Quince personas vieron y asistieron a Ernestina en sus 12 últimas horas.
Testigos relatan una historia contraria a la versión de fallecimiento por causas naturales.
El cadáver de Ernestina Ascensio Rosario Foto: Cortesía de Proceso En el lapso de casi doce horas que transcurrieron entre las cinco de la tarde del domingo 25 de febrero, cuando la abuela nahua Ernestina Ascensio Rosario, de 73 años, fue encontrada malherida en un paraje de su pueblo, Tetlatzinga, y la madrugada del lunes 26, cuando expiró, al menos 15 personas la vieron y asistieron en su agonía.
Sus hijos Julio, Marta, Francisco, dos vecinos de la comunidad, Luis Aguilar y José Vázquez, la enfermera de la clínica rural de la comunidad de Acultzinapa, de nombre Luisa, un médico de Ciudad Mendoza y tres especialistas del hospital regional de Río Blanco, que la atendieron durante siete horas y media en terapia intensiva, la vieron moribunda y constataron su estado físico.
También son testigos el alcalde de Soledad Atzompa, Javier Pérez Pascuala, y el regidor, el comandante de la policía municipal y el juez que lo acompañaron. Y René Huerta, dirigente de Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica. Todos relatan una historia que no coincide con la hipótesis de muerte natural, por úlceras pépticas y anemia.
El acta de defunción firmada por el doctor Juan Pablo Mendizábal, la primera necropsia firmada por tres médicos legistas (folio 070276634), el dictamen del subprocurador estatal, Miguel Mina Rodríguez, y declaraciones del procurador estatal, Emetrio López, daban cuenta de la muerte violenta y la violación sexual de la anciana. Por ese motivo la Agencia Especializada en Delitos Sexuales y Contra la Familia en Orizaba y la Agencia del Ministerio Público con sede en Ciudad Mendoza, iniciaron las averiguaciones 140/07 y 471/07. Incluso la Procuraduría General de Justicia de Veracruz anunció que iniciaría una investigación contra cuatro militares del campamento asentado en Tetlatzinga, que contaba con 90 elementos. Este destacamento depende del 63 Batallón de Infantería, con sede en El Lencero.
Esta fue la hipótesis que prevaleció entre el 26 de febrero y el 13 de marzo, cuando el presidente Felipe Calderón, en entrevista con Elena Gallegos y Claudia Herrera, de La Jornada, dijo que la señora había muerto "por gastritis". A partir de entonces la versión oficial cambió de dirección y la Secretaría de la Defensa Nacional y el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, se lanzaron a secundar al mandatario con la hipótesis de muerte por enfermedad.
"Lo que la gente vio y sabe"
Pero "lo que nuestra gente vio y sabe no se puede borrar con declaraciones oficiales", sostiene Julio Atenco, funcionario del ayuntamiento de Soledad Atzompa y fundador de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (CROISZ).
Por eso, el alcalde y su cabildo, acompañado por las autoridades de las 36 comunidades del municipio, acudieron el jueves 29 a Xalapa a entregar al gobierno estatal un pronunciamiento en el que ofrecen "no hablar" en los próximos 15 días y esperar el resultado oficial de las investigaciones, a cargo del fiscal especial Juan Alatriste. Pero advierten: "Si no tenemos resultados y se continúa haciendo lo posible para garantizar impunidad a los militares, entonces nuestro pueblo iniciará una movilización social". Solicitan "a pesar de todo", audiencias con Calderón y el ombudsman. Su petición no ha merecido respuesta.
Los testimonios de la muerte de Ernestina, presentados ante el Ministerio Público y dos visitadores de la CNDH describen a la mujer tirada en una loma en las afueras del pueblo, a unos pasos de un campamento militar. "Tenía la falda levantada, se le veían sus piernitas", dijo Luis Aguilar. El y José Vázquez, indígenas nahuas, ayudaron a levantarla con todo cuidado para subirla a la camioneta en la que fue trasladada.
Además está el testimonio de su hija Marta, que declaró a los funcionarios de la procuraduría estatal y a los periodistas que su madre, antes de expirar, le dijo que había sido agredida por soldados. Funcionarios federales del más alto nivel pretenden hoy "desmentir" esa confesión de la madre a su hija, instantes antes de expirar.
Los 22 agentes municipales que acompañaron a Pérez Pascuala a dar testimonio de la muerte violenta de quien llaman "nuestra hermana mayor" respaldan la convicción del dirigente: "No dudamos de la palabra de la difunta Ernestina".
Se cuenta además con el testimonio de René Huerta, líder de la CROISZ, uno de los hombres que ayudó a bajar a doña Ernestina de la camioneta en el hospital de Río Blanco, en una cobija. "Sí sangraba. El médico de guardia la tapó con una bata. Escuché el testimonio de sus hijos. Ellos no mienten ni tienen motivo para hacerlo."
Los médicos legistas María Catalina Rodríguez, Pablo Mendizábal e Ignacio Gutiérrez, que dictaminaron muerte violenta por hemorragia causado por un desgarre interno, ahora se niegan a hacer cualquier declaración, incluso en defensa propia, acorralados por la fuerte campaña gubernamental. Han sido amenazados con una investigación penal para determinar si incurrieron en negligencia y "declaraciones falsas".
Otros testigos también empiezan a retractarse, como Marcos Rojas, ex subagente municipal de Tetlatzinga, que había declarado ante las autoridades que a la una de la tarde, dos horas antes del presunto ataque a Ernestina (se calcula que habría ocurrido entre las dos y tres de la tarde) había visto a dos soldados en el paraje donde ocurrieron los hechos. Agregó un detalle: los militares estaban comiendo naranjas. Los visitadores de la CNDH acudieron al lugar y constataron que había cáscaras de naranja.
Se ha insinuado que los hombres a los que vio Rojas eran "civiles disfrazados de militares o guerrilleros". Esto es "imposible", porque nadie en la sierra ha visto guerrilleros, asegura Julio Atenco. Y si los hubiera, "difícilmente estarían descansando y comiendo naranjas a unos pasos de un campamento militar".
Pero mientras en el Distrito Federal se teje, difunde y defiende la hipótesis por muerte natural, en Xalapa se habla -según fuentes del palacio de gobierno- de "una confrontación" entre el gobierno estatal y el federal, y en Zongolica se gesta una movilización que clama "por la verdad y la justicia".
"La familia de doña Ernestina le abrió sus puertas a la CNDH, accedió a la exhumación y la segunda necropsia. Sólo pidieron respeto a su dignidad, a su dolor y a su inteligencia. No es lo que ha hecho Soberanes. Hay que tener cuidado. Declaraciones irresponsables sobre un hecho tan delicado puede poner en riesgo la tranquilidad de toda la Zongolica", recomienda Huerta, líder de la CROISZ.
Antes de la muerte de Ernestina, explica Mauricio Xocua Méndez, dirigente de la Organización Campesina Indígena de la Sierra de Zongolica (OCISZ) "ya había un ambiente muy fuerte" de tensión entre el Ejército y las comunidades del municipio de Soledad Atzompa y sus vecindades, generada por el soterrado conflicto por la explotación forestal.
La incursión de soldados en los pueblos de la montaña "se da por temporadas, para inhibir que la gente busque otras opciones de organización", explica el líder, quien admite que los incidentes "son constantes, pero nadie habla de ellos".
La mayoría de los roces entre soldados y pobladores se produce porque los militares acostumbran tomar la leña que necesitan sin pedirla, mucho menos comprarla. Los indígenas no organizados, cuyas labores de explotación forestal es calificada como "tala ilegal", bajan la cabeza y se resignan. Pero, aclara Xocua, "la gente organizada en grupos productivos de uso sustentable de la madera no. Acuden al cuartel y denuncian estos robos. Eso disgusta a los militares".
El problema forestal en Zongolica se agudizó a raíz de una iniciativa del gobierno estatal de "prohibir la tala clandestina", sin tomar en cuenta los proyectos sustentables de las organizaciones. "Llegan sin presentar alternativas a para la gente que no tiene otra fuente de subsistencia. Esto genera inconformidad, se han tomado alcaldías y agencias municipales. De vez en cuando la autoridad confisca una motosierra, o la leña de la gente. Además se percibe la intención del gobierno de distorsionar los hechos, cuando habla de guerrillas, cuando hace décadas que no hay movimiento armado en la zona. Eso agrava la situación de ofensa en la comunidad".
Xocua asegura que Zongolica "está muy organizada". Predominan en la región la OCISZ y la CROISZ. Y considera que puede venir una respuesta en solidaridad con la demanda de justicia de Soledad Atzompa de los 14 municipios de la sierra, "siempre y cuando así lo solicite la comunidad".
BLANCHE PETRICH
Tomado de La Jornada 02-04-07
Testigos relatan una historia contraria a la versión de fallecimiento por causas naturales.
El cadáver de Ernestina Ascensio Rosario Foto: Cortesía de Proceso En el lapso de casi doce horas que transcurrieron entre las cinco de la tarde del domingo 25 de febrero, cuando la abuela nahua Ernestina Ascensio Rosario, de 73 años, fue encontrada malherida en un paraje de su pueblo, Tetlatzinga, y la madrugada del lunes 26, cuando expiró, al menos 15 personas la vieron y asistieron en su agonía.
Sus hijos Julio, Marta, Francisco, dos vecinos de la comunidad, Luis Aguilar y José Vázquez, la enfermera de la clínica rural de la comunidad de Acultzinapa, de nombre Luisa, un médico de Ciudad Mendoza y tres especialistas del hospital regional de Río Blanco, que la atendieron durante siete horas y media en terapia intensiva, la vieron moribunda y constataron su estado físico.
También son testigos el alcalde de Soledad Atzompa, Javier Pérez Pascuala, y el regidor, el comandante de la policía municipal y el juez que lo acompañaron. Y René Huerta, dirigente de Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica. Todos relatan una historia que no coincide con la hipótesis de muerte natural, por úlceras pépticas y anemia.
El acta de defunción firmada por el doctor Juan Pablo Mendizábal, la primera necropsia firmada por tres médicos legistas (folio 070276634), el dictamen del subprocurador estatal, Miguel Mina Rodríguez, y declaraciones del procurador estatal, Emetrio López, daban cuenta de la muerte violenta y la violación sexual de la anciana. Por ese motivo la Agencia Especializada en Delitos Sexuales y Contra la Familia en Orizaba y la Agencia del Ministerio Público con sede en Ciudad Mendoza, iniciaron las averiguaciones 140/07 y 471/07. Incluso la Procuraduría General de Justicia de Veracruz anunció que iniciaría una investigación contra cuatro militares del campamento asentado en Tetlatzinga, que contaba con 90 elementos. Este destacamento depende del 63 Batallón de Infantería, con sede en El Lencero.
Esta fue la hipótesis que prevaleció entre el 26 de febrero y el 13 de marzo, cuando el presidente Felipe Calderón, en entrevista con Elena Gallegos y Claudia Herrera, de La Jornada, dijo que la señora había muerto "por gastritis". A partir de entonces la versión oficial cambió de dirección y la Secretaría de la Defensa Nacional y el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, se lanzaron a secundar al mandatario con la hipótesis de muerte por enfermedad.
"Lo que la gente vio y sabe"
Pero "lo que nuestra gente vio y sabe no se puede borrar con declaraciones oficiales", sostiene Julio Atenco, funcionario del ayuntamiento de Soledad Atzompa y fundador de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (CROISZ).
Por eso, el alcalde y su cabildo, acompañado por las autoridades de las 36 comunidades del municipio, acudieron el jueves 29 a Xalapa a entregar al gobierno estatal un pronunciamiento en el que ofrecen "no hablar" en los próximos 15 días y esperar el resultado oficial de las investigaciones, a cargo del fiscal especial Juan Alatriste. Pero advierten: "Si no tenemos resultados y se continúa haciendo lo posible para garantizar impunidad a los militares, entonces nuestro pueblo iniciará una movilización social". Solicitan "a pesar de todo", audiencias con Calderón y el ombudsman. Su petición no ha merecido respuesta.
Los testimonios de la muerte de Ernestina, presentados ante el Ministerio Público y dos visitadores de la CNDH describen a la mujer tirada en una loma en las afueras del pueblo, a unos pasos de un campamento militar. "Tenía la falda levantada, se le veían sus piernitas", dijo Luis Aguilar. El y José Vázquez, indígenas nahuas, ayudaron a levantarla con todo cuidado para subirla a la camioneta en la que fue trasladada.
Además está el testimonio de su hija Marta, que declaró a los funcionarios de la procuraduría estatal y a los periodistas que su madre, antes de expirar, le dijo que había sido agredida por soldados. Funcionarios federales del más alto nivel pretenden hoy "desmentir" esa confesión de la madre a su hija, instantes antes de expirar.
Los 22 agentes municipales que acompañaron a Pérez Pascuala a dar testimonio de la muerte violenta de quien llaman "nuestra hermana mayor" respaldan la convicción del dirigente: "No dudamos de la palabra de la difunta Ernestina".
Se cuenta además con el testimonio de René Huerta, líder de la CROISZ, uno de los hombres que ayudó a bajar a doña Ernestina de la camioneta en el hospital de Río Blanco, en una cobija. "Sí sangraba. El médico de guardia la tapó con una bata. Escuché el testimonio de sus hijos. Ellos no mienten ni tienen motivo para hacerlo."
Los médicos legistas María Catalina Rodríguez, Pablo Mendizábal e Ignacio Gutiérrez, que dictaminaron muerte violenta por hemorragia causado por un desgarre interno, ahora se niegan a hacer cualquier declaración, incluso en defensa propia, acorralados por la fuerte campaña gubernamental. Han sido amenazados con una investigación penal para determinar si incurrieron en negligencia y "declaraciones falsas".
Otros testigos también empiezan a retractarse, como Marcos Rojas, ex subagente municipal de Tetlatzinga, que había declarado ante las autoridades que a la una de la tarde, dos horas antes del presunto ataque a Ernestina (se calcula que habría ocurrido entre las dos y tres de la tarde) había visto a dos soldados en el paraje donde ocurrieron los hechos. Agregó un detalle: los militares estaban comiendo naranjas. Los visitadores de la CNDH acudieron al lugar y constataron que había cáscaras de naranja.
Se ha insinuado que los hombres a los que vio Rojas eran "civiles disfrazados de militares o guerrilleros". Esto es "imposible", porque nadie en la sierra ha visto guerrilleros, asegura Julio Atenco. Y si los hubiera, "difícilmente estarían descansando y comiendo naranjas a unos pasos de un campamento militar".
Pero mientras en el Distrito Federal se teje, difunde y defiende la hipótesis por muerte natural, en Xalapa se habla -según fuentes del palacio de gobierno- de "una confrontación" entre el gobierno estatal y el federal, y en Zongolica se gesta una movilización que clama "por la verdad y la justicia".
"La familia de doña Ernestina le abrió sus puertas a la CNDH, accedió a la exhumación y la segunda necropsia. Sólo pidieron respeto a su dignidad, a su dolor y a su inteligencia. No es lo que ha hecho Soberanes. Hay que tener cuidado. Declaraciones irresponsables sobre un hecho tan delicado puede poner en riesgo la tranquilidad de toda la Zongolica", recomienda Huerta, líder de la CROISZ.
Antes de la muerte de Ernestina, explica Mauricio Xocua Méndez, dirigente de la Organización Campesina Indígena de la Sierra de Zongolica (OCISZ) "ya había un ambiente muy fuerte" de tensión entre el Ejército y las comunidades del municipio de Soledad Atzompa y sus vecindades, generada por el soterrado conflicto por la explotación forestal.
La incursión de soldados en los pueblos de la montaña "se da por temporadas, para inhibir que la gente busque otras opciones de organización", explica el líder, quien admite que los incidentes "son constantes, pero nadie habla de ellos".
La mayoría de los roces entre soldados y pobladores se produce porque los militares acostumbran tomar la leña que necesitan sin pedirla, mucho menos comprarla. Los indígenas no organizados, cuyas labores de explotación forestal es calificada como "tala ilegal", bajan la cabeza y se resignan. Pero, aclara Xocua, "la gente organizada en grupos productivos de uso sustentable de la madera no. Acuden al cuartel y denuncian estos robos. Eso disgusta a los militares".
El problema forestal en Zongolica se agudizó a raíz de una iniciativa del gobierno estatal de "prohibir la tala clandestina", sin tomar en cuenta los proyectos sustentables de las organizaciones. "Llegan sin presentar alternativas a para la gente que no tiene otra fuente de subsistencia. Esto genera inconformidad, se han tomado alcaldías y agencias municipales. De vez en cuando la autoridad confisca una motosierra, o la leña de la gente. Además se percibe la intención del gobierno de distorsionar los hechos, cuando habla de guerrillas, cuando hace décadas que no hay movimiento armado en la zona. Eso agrava la situación de ofensa en la comunidad".
Xocua asegura que Zongolica "está muy organizada". Predominan en la región la OCISZ y la CROISZ. Y considera que puede venir una respuesta en solidaridad con la demanda de justicia de Soledad Atzompa de los 14 municipios de la sierra, "siempre y cuando así lo solicite la comunidad".
BLANCHE PETRICH
Tomado de La Jornada 02-04-07
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