; anuncia que apelará

A un año de su detención, Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo fueron informados del fallo

Ignacio del Valle Medina, Felipe Álvarez Hernández y Héctor Galindo Gochicua, dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), de San Salvador Atenco, fueron sentenciados hoy a 67 años y seis meses de prisión cada uno, al encontrarlos responsables de secuestro equiparado, delito que les imputó la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) por la retención de funcionarios entre febrero y abril del año pasado.

Minutos después de conocer el fallo del juez primero penal de Toluca, José Blas Hernández, el procurador Abel Villicaña expresó que la resolución será minuciosamente revisada, ya que la dependencia exige la pena máxima de 120 años de prisión para cada uno. En cambio, Bárbara Zamora, quien encabeza la defensa de los presos, consideró que el fallo "es una infamia", ya que ni los funcionarios presuntamente retenidos reconocieron a los líderes de Atenco como los responsables de la privación de su libertad.

Trinidad Ramírez, esposa de Ignacio del Valle y quien asumió la batuta del movimiento campesino una vez que sus líderes fueron encarcelados, se encontraba en Cuernavaca, Morelos, donde recibió, a nombre de su cónyuge, un premio de derechos humanos. Otros militantes del FPDT se enteraron del dictamen cuando participaban en una caravana que encabezaron el subcomandante Marcos e integrantes de la otra campaña en el penal de Santiaguito.

Justo un año después de su detención y reclusión en el penal de máxima seguridad del Altiplano, antes La Palma, ubicado en esta localidad, los tres integrantes del FPDT fueron notificados la madrugada de hoy de la primera sentencia que se dicta en su contra, toda vez que aún tienen pendiente otro proceso por secuestro y ataques a las vías de comunicación.

El juez Blas Hernández consideró que "existen elementos suficientes que comprueban la responsabilidad" de Del Valle Medina, Álvarez Hernández y Galindo Gochicua en la retención de funcionarios mexiquenses.

José Castillo Ambriz, presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, señaló que en el fallo se establece que ninguno de los reos es de alta peligrosidad, por lo que se les condenó casi con la pena mínima por el delito de secuestro, es decir, 30 años de prisión.

Pero al estar acusados de dos secuestros, la pena que se dictó por cada una de las retenciones fue de 33 años con ocho meses, y al ser acumulables, el juez estableció que la condena que deberán purgar los líderes de Atenco es de 67 años y medio de cárcel.

Tras la determinación, tomada esta madrugada, un secretario del juzgado fue enviado al penal del Altiplano para que los procesados conocieran los términos de la condena, la cual incluye una multa de 2 mil 476 días de salario mínimo a cada uno como reparación del daño.

La PGJEM les imputó la retención ilegal de Rosendo Rebolledo Montiel, ex director de Gobierno de la zona oriente del estado, perpetrada el 8 de febrero de 2006, así como de otros cuatro funcionarios de la Secretaría de Educación, el 6 de abril de ese año, cuando los atenquenses se quejaron por la inasistencia del secretario del ramo, Isidro Muñoz, con quien tenían programada una reunión para determinar los programas a aplicar en la comunidad.

Aun sin ser notificada oficialmente de la condena, Bárbara Zamora consideró "claro que es una sentencia por consigna, que se trata de una venganza del régimen para mantenerlos encarcelados con delitos fabricados".

La defensora señaló que pese a no tener confianza en las autoridades estatales, a más tardar el martes próximo apelará la sentencia contra sus defendidos para que sea una sala del Tribunal Superior de Justicia la que modifique la condena.

Insistió en que no existían elementos jurídicos para dictar una sentencia tan "excesiva. Las acusaciones se sustentan en dichos de un solo testigo. Ni siquiera las víctimas los reconocen como responsables".

En tanto, el procurador mexiquense indicó que en el pliego de conclusiones, el Ministerio Público solicitó que se aplique la condena máxima, es decir 60 años por cada secuestro, lo que implicaría una pena de 120 años para cada uno de los acusados.

De defensores de derechos humanos a secuestradores

"Qué contradicción, ahorita dieron un premio a Ignacio del Valle y al FPDT como defensores de los derechos humanos, y por otra parte nos acusan de secuestradores y delincuentes", dijo Ana, integrante del FPDT entrevistada en Atenco.

Se refería al Premio Nacional de Derechos Humanos Don Sergio Méndez Arceo, galardón que se entrega desde hace 15 años en Cuernavaca, Morelos, adonde acudió Trinidad Ramírez a recibirlo en nombre de su esposo, Ignacio del Valle.

Damián, a nombre del FPDT, consideró que "además de ser condenable, la sentencia es sumamente excesiva e irracional. Esto demuestra que el gobierno del estado tiene mucho interés en mandar señales políticas de agudizar todavía más el conflicto; quiere dar un castigo ejemplar".

ISRAEL DAVILA y RENE RAMON. Tomado de la Jornada 06-05-07