A casi tres años de la brutal represión que vivimos en Guadalajara, Jalisco, durante las actividades alternas contra la Tercera Cumbre de la ALCUE, el 28 de mayo del 2004, hemos visto que hoy nuevamente, la mano dura, es decir, la represión se ha fortalecido en cada nuevo episodio en donde se hacen públicas las demandas sociales de las y los jóvenes, maestros, maestras, trabajadores, trabajadoras y así es como la historia de México está escrita bajo la sombra de la represión, de los asesinatos, persecuciones, desapariciones y encarcelamientos políticos.
A pesar de que México es uno de los países que más acuerdos y protocolos tiene firmados a nivel internacional, para respetar y hacer valer los derechos humanos, para castigar la tortura y para combatir la impunidad, la realidad nos enseña que en este último sexenio presidencial, nuestro país ocupa uno de los primeros lugares donde se violan sistemáticamente los derechos humanos.
Vemos que existe un ambiente propicio que tolera y avala la tortura en Jalisco, y ahora como hemos visto en San Salvador Atenco y Oaxaca, se cuenta con la complicidad de los funcionarios públicos de todos los niveles, municipal, estatal y federal, los medios de comunicación oficiales, así como grupos empresariales, la jerarquía eclesiástica católica, los jueces, los ministerios públicos y jefes policíacos, tanto municipal, estatal y la PFP (Policía Federal Preventiva), esta última es una policía militar. Todos ellos son los actores involucrados directamente en los actos de tortura, con responsabilidad intelectual y material.
A pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó en su Informe Especial para el caso Guadalajara, 73 detenciones ilegales, 55 tratos crueles y degradantes, 73 incomunicaciones y 19 casos de tortura, estos datos no reflejan la realidad de lo que vivimos quienes podemos dar cuenta de ello. Todas las instituciones de justicia gubernamentales, no solo hicieron caso omiso, sino que se dedicaron a desprestigiar públicamente a este organismo, pese también a la información dada por Amnistía Internacional, Human Rights Watch y a la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y Anders Kompas, quien en ese entonces fuera el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la oficina de México.
Sabemos que a la falta de voluntad política se suma la dificultad de probar y castigar jurídicamente la tortura, pues la sofisticación de los métodos de incomunicación con familiares, abogados de confianza y la CND, se suma la complicidad de los actores superiores, para evitar la investigación. Reconocemos como responsables materiales a la Dirección General de Seguridad Pública de Guadalajara; la Dirección General de Seguridad Pública del estado y de la Procuraduría General de Justicia del estado de Jalisco.
También señalamos que todos los procesos jurídicos han estado llenos de irregularidades legales, implicados en ello los ministerios públicos, los jueces, como los principales pilares en solapar la tortura y la impunidad.
Es por todo ello que nosotr@s, parte de los procesados, amenazados, hostigados, reprimidos y torturados, en este momento interponemos una demanda por tortura directamente a Francisco Ramírez Acuña, quien fuera en esos momentos el gobernador del estado de Jalisco y ahora es el Secretario de Gobernación, en esta administración pública del presidente Felipe Calderón Hinojosa.
Específicamente denunciamos que en la impunidad de estos hechos del 28 de mayo del 2004, el principal responsable de estas acciones es Francisco Ramírez Acuña, porque no solo propició y operó estas acciones de represión y brutalidad policíaca, sino que además, pocos días después, cuando todavía estábamos detenidos de manera arbitraria, premió económicamente y les dio un reconocimiento público a los policías municipales y estatales, por su labor en estos hechos.
Nos queda claro que su trayectoria ha sido premiada con la designación del exgobernador de Jalisco como Secretario de Gobernación, reconociéndolo como el operador de la represión y la tortura, en estos actos del 28 de mayo del 2004, teniendo ahora en sus manos la justicia para los casos de Guadalajara, Atenco y Oaxaca.
Responsabilizamos al presidente de México Felipe Calderón Hinojosa, al Secretario de Gobernación Francisco Ramírez Acuña, de la integridad personal, física, psicológica y emocional de tod@s l@s procesad@s y víctimas de la represión y la tortura, así como de los abogados, las organizaciones de derechos humanos, civiles y personas que nos han venido acompañando para este proceso en la lucha por la justicia y por el respeto a nuestros derechos humanos.
DETENID@S Y PROCESAD@S POR LOS ACTOS REPRESIVOS DEL 28 DE MAYO DEL 2004, EN GUADALAJARA, JALISCO, EN EL MARCO DE LA TERCERA CUMBRE DE LA ALCUE
A pesar de que México es uno de los países que más acuerdos y protocolos tiene firmados a nivel internacional, para respetar y hacer valer los derechos humanos, para castigar la tortura y para combatir la impunidad, la realidad nos enseña que en este último sexenio presidencial, nuestro país ocupa uno de los primeros lugares donde se violan sistemáticamente los derechos humanos.
Vemos que existe un ambiente propicio que tolera y avala la tortura en Jalisco, y ahora como hemos visto en San Salvador Atenco y Oaxaca, se cuenta con la complicidad de los funcionarios públicos de todos los niveles, municipal, estatal y federal, los medios de comunicación oficiales, así como grupos empresariales, la jerarquía eclesiástica católica, los jueces, los ministerios públicos y jefes policíacos, tanto municipal, estatal y la PFP (Policía Federal Preventiva), esta última es una policía militar. Todos ellos son los actores involucrados directamente en los actos de tortura, con responsabilidad intelectual y material.
A pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó en su Informe Especial para el caso Guadalajara, 73 detenciones ilegales, 55 tratos crueles y degradantes, 73 incomunicaciones y 19 casos de tortura, estos datos no reflejan la realidad de lo que vivimos quienes podemos dar cuenta de ello. Todas las instituciones de justicia gubernamentales, no solo hicieron caso omiso, sino que se dedicaron a desprestigiar públicamente a este organismo, pese también a la información dada por Amnistía Internacional, Human Rights Watch y a la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y Anders Kompas, quien en ese entonces fuera el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la oficina de México.
Sabemos que a la falta de voluntad política se suma la dificultad de probar y castigar jurídicamente la tortura, pues la sofisticación de los métodos de incomunicación con familiares, abogados de confianza y la CND, se suma la complicidad de los actores superiores, para evitar la investigación. Reconocemos como responsables materiales a la Dirección General de Seguridad Pública de Guadalajara; la Dirección General de Seguridad Pública del estado y de la Procuraduría General de Justicia del estado de Jalisco.
También señalamos que todos los procesos jurídicos han estado llenos de irregularidades legales, implicados en ello los ministerios públicos, los jueces, como los principales pilares en solapar la tortura y la impunidad.
Es por todo ello que nosotr@s, parte de los procesados, amenazados, hostigados, reprimidos y torturados, en este momento interponemos una demanda por tortura directamente a Francisco Ramírez Acuña, quien fuera en esos momentos el gobernador del estado de Jalisco y ahora es el Secretario de Gobernación, en esta administración pública del presidente Felipe Calderón Hinojosa.
Específicamente denunciamos que en la impunidad de estos hechos del 28 de mayo del 2004, el principal responsable de estas acciones es Francisco Ramírez Acuña, porque no solo propició y operó estas acciones de represión y brutalidad policíaca, sino que además, pocos días después, cuando todavía estábamos detenidos de manera arbitraria, premió económicamente y les dio un reconocimiento público a los policías municipales y estatales, por su labor en estos hechos.
Nos queda claro que su trayectoria ha sido premiada con la designación del exgobernador de Jalisco como Secretario de Gobernación, reconociéndolo como el operador de la represión y la tortura, en estos actos del 28 de mayo del 2004, teniendo ahora en sus manos la justicia para los casos de Guadalajara, Atenco y Oaxaca.
Responsabilizamos al presidente de México Felipe Calderón Hinojosa, al Secretario de Gobernación Francisco Ramírez Acuña, de la integridad personal, física, psicológica y emocional de tod@s l@s procesad@s y víctimas de la represión y la tortura, así como de los abogados, las organizaciones de derechos humanos, civiles y personas que nos han venido acompañando para este proceso en la lucha por la justicia y por el respeto a nuestros derechos humanos.
DETENID@S Y PROCESAD@S POR LOS ACTOS REPRESIVOS DEL 28 DE MAYO DEL 2004, EN GUADALAJARA, JALISCO, EN EL MARCO DE LA TERCERA CUMBRE DE LA ALCUE
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