El director general de la Comisión Nacional de Agua (Conagua), José Luis Luege Tamargo, anunció ayer que buscará inversiones privadas para subsanar el déficit de 10 mil millones de pesos que existe, según él, en el presupuesto de ese organismo.
Si lo dicho por el funcionario es cierto y si la dependencia realmente debe invertir 30 mil millones de pesos anuales de aquí a 2012 y cuenta con un presupuesto de sólo 20 mil millones, bastaría con incrementar en la proporción requerida los fondos públicos destinados al abasto hídrico en los años próximos. Para obtener los diez mil millones anuales faltantes sería suficiente, de acuerdo con las cifras expuestas el 3 de diciembre del año pasado por el presidente Felipe Calderón, con recortar en 5 por ciento los todavía astronómicos salarios del titular del Ejecutivo Federal, los secretarios, subsecretarios, oficiales mayores y titulares de unidad, o bien incrementar los impuestos a las empresas transnacionales que hacen fortunas vendiendo a diez pesos o más litros de agua embotellada cuyo costo de producción es ridículamente inferior a ese precio.
Cualquiera de esas soluciones, u otra que pudiera encontrarse con un poco de imaginación y buena voluntad, serían mejores que la entrada de capitales privados a las tareas de potabilización y distribución del vital líquido. Ha de considerarse que la inversión privada demanda rendimientos y utilidades, y que los dineros correspondientes sólo podrían salir -en la lógica neoliberal que aún impera en la esfera gubernamental- de un incremento en las tarifas públicas. Se entraría, así, en la lógica de "cobrar el agua hasta que duela", según la expresión atroz empleada hace poco más de dos años por el entonces secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alberto Cárdenas Jiménez, y que llevaba implícita una premisa clasista: a los núcleos prósperos de la sociedad no "les duele" un incremento en las tarifas de abasto de agua; la situación dolorosa es, obligadamente, para los sectores mayoritarios, los más depauperados, de la población.
La propuesta de la privatización parcial o total del agua es, a estas alturas, impresentable, si se considera los conflictos sociales, la corrupción, las distorsiones institucionales y los problemas mayúsculos a los consumidores causados en diversos países, desarrollados y pobres, a consecuencia de la colocación en manos privadas de las redes de saneamiento y distribución del líquido. En diversas ciudades de Estados Unidos, en Eslovaquia, en Bolivia y en muchos otros países, la experiencia ha sido desastrosa. Y es que cuando la sed de muchos se convierte en el negocio de unos cuantos, la catástrofe política y humana se hace inevitable.
Editorial de La Jornada 03-03-07
Si lo dicho por el funcionario es cierto y si la dependencia realmente debe invertir 30 mil millones de pesos anuales de aquí a 2012 y cuenta con un presupuesto de sólo 20 mil millones, bastaría con incrementar en la proporción requerida los fondos públicos destinados al abasto hídrico en los años próximos. Para obtener los diez mil millones anuales faltantes sería suficiente, de acuerdo con las cifras expuestas el 3 de diciembre del año pasado por el presidente Felipe Calderón, con recortar en 5 por ciento los todavía astronómicos salarios del titular del Ejecutivo Federal, los secretarios, subsecretarios, oficiales mayores y titulares de unidad, o bien incrementar los impuestos a las empresas transnacionales que hacen fortunas vendiendo a diez pesos o más litros de agua embotellada cuyo costo de producción es ridículamente inferior a ese precio.
Cualquiera de esas soluciones, u otra que pudiera encontrarse con un poco de imaginación y buena voluntad, serían mejores que la entrada de capitales privados a las tareas de potabilización y distribución del vital líquido. Ha de considerarse que la inversión privada demanda rendimientos y utilidades, y que los dineros correspondientes sólo podrían salir -en la lógica neoliberal que aún impera en la esfera gubernamental- de un incremento en las tarifas públicas. Se entraría, así, en la lógica de "cobrar el agua hasta que duela", según la expresión atroz empleada hace poco más de dos años por el entonces secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alberto Cárdenas Jiménez, y que llevaba implícita una premisa clasista: a los núcleos prósperos de la sociedad no "les duele" un incremento en las tarifas de abasto de agua; la situación dolorosa es, obligadamente, para los sectores mayoritarios, los más depauperados, de la población.
La propuesta de la privatización parcial o total del agua es, a estas alturas, impresentable, si se considera los conflictos sociales, la corrupción, las distorsiones institucionales y los problemas mayúsculos a los consumidores causados en diversos países, desarrollados y pobres, a consecuencia de la colocación en manos privadas de las redes de saneamiento y distribución del líquido. En diversas ciudades de Estados Unidos, en Eslovaquia, en Bolivia y en muchos otros países, la experiencia ha sido desastrosa. Y es que cuando la sed de muchos se convierte en el negocio de unos cuantos, la catástrofe política y humana se hace inevitable.
Editorial de La Jornada 03-03-07
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