02 septiembre, 2007

Trabajadoras sexuales adherentes a la Otra Campaña son detenidas en Tlaxcala

Ahora también a ellas
Sebastián Liera.

“Nosotr@s no somos prostitut@s, prostitutas y prostitutos son quienes se venden a los ricos para hacer las leyes a beneficio de los poderosos; prostitutas y prostitutos ellos, que venden su dignidad”
Trabajadoras y trabajadores sexuales en la Otra Ciudad de México.

Éste 31 de agosto, agentes de la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo (el nombre lo dice todo) de la Procuraduría General de la República (PGR) en Tlaxcala, irrumpieron a eso de las 5 de la tarde en la pequeña casa que trabajadoras sexuales adherentes de la Otra Campaña rentan como centro de trabajo en la ciudad de Apizaco, arrestando a nueve de ellas.

Las compañeras secuestradas, que no detenidas, son: María del Rayo Angulo Sarmiento, Ela Vázquez, Azucena Sánchez, María del Rosario Rollos, Argelia Texis Texis, Juana Tenorio Escalante, Rosi González Márquez, Juana Rodríguez Atonal y Rocío Ríos Cortés, y participan del Colectivo Mujeres en Pro de sus Derechos y del Consejo Nacional Urbano y Campesino (CNUC), que se han mantenido en resistencia contra la construcción de una zona de tolerancia que el presidente municipal pretende imponer a pesar de que significará la protección del lenocinio, la trata de personas y la explotación sexual no sólo de mujeres y hombres, sino también de niñas y niños.

El pasado 11 de julio, las compañeras llegaron al zócalo de la ciudad de México y desde allí manifestaron:
“Somos mujeres que ejercemos dignamente nuestra labor sin drogas, sin alcohol sin menores de edad; con responsabilidad, pues usamos condón y lo promovemos; pero sobre todo con honestidad.
“Como trabajadoras sexuales, hemos transitado un largo camino de lucha en contra de la falsa moral, de la hipocresía, del estigmatismo que este sistema social impone y dicta sobre l@s que ejercemos este trabajo como una manera digna de sobrevivir.
“En esa condena hacia nuestro trabajo han encontrado los del poder la justificación para la violencia institucionalizada que esconde su sed de padrotazgo, esa violencia que se manifiesta en encarcelación, persecución, soborno, amenazas, golpes y toda clase de violencia física, económica, psicológica y sexual.
“Hoy estamos aquí para comunicar nuestro rechazo a la zona de tolerancia que el alcalde de la ciudad de Apizaco, Reyes Ruiz Peña, de filiación petista, pretende imponer como moderno proyecto para la ciudad, destinando para ello 17 mil metros cuadrados de terrenos de la comuna y al cual han sido invitados a participar ‘empresarios que ya están en el negocio’ a decir del propio presidente municipal, quién a la vez trata de engañar a la ciudadanía diciendo que los ingresos que ahí se generen serán para obras públicas.
“Nosotras nos preguntamos: ¿Qué esos supuestos empresarios no son precisamente los padrotes que ya explotan a l@s trabajador@s sexuales? ¿Qué no está penada la explotación y el lenocinio en nuestras leyes? ¿No es éste un ‘negocio’ en el cual los que invertirían solo vivirían del trabajo de l@s trabajador@s sexuales? ¿En estas zonas de tolerancia no se ejerce la explotación sexual, el secuestro, el maltrato, la violencia a los que ahí son obligad@s a “trabajar”?
¿El hecho de que no se permita ejercer esta profesión de manera libre en otras zonas de la ciudad y se pretenda que sólo se limite a esa zona, no es en realidad la formación de un gheto que viola de facto todo derecho humano vigente? ¿Acaso se desconoce que las zonas de tolerancia están estrechamente ligadas a las redes de explotación y al tráfico de personas del cual sólo se beneficia el sistema neoliberal y capitalista que nos imponen los de arriba?
“Proponemos que esos 17 mil metros cuadrados de terreno sean utilizados para la construcción de áreas verdes que beneficien a la ciudad, u otras obras como asilos de ancianos, parques recreativos para la población, escuelas, centros culturales, viviendas, canchas para practicar deporte o que en su defecto se construyan fuentes de trabajo para combatir el desempleo que impera en nuestro estado; pero que sean legales, dignas y honradas.”
A raíz de esta resistencia, las compañeras han recibido amenazas constantes por parte de las autoridades municipales, que se apoyan en elementos de corporaciones federales; una ocasión, por ejemplo, “llegó gente con chalecos de la AFI para decirles a ellas que le tenían que bajar, que era muy difícil que las putas se organizaran”; según investigación de Hypatia Velasco Ramírez, enviada de CIMAC Noticias.
Esta vez la agresión fue más lejos. Los agentes de la UMAN-PGR sacaron a las mujeres a jalones y empujones del lugar sin explicación alguna y las arrojaron al interior de camionetas de la policía municipal en medio de golpes e insultos. A ello se sumó la detención de Luz María Hernández Hernández, quien en ese momento pasaba frente al domicilio ubicado en la avenida Morelos casi esquina con 16 de Septiembre a bordo de un taxi, en compañía de la señora Laura Hernández Vergara.
Al darse cuenta de lo que estaba pasando, Luz María sacó una cámara que traía consigo y comenzó a tomar fotos; para su mala suerte uno de los agentes se dio cuenta y alcanzó a ordenarle al taxista que se detuviera, al mismo tiempo que llamaba a un hombre vestido de civil, quien a su vez le arrebató la cámara a Luz María. Según testimonio hecho público en la bitácora electrónica de la Comisión Sexta del EZLN, Luz María pidió una explicación y lo que obtuvo por respuesta fueron insultos y amenazas de que “si le contradecía le iría mal, porque, según él, ella estaba cometiendo un delito federal”.
Fue entonces cuando Luz María le pidió al hombrecito éste que se identificara y, sin hacerlo, el sujeto la sacó “violentamente del taxi y la detuvo e inmediatamente procedió a sacar del mismo al conductor”. Ya detenidos, a doña Laura Hernández, que como recordarán venía en el taxi con Luz María, “le dijeron que se largara porque era una vieja pendeja”, y “todos los detenidos (11 personas), fueron trasladados a la cárcel de la PGR” en Apizaco.
Éste de ninguna manera es un hecho aislado, el secuestro de María del Rayo, Ela, Azucena, María del Rosario, Argelia, Juana Tenorio, Rosi, Juana Rodríguez Atonal y Rocío, así como el Luz María, se inscribe en la escalada represiva que distintas personas desde los medios de comunicación y organizaciones honestas de la sociedad civil han venido denunciando como parte del endurecimiento político de un régimen que pretende criminalizar la lucha social y poder así dar carta abierta a sus socios en la iniciativa privada nacional y extranjera para entregarles la conducción del país.
¿Qué dirán ahora las señoras y los señores de la clase política que recientemente se autonombraron de izquierda y socialistas? ¿Llamarán a sus compañeros del Partido del Trabajo (PT) y como integrantes del Frente Amplio Progresista (FAP) se pronunciarán en contra de las acciones emprendidas por Reyes Ruíz, o guardarán el mismo silencio cómplice de cuando Nazario Gutiérrez ordenó la represión contra nuestros compañeros floricultores de Texcoco y del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra?
Este fin de semana, Andrés Manuel López Obrador realizará una gira precisamente por el estado de Tlaxcala; ¿en medio de sus arengas hará mención de las alianzas entre los gobiernos estatal y municipales de sus compañeros del FAP, brazo político de su "presidencia legítima", con las redes de lenocinio, o por el contrario saldrá con aquello de que “al tiempo política”?
Y el panismo, que en Tlaxcala se alió con el PT y otros partidos para ganar la gubernatura del estado a favor del priísta de toda la vida, Héctor Israel Ortiz; ¿también guardará silencio o, como su “presidente del empleo”, dirá “yo hubiera hecho lo mismo”, como cuando la represión en Atenco?

Reportaje de Hypatia Velasco para CIMACNoticias

Amenazas e intimidaciones a comunidad e integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ)

En la región de Venustiano Carranza, Chiapas por elementos del Ejército.

Fecha: Fri, 31 Aug 2007 00:11:11 -0500
De: Limeddh

Mandar comunicaciones a:

felipe.calderon@presidencia.gob.mx, frjramirez@segob.gob.mx, juansabines@chiapas.gob.mx, mherran@fge.chiapas.gob.mx, fiscaliachiapas@prodigy.net.mx, cdh@cdh-chiapas.org.mx, emilio.gamboa@congreso.gob.mx , screel@senado.gob.mx, tb-petitions@ohchr.org , oacnudh@hchr.org.mx, cidhoea@oas.org , Appeals@fidh-omct.org, ahurt@amnesty.org

Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de México en sus respectivos países. Con copia: enlace.limeddh@gmail.com

2005-2015 "Década de lucha contra la impunidad"

AU- 021-2007 – V. CARRANZA - CHIAPAS

ACCION URGENTE: Amenazas e intimidaciones a comunidad e integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) en la región de Venustiano Carranza, Chiapas por elementos del Ejercito.

México, Distrito Federal a 30 de agosto de 2007.

Lic. Felipe Calderón Hinojosa Lic. Francisco Ramírez Acuña
Presidente de la República Secretario de Gobernación

Lic. Juan José Sabines Guerrero Lic. Mariano F. Herran Salvati


Gobernador del Estado de Chiapas Fiscal General de Justicia del estado de Chiapas

Lic. Juan Carlos Moreno Guillen Dr. Estuardo Mario Bermúdez Molina
Presidente de la CDH de Chiapas Unidad de Derechos Humanos SEGOB

Dip. Emilio Gamboa Patrón Sen. Santiago Creel Miranda
Presidente de la Junta de Coordinación Presidente de la Junta de Coordinación
Política de la Cámara de Diputados Política de la Cámara de Senadores

Santiago Cantón Louise Arbour
Secretario Ejecutivo de la CIDH Alta Comisionado de la ONU

La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), el Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra Oriental (CODHSSO), la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Victimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM), la Comisión Magisterial de Derechos Humanos (COMADH), el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDAPHI), el Comité cerezo, La Asociación Mexicana de Asesores en Derechos Humanos (AMADH), la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el Comité Cerezo, el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), con el respaldo de las organizaciones que abajo suscriben, con domicilio para recibir comunicaciones en Avenida Azcapotzalco No. 275, Colonia Clavería, Delegación Azcapotzalco, C.P. 02090, México, D. F., con número telefónico: 53990592 y Fax: 55991336, enlace.limeddh@gmail.com, solicita su intervención urgente ante las Amenazas e intimidaciones a comunidad e integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) en la región de Venustiano Carranza, Chiapas por elementos del Ejercito.

HECHOS

El martes 28 de agosto de 2007 aproximadamente a las 9:30 horas de la mañana, tomaron por asalto la comunidad 28 de junio, antes el relleno de este municipio, alrededor de cien elementos del ejercito federal que portaban vestimenta pinta de las fuerzas especiales, a bordo de dos camiones con matriculas 3272 y 3277 y cinco tanquetas con matriculas 3036, 3041, 3443 y dos sin matricula. Mantuvieron acordonado el poblado intimidando a las mujeres y niños, preguntándoles sobre campos de entrenamiento militar. Algunos soldados se concentraron en el campo de Fútbol de la comunidad mientras otros cateaban las casas y los terrenos trabajaderos. El operativo militar permaneció durante un lapso de dos horas amenazando a la comunidad e intimando inclusive a mujeres y niños. Al retirarse manifestaron que regresarían pronto.

En días anteriores el ejército llegó a las orillas del poblado Laguna Verde a un kilómetro de la comunidad 28 de junio. Esos días se intensificó el patrullaje permanente de la policía sectorial, de la policía montada así como vuelos a baja altitud y que en repetidas ocasiones han instalado su destacamento en fincas afectando la producción agraria.

ANTECEDENTES

La Organización campesina Emiliano Zapata (OCEZ), se formó en 1982 por la necesidad de recuperar tierras de los bienes comunales que en ese momento se encontraba en manos de grandes latifundios y pocas familias caciques de la región. En 1965 la OCEZ logró un decreto presidencial por la vía de confirmación y titulación de los bienes comunales con una superficie de 50,152 has de tierra, al ver que el gobierno no daba posesión legal de estas tierras se organizaron junto con otras comunidades para formar parte de La Coordinadora Nacional Plan de Ayala para recuperar tierras. El saldo hasta hoy en día es de 37 campesinos asesinados, 3 desaparecidos y centenares de perseguidos, torturados y encarcelados.

La presencia de grupos paramilitares y de choque incrementó el número de desplazados a más de 30 mil en el estado de Chiapas. La comunidad de la OCEZ no es ajena a esta situación ya que por un lado se formó el grupo paramilitar Alianza San Bartolomé de los Llanos que promueve el desplazamiento de integrantes de la organización, dando como resultado el desplazamiento de 78 familias.

Actualmente los que forman el poblado 28 de junio, han sufriendo hostigamiento y para criminalizar su lucha y confundir a la opinión publica los gobiernos federal y estatal han tratado de fabricarles delitos, de vincularles con grupos armados y así justificar la represión en contra de los integrantes de la OCEZ y de las comunidades que integra la organización.

La Limeddh manifiesta gran preocupación ante estos hechos de amenazas e intimidación hacía la OCEZ y las comunidades a través la presencia del ejército. La situación de la militarización del Estado de Chiapas es preocupante así como las tareas implementadas por el mismo.

Por lo anterior solicitamos

i. Que se garantice la integridad física y psicológica, las garantías al debido proceso y de seguridad jurídica a los integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata OCEZ así como de las poblaciones de la comunidad 28 de junio.

ii. El cese de los hostigamientos por parte del ejército en el Estado de Chiapas.

iii. Que se informe oficialmente de las acciones tomadas por parte de las autoridades.

iv. El cese de las amenazas de violencia o de cualquier otra forma de intimidación que menoscabe su dignidad humana.

v. De manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos y Convenciones Internacionales sobre Derechos Humanos y referentes a la protección de los Defensores de Derechos Humanos ratificados por México.


ATENTAMENTE

Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, LIMEDDH
¡Una llama encendida por los derechos de los pueblos!

Adrián Ramírez López; Presidente de la Limeddh

Mandar comunicaciones a:
Presidente FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA
Residencia Oficial de los Pinos Casa Miguel Alemán
Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, México DF
Tel: +52 (55) 27891100
Fax: +52 (55) 52772376
felipe.calderon@presidencia.gob.mx

Licenciado Francisco Javier Ramírez Acuña ,
Secretario de Gobernación,
Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez,
Delegación Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06600, México,
Fax: +52 (55) 5093 3414
frjramirez@segob.gob.mx

Lic. Juan José Sabines Guerrero
Gobernador del Estado de Chiapas
Palacio de Gobierno 1er. Piso, Centro C.P. 29000
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Conmutador: 01(961) 8-80-50 Ext. 21121
Teléfono: 61 8-80-86, 61 8-80-87, 61 8-80-88 Fax: Ext. 21120, 21122
juansabines@chiapas.gob.mx

Lic. Mariano F. Herran Salvati
Fiscal General de Justicia del estado de Chiapas
Libramiento Norte Oriente S/N, Col. Infonavit El Rosario, C.P. 29049 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Conmutador: (961) 6 17 23 00. Ext. 17117, 17118 Fax: Ext. 17119
mherran@fge.chiapas.gob.mx
fiscaliachiapas@prodigy.net.mx

Lic. Juan Carlos Moreno Guillen
Presidente de la Comisión de los derechos humanos del Estado de Chiapas
Boulevard Comitán 143 Col. Moctezuma
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México.
Tel. (961) 602 8980 y 602 8981
Lada sin costo: 01 800 55 28 242
cdh@cdh-chiapas.org.mx

Dip. Emilio Gamboa Patrón
Av. Congreso de la Unión 66
Col. El Parque, Del. Venustiano Carranza, CP, 15969, Mexico, DF
Tel. conmutador y pedir fax 56 28 13 00
emilio.gamboa@congreso.gob.mx

Senador Santiago Creel Miranda
Torre Azul, Piso 20, Reforma 136
Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, México DF, 06600
Teléfono 53.45.30.00 Ext: 3042,3493, Fax 3527
screel@senado.gob.mx

Louise Arbour
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
tb-petitions@ohchr.org

Sr. Amerigo Incalcaterra
Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
oacnudh@hchr.org.mx

Sr. Santiago Cantón
Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
cidhoea@oas.org

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos
Tel. y fax: FIDH: + 33 (0) 1 43 55 20 11 / + 33 (0) 1 43 55 18 80
Tel. y fax OMCT : + 41 22 809 49 39 / + 41 22 809 49 29
Appeals@fidh-omct.org

Ana Hurt
Programa Regional para América, Secretariado Internacional de Amnistía Internacional
ahurt@amnesty.org

Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de México en sus respectivos países. Con copia: enlace.limeddh@gmail.com

CARTA DE 12 PRESOS LOXICHA A CASI 11 AÑOS DE INJUSTA DETENCIÓN

FAVOR DE DIFUNDIR

Penitenciaría Central del estado de Oaxaca, Oax; 28 de agosto del 2007.

CARTA ABIERTA
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÒN
AL PUEBLO DE OAXACA, DE MÈXICO Y DEL MUNDO
P R E S E N T E

"28 DE AGOSTO DÌA DEL SANTO PATRÒN SAN AGUSTÌN OBISPO"

San Agustín Loxicha, se caracteriza por su identidad, su cultura, costumbres y tradiciones auténticas de los zapotecos del sur, se festeja anualmente la fiesta religiosa más importante del pueblo, la del Santo Patrón "San Agustín Obispo", festividad que se celebra durante los días 26, 27, 28 y 29 de agosto de cada año. Costumbres y tradiciones que nuestros antepasados nos han legado, y que hoy dicha festividad sigue viva en nuestro pueblo natal, nosotros como católicos, desde estos cuatro muros elevamos nuestras oraciones al Santo Patrón, por la fe que le guardamos y que el juez divino nos fortalece, nos ilumine y nos protege, para seguir soportando este yugo, estamos seguros tarde o temprano tenemos que librarnos de estas injusticias, que nos han sometido las autoridades estatales y federales priistas. Los responsables de las aberrantes injusticias que estamos viviendo son: Deòdoro Carrasco Altamirano, gobernador de Oaxaca, hoy flamante diputado federal Panista y Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de México, en el año de 1996.

En este año y en las fechas ya mencionadas nosotros participamos en todos los eventos en honor al Santo Patrón, el pueblo es testigo de ello. Sin embargo el estado mexicano, a raíz de los acontecimientos sucedidos en la Crucecita Huatulco Oax; el 28 de Agosto del mismo año, nos involucró de manera dolosa, argumentando como pretexto estos hechos sangrientos, para reprimir y encarcelar a los indígenas zapotecos de la región loxicha; un pueblo marginado que vive en una pobreza extrema y en el completo abandono.

El 25 de septiembre del año 1996, los cuerpos policíacos y Ejército mexicano, sin orden de aprehensión y de manera violenta detienen y encarcelan a los CC. Agustín Luna Valencia y Fortino Enríquez el primero fungía como Presidente Municipal Constitucional y el segundo como Síndico Municipal, así como otros elementos del cabildo municipal; autoridad que fue nombrado democráticamente por usos y costumbres, después de la detención de la autoridad municipal, fueron detenidos y encarcelados más de un centenar de indígenas indefensos.

Pero gracias a la presión política de los indígenas, y el trabajo del defensor y personalidades de buena voluntad que elevaron sus voces por la libertad de los indígenas se logró la libertad de la mayoría de los indígenas detenidos, actualmente seguimos 12 indígenas aún presos a casi 11 años privados de nuestra libertad de manera injusta, los delitos que se nos acusa fueron fabricados por las propias autoridades judiciales.

Es muy lamentable la represión que ejerció el estado, en contra de los indígenas, ha causado daños irreversibles en nuestra vida y la vida de nuestras familias y al pueblo, de esta forma logran los nefastos autoridades estatales y federales el rompimiento del tejido social, destruyendo por principio de cuenta la familia de los indígenas loxicha, y la sociedad en general, si bien es cierto vivimos en la pobreza extrema, pero se caracteriza porque era un pueblo que reinaba la paz y la tranquilidad.

Hoy loxicha no es como antes, el pueblo está militarizado, existen tres bases de operaciones mixtas, cuerpos policíacos que solo causan terror a los habitantes, porque no pueden transitar libremente para realizar sus actividades cotidianas, ya que siempre están con el temor de ser interrogados o detenidos o en el peor de los casos ser acribillados por los nefastos policías que están al servicio del gobierno.

Por último pedimos de la manera respetuosa a las mujeres y hombres de corazón noble de Oaxaca, de México y del mundo, se pronuncien por la libertad de los indígenas Loxicha, presos de manera injusta y por la libertad de todos y todas las presas y presos políticos y de conciencia del país.



Respetuosamente.

PRESOS POLÌTICOS Y DE CONCIENCIA
INDÌGENAS DE LA REGIÒN LOXICHA

C. Agustín Luna Valencia
C. Eleuterio Hernández García
C. Álvaro Sebastián Ramírez
C. Urbano Ruiz Cruz
C. Cirilo Ambrosio Antonio
C. Abraham García Ramírez
C. Fortino Enríquez Hernández
C. Ricardo Martínez Enríquez
C. Justino Hernández José
C. Estanislao Martínez Santiago
C. Mario Ambrosio Martínez
C. Zacarías P. García López
C. Isabel Almaraz Matías

5 de agosto, caminos diferentes

Los resultados de las elecciones del 5 de agosto dan una gran lección de dignidad de los pueblos de Oaxaca que luchan y resisten. Más allá de los análisis huecos que hacen los partidos políticos acerca de la pírrica participación en las elecciones locales, en donde el PRI y Ulises Ruiz definen los resultados como una muestra de apoyo incondicional del pueblo a su gobierno; y la coalición por el bien de todos denuncia que el abstencionismo es debido a la política del terror ejercido por el gobierno de Ulises Ruíz.

Ambas posturas soslayan el significado evidente de este fracasado proceso electoral, el enorme abstencionismo ocurrido, de alrededor de 73%, es una manifestación contundente del desprecio que los pueblos de Oaxaca, en su enorme mayoría sienten por la clase política de todos lo partidos, y no puede ser de otra manera, ya que esta clase política es la misma que ha frustrado los avances de los pueblos de Oaxaca para el logro de una vida más justa y más digna. Unos, el PRI y el PAN, respaldando a Ulises Ruiz y a su política represora y protegiendo a los culpables de los crímenes contra el movimiento social, otros, los partidos de supuesta izquierda como el PRD, PT y Convergencia, regateando su apoyo, el de las iniciativas que representan, para hacer los cambios profundos que nuestros pueblos exigen, a cambio de la participación electoral y el apoyo con el voto a candidatos muchos de ellos y ellas corruptos, mentirosos y ambiciosos.

Oaxaca ha cambiado y nada volver a ser igual, mientras la clase política de todos los partidos políticos se empeñan en seguir en su inercia hacia el vacío y la destrucción, los hombres y las mujeres de Oaxaca que lucha y resiste han decidido apartarse de ese camino, el electoral plagado de trampas y frustraciones, para ejercer, en su lugar, su derecho a la construcción activa, autónoma y libertadora de su futuro.

Esta inercia de la clase política, también esta representada en los órganos de toma de decisiones del movimiento social, la dirigencia de la Sección 22 y el Concejo Estatal de la APPO, los cuales reciben hoy una lección contundente que ojala sea aprendida. Los pueblos de Oaxaca que caminan en esta lucha les han demostrado que no son masas, las cuales puedan moldear a sus justos e intereses, en este movimiento participan miles de hombre y mujeres, sencillos, de buen corazón, pero ningunos ingenuos que acepten sin chistar, y sobre todo sin participar en las “orientaciones” de algunos lideres que se empeñan por ponerse a la cabeza de este movimiento solo para lograr sus propias ambiciones personales o de grupo, el resultado es que la decisión autoritaria y tendenciosa de algunos auto nombrados lidercillos del Concejo Estatal de la APPO, de convencer a un voto de castigo al PRI y al PAN para favorecer a sus candidatos e intereses en los partidos de supuesta izquierda, ha sido un gran fracaso, y esto es por que a diferencia que el año pasado, inclusive en la misma acción concreta de convocar a un voto de castigo como un elemento más de lucha, se ha olvidado el mandar obedeciendo, se ha hecho cada vez más evidente que los órganos de toma de decisiones del movimiento caminan por un lado y los pueblos de Oaxaca por otro, pareciera ser que el único camino que caminan todos juntos es el de las marchas, afortunadamente, en esta divergencia, el camino que ha escogido la gente de abajo, la legitima APPO es el camino de la autodeterminación valiente y pacifica, desafortunadamente , el camino que tenían las dirigencia cada vez más se parecen a la de los partidos políticos y su inercia hacia el vacío.

Muchos análisis e interpretaciones vendrán adelante, entre los de arriba, Ulises Ruíz y el PRI pretenden desmenuzar y racionalizar este proceso electoral a su proyecto económico neoliberal y a su gobierno represor. Por su parte los partidos de supuesta izquierda, divagaran entre la recriminación al gobierno, la recriminación y el chantaje velados al pueblo por no acompañarlos en su camino al vacío, hasta tratar de convocarlos para defender sus intereses, las 7 curules que les garantizarían un suficiente maiceo económico por los siguientes tres años.

Oaxaca ha cambiado y nada volverá a ser igual, el camino que se vislumbra esta apartado tanto de las instituciones de poder corrupto, como la lucha por vía de las armas, ambas alternativas han rodeado provocadoramente al movimiento pacifico de los pueblos de Oaxaca y este no ha caído en ninguna provocación, antes bien, sigue construyendo lentamente, sin desesperanzas ni desesperaciones, su propio he inédito camino hacia la liberación.

Por todo el estado, de manera silenciosa, discreta, pero profundamente sabia y aspiracional se tomo el acuerdo de castigar atreves de la abstención a toda la clase política, pues es toda esta clase, todos los partidos políticos, los directamente responsables de todos lo agravios que sufren nuestros pueblos, esté castigo fue ejercido de diversas maneras, desde la abstención personal, has el acuerdo de asamblea de pueblos indios como San Pedro y San Pablo Ayutla, de no permitir la instalación de casillas electorales en sus territorios.

El camino que se vislumbra es difícil y cansado, pues acechan en cada recodo, los partidos de izquierda y de derecha y los representantes del poder económico para hacernos volver, por medio de amenazas, engaños y promesas de siempre, al camino que como pueblos, hemos decidido desandar, por medio de iniciativas discretas, personales o comunitarias, e inclusive como esta lección del 5 de Agosto, los pueblos de Oaxaca están marginando al estado, al gobierno, y al capital, de sus vidas y sus territorios en forma valiente y contundente y pacifica.

Aun desde la minúscula concepción de las cosas, impuestas por la civilización occidental de ineludible dualidad, entre ganadores y perdedores, la mayoría de los pueblos de Oaxaca no participan de ninguno de estos grupos, pues están por encima de ellos, el fracaso de los partidos de izquierda en este proceso electoral no es el fracaso del movimiento social, pues ha quedado evidente, que el camino es diferente.

En Oaxaca se vislumbra el camino para una autentica liberación.

David Venegas Reyes “Alebrije”
Penitenciaria Central de Santa María Ixcotel.

Realizan mujeres huelga de hambre contra TLC

La huelga tiene también el objetivo de protestar por la violación a los derechos humanos de los trabajadores en la frontera de Texas con México

11:28 Siete ciudadanas estadounidenses de origen mexicano, miembros de la organización La Mujer Obrera, iniciaron una huelga de hambre para protestar contra el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, ya que ha provocado un alto índice de desempleo y discriminación para los trabajadores.

"Nos oponemos al TLC y sus políticas económicas, ya que ha provocado discriminación, pérdida de más de 30 mil empleos en esta zona fronteriza, porque han sido trasladados a México, además de una fuerte fobia antimigrante", dijo Irma Montoya, directora de La Mujer Obrera.


La huelga de hambre que iniciaron las obreras en el edificio de esta organización de la sociedad civil con 25 años de antigüedad, tiene también el objetivo de protestar por la violación a los derechos humanos de los trabajadores en la frontera de Texas con México, aparte de dar a conocer las malas condiciones de trabajo que tienen en la zona.


A través de un comunicado, Montoya dice que están llamando la atención sobre el fracaso del TLC y exigir que se cumplan las promesas de los gobiernos de impulsar el desarrollo en la franja fronteriza.


"Queremos además, dar a conocer de manera pública la discriminación al acceso a los recursos del desarrollo para las mujeres trabajadoras y la creciente puesta en marcha de operativos de seguridad fronteriza por parte del gobierno de los Estados Unidos, lo que implica que haya menos oportunidades de trabajo de género y desarrollo", expresó.


Montoya dijo que con la huelga de hambre de las siete trabajadoras, exigen que los gobiernos inviertan en planes de desarrollo que beneficien a las mujeres trabajadoras.

Es importante, además, terminar de manera definitiva con la discriminación creciente en los trabajos y de raza, generada por la fobia antimigrante que considera que todo latino es un indocumentado al que deben revisarle a fondo sus documentos, lo que perjudica a miles de hispanos nacidos en los Estados Unidos, señala la activista en el comunicado.


Indica que una tercera exigencia es la de invertir recursos en las colonias donde ellos viven, los barrios, además de acabar de manera definitiva con los abusos que cometen los agentes de corporaciones federales contra los inmigrantes en la frontera, derivado de las políticas migratorias que aplican actualmente contra sus socios del sur a los que tratan como enemigos.


Montoya señala que de acuerdo al TLC o Nafta, como se le llama en los Estados Unidos, esta región fronteriza debería ser una de las más desarrolladas no de la frontera, sino del mundo y sucede todo lo contrario, ya que es una región cada día mas pobre y con políticas de discriminación y violencia contra las mujeres como lo demuestra el hecho de que se han perdido más de 30 mil empleos.


Hace un mes La Mujer Obrera de El Paso, recibió una negativa de apoyo por parte del Fondo Empresarial del Gobierno del Estado de Texas, por lo que decidieron presentar demandas a la federación y estado.


Irma Montoya dijo que para presentar programas a los gobiernos deben pagar mil dólares y a ellas no las dejaron ni siquiera pagar, porque sus proyectos no se aplicarán.

Señaló que aunque El Paso tiene el 80 por ciento de población hispana, la ciudad no es prioridad del gobierno.

Luis Carlos Cano. Tomado de El Universal
El Paso, Texas
Martes 28 de agosto de 2007

El Congreso mexicano sanciona una nueva Ley de Producción, Certificación y Comercio de Semillas contra los campesinos

Una nueva Ley de Producción, Certificación y Comercio de Semillas entró en vigor el pasado 14 de agosto. Ahora, gracias al Congreso y al gobierno mexicanos, Monsanto podrá continuar su biopiratería histórica con total impunidad y al mismo tiempo demandar a cualquier campesino o agricultor que no les pague (o se contamine, si son transgénicos).

Una nueva Ley de Producción, Certificación y Comercio de Semillas entró en vigor el pasado 14 de agosto. Manuel Oyervides, director de investigación de Monsanto, manifestó a la prensa su entusiasmo y declaró que están "ansiosos porque se libere el uso de la biotecnología, así [sus] inversiones se podrían hasta duplicar", lo que deja muy claro quién se beneficia con esta ley, que, agregó, por fin "sancionará a quienes piratean la tecnología" (Reforma, 15/08/07). Curiosas palabras viniendo de boca de una trasnacional biopirata por excelencia, ya que la totalidad de las semillas que usa (y abusa) provienen de la creatividad colectiva de campesinos de todo el mundo, lo cual -igual que sucede con las otras grandes semilleras como Bayer, Syngenta, Dupont, Dow- no las ha inhibido patentarlas para impedir que esos mismos campesinos puedan volver a utilizarlas sin pagarles.

Ahora, gracias al Congreso y al gobierno mexicanos, podrán continuar su biopiratería histórica con total impunidad y al mismo tiempo demandar a cualquier campesino o agricultor que no les pague (o se contamine, si son transgénicos). De paso, se hicieron de un lugar privilegiado para seguir influyendo en las políticas sobre semillas en nuestro país y, por si fuera poco, financiados con dinero público.

Por eso Seedquest, central de información de la industria global de semillas, aplaudió la nueva ley, cuyo logro atribuyó a sus miembros y a selectos personajes del gobierno mexicano: "Durante todo este tiempo, asociados y miembros de la Asociación Mexicana de Semilleros AC, en cuyo consejo directivo figuran Monsanto, Syngenta y Pioneer/Dupont (como 'comité de honor y justicia') trabajaron fuertemente y realizaron actividades conjuntas [para sacar esta ley] con el Consejo Nacional Agropecuario (centro de los grandes distribuidores y productores agroindustriales nacionales y trasnacionales) y la Dirección de Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS/ Sagarpa)".

La ley de semillas es un complemento ideal de la ley de bioseguridad (ley Monsanto) porque otorga "certidumbre" a las trasnacionales semilleras de que podrán perseguir legalmente a cualquier agricultor que ellas consideren que usa sus "invenciones" sin pagarles (sean semillas híbridas o transgénicas). Este era un punto neurálgico de la ley para las trasnacionales, pero hay más: la ley establece un Sistema Nacional de Semillas, como organismo de coordinación del sector, pero, sobre todo, como "instrumento consultivo" para definir políticas relacionadas con las semillas. De sus 16 integrantes, nueve fueron asignados al sector empresarial, con lo que tienen garantizada cualquier decisión al respecto.

Este Sistema Nacional de Semillas quedó ligado a un instrumento financiero: el Fondo de Apoyos e Incentivos, que en este contexto será una vía más para sangrar recursos públicos y subsidiar a las trasnacionales. El secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas, reveló que ya había dispuesto invertir 19 millones de pesos para producción de semillas certificadas (o sea, de las empresas), además de 50 millones para la "generación, difusión y transferencia de tecnologías". Asimismo defiende el maíz transgénico, por si a alguien le quedaban dudas de a qué "tecnología" se refiere (Emir Olivares, La Jornada, 8/6/07).

Como cereza del pastel que autoridades y congresistas regalan a las trasnacionales, la nueva ley establece que la certificación de semillas la harán empresas privadas. Paralelamente, abre la puerta para sancionar a quien no use semillas certificadas o registradas. Así obligan a certificar y avanzan hacia la criminalización de cualquier intercambio "no certificado". Por ejemplo, si un agricultor produce su propia semilla y la intercambia o vende a sus vecinos. También crea un catálogo para variedades "comunes", pretendiendo que los campesinos registren sus variedades, lo cual significará que en cierto plazo quien use cualquier semilla no registrada estará en infracción.

Esta peligrosísima e injusta tendencia de las nuevas leyes de semillas, que atenta contra 10 mil años de agricultura colectiva para el bien público, basada en el libre intercambio de semillas, no es privativa de México, tal como denuncia Grain (La sagrada privatización, www.grain.org): son lineamientos de la Federación Internacional de Semilleros para monopolizar y obligar a todos los agricultores y campesinos a que en cada país tengan que comprarles sus semillas industriales. Introducir transgénicos acelera este proceso mediante la contaminación inevitable que conlleva. Por eso las mismas empresas y sus amigos del Congreso y el gobierno, junto a unos pocos agricultores industriales, insisten en la inmoralidad de plantar maíz transgénico en México, donde el daño al país y a los campesinos sería brutal, porque se trata del centro originario del cultivo.

No sorprende que Monsanto, que tiene el virtual monopolio global de las semillas transgénicas (casi 90 por ciento) y la mayoría del mercado global de otras semillas -junto con Syngenta y Dupont-Pioneer controlan 44 por ciento de las semillas patentadas a escala global- presione por todos los medios para lograr leyes como la recientemente aprobada y legalizar la contaminación transgénica, comenzando por "experiencias piloto". Lo aberrante, aunque tampoco sorprende, es que el gobierno y los parlamentarios colaboren con este crimen contra los campesinos y la soberanía alimentaria de su propio país.

25-08-07, Por Silvia Ribeiro. Investigadora del Grupo ETC
www.grain.org

Tomado de Eco Portal. Net
http://www.ecoportal.net/content/view/full/72018

A cuatro meses del año cero

La cuenta regresiva se acorta. De no cambiar las cosas, el próximo primero de enero entrará en vigor la última etapa del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en agricultura e inundarán nuestro país millones de toneladas de maíz y de frijol procedentes de Estados Unidos. Dos o tres grandes empresas acapararán las importaciones y las ganancias. Se socializarán, eso sí, las pérdidas entre 5 millones de productores campesinos de estos granos.

Con mayor anticipación que en 2003, cuando las organizaciones campesinas lanzaron El campo no aguanta más para oponerse a la entrada en vigor de la penúltima etapa del tratado, diversos agrupamientos rurales han comenzado a movilizarse. Algunos emplazan al gobierno y lo presionan para firmar un Acuerdo Nacional para el Campo “plus” para avanzar en lo logrado hace cinco años.

Otro agrupamiento ha lanzado la campaña Sin maíz no hay país-Pon a México en tu boca, para informar y llegar a la conciencia de la opinión pública nacional de la necesidad de defender nuestros granos básicos, sobre todo el maíz, no sólo del libre comercio, sino de la invasión de semillas genéticamente modificadas, posibilidad con la que ya coquetean algunas organizaciones campesinas. La campaña ha recibido la adhesión de artistas, intelectuales y organizaciones sociales, y se ha duplicado en varias entidades. La siguiente etapa será una gran movilización nacional a la ciudad de México a fines de octubre. Hay que destacar el acierto de esta campaña en el manejo de aspectos antes algo descuidados: la lucha cultural, las manifestaciones artísticas.

Pero, conociendo al presente gobierno, habrá que irse preparando para movilizaciones mayores, sin dejar de realizar lo que ya está en marcha. Diseñar acciones que sienten a las autoridades y legisladores federales a buscar la forma de evitar que el TLCAN implemente su última fase en materia agropecuaria y apoyar eficazmente la construcción de la soberanía alimentaria nacional con base en las agriculturas campesina e indígena. Se está trabajando bien en lograr una correlación de fuerzas favorable al movimiento campesino, pero ha de acelerarse el proceso, hacer converger los esfuerzos y mostrar efectivamente esa fuerza al gobierno.

Para eso, hay varias tareas impostergables. La primera, lograr la unidad con diversidad de las organizaciones campesinas. Hay celos y recelos. La experiencia del Movimiento el Campo No Aguanta Más (MCNAM) y posteriores lesionó la capacidad de alianzas. Pero no hay de otra: el gobierno busca dividir para vencer, para desactivar. Es necesario que las organizaciones campesinas comiencen por platicar, por reconocerse, por inventar mecanismos que construyan voluntades comunes y ahuyenten protagonismos e intereses particulares. Afortunadamente se trata sólo de organizaciones rurales, no de partidos políticos paquidérmicos y anquilosados. Hay que desatar la creatividad para crear dirección colectiva, funciones rotativas, liderazgos compartidos.

El gran reto es unirse sin suprimir las diversidades. Más bien, potenciando la fuerza que nos da el ser diversos. Lo que no pudo hacer el MCNAM hay que intentarlo: regionalizar el movimiento, dar cauce a la participación de organizaciones indígenas, abrirse a lo local y conjugarlo con lo nacional. Planificar acciones conjuntas, concentraciones en un punto, pero sin olvidar las acciones de despliegue diverso en todo el territorio nacional.

No hay que hacerse bolas. Uno de los problemas de hace cuatro años fue permitir que el gobierno federal nos metiera en un largo proceso de discusión y que nuestra agenda básica se desdoblara en el fárrago de los 262 puntos del Acuerdo Nacional para el Campo. Ahora hay que elaborar un pliego esencial, cuatro o cinco puntos contundentes, y no moverse de ahí. Revisión del TLCAN, no a los transgénicos, medidas para construir la soberanía alimentaria. Y no sentarse a negociar hasta que no haya respuestas claras a cada uno de ellos.

Queremos granos básicos nacionales, no platos de lenteja. Habrá que cuidar constantemente los llamados cooptadores de un gobierno que buscará legitimarse por todos los medios. Nuestros puntos son los comunes, los de interés colectivo para el país. No los vamos a cambiar por programas de apoyo a las organizaciones campesinas, por engañosas “agencias de desarrollo local”. Si nos dan sólo esto, subsistirán las burocracias rurales, pero morirá el movimiento.

Hay que trabajar con profesionalismo y ahínco el aspecto jurídico. Preparar una sólida estrategia de fundamentación jurídica de la revisión del TLCAN en materia agropecuaria para presentarles al Ejecutivo y al Legislativo el remedio y el trapito. Más aún, hay que preparar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte: ¿puede sostenerse un tratado internacional que ha significado el no cumplimiento de las obligaciones constitucionales del gobierno y la no cobertura de los derechos fundamentales de millones de mexicanos y mexicanas del campo?

Tenemos todavía el tiempo, la experiencia, el apoyo de amplios sectores fuera del campo. No hay por qué perder esta lucha.

Víctor M. Quintana S. Tomado de La Jornada 30-agosto-2007.