Tuxtla Gutiérrez, Chis., 21 de de agosto (apro).- En distintos comunicados, organizaciones civiles y simpatizantes del EZLN, condenaron el desalojo de comunidades asentadas en la reserva de la biosfera de Montes Azules, exigieron la liberación de los detenidos e hicieron un llamado al gobierno estatal para poner fin al hostigamiento en la zona.
Adherentes a La Otra Campaña en la región de Candelaria, así como la Asociación Rural de Interés Colectivo-Independiente (ARIC-I), denunciaron que el gobierno estatal y federal “embistieron” a los habitantes de esas comunidades porque éstos condenaron la violencia y el desalojo de los indígenas.
Por su parte, la Asociación Rural de Interés Colectivo-Independiente-Unión de Uniones-Independiente y Democrática (ARIC-UU-ID), hizo publica su preocupación por el estado de tensión, incertidumbre e inseguridad que priva en la zona, luego del operativo policíaco instrumentado para desalojar los poblados San Manuel y El Buen Samaritano.
En un comunicado, dijo que “respetamos el proceso de negociación que mantenemos en la mesa de negociación agraria-ambiental, y pedimos respeto hacia nuestra organización y a las comunidades que representamos para la resolución de la regularización de los poblados: San Antonio Miramar, Nuevo San Gregorio, Ranchería Corozal, Salvador Allende y Guadalupe Tepeyac”.
Explicó que actúan en el marco de la defensa del derecho a la tierra y al territorio de los pueblos indígenas y con base en los artículos 13-19 del Convenio 169 de la OIT, ratificados por México en 1991.
A su vez, la ARIC-I y los adherentes a La Otra Campaña reclamaron la liberación de campesinos presos luego del desalojo, entre ellos Mario López Gómez, Feliciano López Hernández, Juan López Gómez, Tomás López Gómez, Daniel Gordillo Trejo y Jesús Gordillo Trejo. Todos se encuentran en los separos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de la capital chiapaneca.
Isaín Mandujano. Tomado de la Revista Proceso
http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=2&nta=53279&nsec=Estados
Adherentes a La Otra Campaña en la región de Candelaria, así como la Asociación Rural de Interés Colectivo-Independiente (ARIC-I), denunciaron que el gobierno estatal y federal “embistieron” a los habitantes de esas comunidades porque éstos condenaron la violencia y el desalojo de los indígenas.
Por su parte, la Asociación Rural de Interés Colectivo-Independiente-Unión de Uniones-Independiente y Democrática (ARIC-UU-ID), hizo publica su preocupación por el estado de tensión, incertidumbre e inseguridad que priva en la zona, luego del operativo policíaco instrumentado para desalojar los poblados San Manuel y El Buen Samaritano.
En un comunicado, dijo que “respetamos el proceso de negociación que mantenemos en la mesa de negociación agraria-ambiental, y pedimos respeto hacia nuestra organización y a las comunidades que representamos para la resolución de la regularización de los poblados: San Antonio Miramar, Nuevo San Gregorio, Ranchería Corozal, Salvador Allende y Guadalupe Tepeyac”.
Explicó que actúan en el marco de la defensa del derecho a la tierra y al territorio de los pueblos indígenas y con base en los artículos 13-19 del Convenio 169 de la OIT, ratificados por México en 1991.
A su vez, la ARIC-I y los adherentes a La Otra Campaña reclamaron la liberación de campesinos presos luego del desalojo, entre ellos Mario López Gómez, Feliciano López Hernández, Juan López Gómez, Tomás López Gómez, Daniel Gordillo Trejo y Jesús Gordillo Trejo. Todos se encuentran en los separos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de la capital chiapaneca.
Isaín Mandujano. Tomado de la Revista Proceso
http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=2&nta=53279&nsec=Estados
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