Después de la asamblea del 12 de agosto convocada por común acuerdo, entre el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop) y los miembros del comisariado de bienes comunales de Cacahuatepec en la comunidad de Agua Caliente, quedaron evidenciadas todas las mentiras y triquiñuelas promovidas de manera irresponsable por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y las autoridades del estado, encabezadas por el gobernador Zeferino Torreblanca.
Depositaron su confianza y su dinero en operadores políticos que sólo saben acarrear y manipular a los campesinos. Creyeron que sacando la asamblea de Cacahuatepec, donde se encuentra el bastión más grande de los opositores, iban a inhibir su participación y a favorecer el desplazamiento mayor de campesinos provenientes de otros núcleos agrarios, que son clientelas seguras de líderes corruptos.
Las autoridades dieron su aval al diálogo propuesto por el Cecop y apoyaron a regañadientes el nuevo giro que se le dio a la asamblea, de garantizar el derecho a la información y la consulta a los campesinos, porque calcularon en todo momento que su poder de cooptación y compra hacia la población campesina estaba asegurado y cubriría con creces sus expectativas de triunfo.
El interés de las autoridades no se centró en garantizar los derechos reclamados por los mismos campesinos, sino en la implementación de una estrategia que asegurara la aprobación del proyecto hidroeléctrico.
No es gratuita la descalificación a priori que hicieron las autoridades del estado sobre el informe que presentó Amnistía Internacional denominado: México, derechos humanos en peligro: proyecto presa La Parota. También se incomodaron por la visita que hizo Irene Khan, su secretaria general, a familias de campesinos que corren el riesgo de ser afectadas por la hidroeléctrica. La postura de la prestigiada defensora de los derechos humanos fue clara y sin medias tintas: el gobierno mexicano, la CFE y las autoridades federales, estatales y locales deben garantizar a los campesinos una participación genuina en la toma de decisiones que afecten al ejercicio de sus derechos humanos, deben de reducir el clima de tensión y violencia en la región y deben acatar las órdenes del Tribunal Unitario Agrario.
Queda claro que no hay interés de las autoridades por atender las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos, por el contrario se distorsiona el sentido profundo de su trabajo y de su visita. Es sintomático que también el gobernador de Oaxaca haya descalificado el informe que Amnistía Internacional presentó sobre las graves violaciones a los derechos humanos de los luchadores sociales, al grado que afirmó que su informe había sido elaborado por la APPO.
La visión racista que campea en el ámbito gubernamental, de que el campesinado es gente ingenua, dócil y de bajo raciocinio es la que explica las actitudes autoritarias de los funcionarios públicos y que son parte fundamental en el comportamiento de la gente de la CFE. Por eso entraron a los territorios de los campesinos sin brindarles información, mucho menos para pedirles permiso. Nunca les ha interesado realizar un trabajo serio y comprometido con los pueblos, más bien, le han apostado a lo más fácil; cooptar líderes, granjearse la voluntad de los campesinos con la construcción de obras, comprar conciencias, descalificar a los opositores; tratarlos como minorías insignificantes y como macheteros rijosos, y al mismo tiempo, perseguirlos y encarcelarlos.
Para no quedarse sin armas ni recursos jurídicos, ante el triunfo contundente del Cecop, logrado limpiamente en el Tribunal Unitario Agrario (que anuló las asambleas espurias de San Marcos, Dos Arroyos y la Palma), la CFE y el gobierno del estado, intentaron dar el madruguete al solicitar la reposición de la asamblea de Cacahuatepec, en la comunidad de San Juan en primera convocatoria, y en El Bejuco para la segunda convocatoria, calculando que los opositores no llegarían o estarían en franca minoría.
Las autoridades nunca imaginaron que los opositores iban a ser capaces de tomar el mando y la iniciativa (en el mismo territorio del presidente del comisariado) para desplazar a los funcionarios y emplazar a los miembros del comisariado al diálogo, con el fin de diseñar una forma diferente de planear el trabajo colectivo, privilegiando los intereses y las opiniones de los campesinos.
En este ejercicio democrático quedó demostrada la vocación pacifista de los campesinos, su respeto a la diversidad de opiniones y su plena disposición para llegar a un entendimiento. No hubo avasallamientos, por el contrario, hubo receptividad y capacidad de escucha, se supo ceder en razón de los intereses más altos de los comuneros, y los mismos del Cecop, que plantearon desde un principio que la asamblea se realizara en Cacahuatepec, supieron atender la propuesta del comisariado y acordaron realizarla en Agua Caliente.
En todo este tiempo abundaron las opiniones de las autoridades estatales, representantes de partidos políticos, organizaciones sociales, presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, autoridades eclesiásticas, académicos, etc., todos y todas en la misma línea de que son los campesinos los que tienen el pleno derecho de decidir sobre la construcción o no de la presa hidroeléctrica La Parota. Hubo un reconocimiento y un apoyo expreso a esta capacidad mostrada de los campesinos simpatizantes y opositores para realizar una asamblea por usos y costumbres, que fuera garante de la participación de todos los habitantes.
Todo iba bien hasta que se realizó la asamblea esperada por todos, donde el veredicto de los campesinos fue inapelable: ¡No a la Parota! Más de tres mil comuneros se expresaron de manera libre, pública, pacífica, legal y unánime por la negativa.
¿Qué pasó entonces con los campesinos que supuestamente simpatizaban con el proyecto hidroeléctrico? Exactamente no sabemos qué se cruzó por sus mentes, simplemente vivieron la experiencia de un diálogo público y directo. Sopesaron el momento y constataron que estaban sin el respaldo de sus líderes que los obligaron a ir, sin saber lo que tenían que hacer o decir. Se tornaron invisibles ante la firme posición de los opositores, cambiaron de opinión, y al final se adhirieron al sentir de los que con ahínco defendían sus tierras. Constataron la postura inflexible y poco convincente del señor Eugenio Laris, quien siempre intentó sobreponerse a su visible nerviosismo. Nunca pudo allanar el camino para entablar una comunicación abierta, sencilla y respetuosa, más bien, se enganchó con los reclamos de los opositores y perdió la oportunidad para demostrar con claridad y contundencia las bondades del proyecto hidroeléctrico para las comunidades campesinas.
En estos momentos de prueba es como la gente se siente obligada a definirse y a tomar decisiones trascendentes: a partir de lo que es más significativo para sus vidas, lo que les garantiza su futuro y lo que les da certidumbre para seguir siendo campesinos. Pesa mucho la visión pragmática de la gente del campo, su lógica comunitaria, su ethos, sus valores y su cosmovisión.
En esta perspectiva, qué relación o significado puede tener para la vida concreta de los campesinos, la construcción de una presa, para que supuestamente haya agua en Acapulco, mientras en su casa y en su comunidad no tienen. De qué les sirve que se genere más energía eléctrica, si en sus casas no podrán disfrutar de un buen servicio, porque no tienen dinero suficiente para pagar tarifas altas.
Antes y después de ésta y las otras asambleas, las autoridades han hablado de la población campesina que apoya el proyecto, sin embargo, en todo este proceso de lucha, los simpatizantes no aparecen como un movimiento con presencia y voz propias. Más bien son suplantados por transportistas de la CTM, por algunos líderes estatales del PRD, por el gobernador, el secretario de gobierno, los empresarios, la CFE, los investigadores contratados por la CFE y otros más. Lo paradójico es que quienes han enarbolado la causa de los campesinos simpatizantes, no son ellos, sino la alta burocracia gubernamental y empresarial que vive del erario público. La obsesión por querer imponer este proyecto los ha llevado a erigirse en jueces y a suplantar a las autoridades competentes, mostrando una visión obcecada y abyecta sobre el conflicto de La Parota, que debe ser tratado desde el sentir profundo de los pueblos y desde la perspectiva de los derechos humanos.
Por más vueltas que se le de al caso de La Parota, las autoridades no dejan que los campesinos decidan, sean opositores o simpatizantes.
20 de agosto de 2007
Tomado de Tlachinollan. Centro de Derechos Humanos de la Montaña
http://www.tlachinollan.org/notart/notart070820.htm
Depositaron su confianza y su dinero en operadores políticos que sólo saben acarrear y manipular a los campesinos. Creyeron que sacando la asamblea de Cacahuatepec, donde se encuentra el bastión más grande de los opositores, iban a inhibir su participación y a favorecer el desplazamiento mayor de campesinos provenientes de otros núcleos agrarios, que son clientelas seguras de líderes corruptos.
Las autoridades dieron su aval al diálogo propuesto por el Cecop y apoyaron a regañadientes el nuevo giro que se le dio a la asamblea, de garantizar el derecho a la información y la consulta a los campesinos, porque calcularon en todo momento que su poder de cooptación y compra hacia la población campesina estaba asegurado y cubriría con creces sus expectativas de triunfo.
El interés de las autoridades no se centró en garantizar los derechos reclamados por los mismos campesinos, sino en la implementación de una estrategia que asegurara la aprobación del proyecto hidroeléctrico.
No es gratuita la descalificación a priori que hicieron las autoridades del estado sobre el informe que presentó Amnistía Internacional denominado: México, derechos humanos en peligro: proyecto presa La Parota. También se incomodaron por la visita que hizo Irene Khan, su secretaria general, a familias de campesinos que corren el riesgo de ser afectadas por la hidroeléctrica. La postura de la prestigiada defensora de los derechos humanos fue clara y sin medias tintas: el gobierno mexicano, la CFE y las autoridades federales, estatales y locales deben garantizar a los campesinos una participación genuina en la toma de decisiones que afecten al ejercicio de sus derechos humanos, deben de reducir el clima de tensión y violencia en la región y deben acatar las órdenes del Tribunal Unitario Agrario.
Queda claro que no hay interés de las autoridades por atender las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos, por el contrario se distorsiona el sentido profundo de su trabajo y de su visita. Es sintomático que también el gobernador de Oaxaca haya descalificado el informe que Amnistía Internacional presentó sobre las graves violaciones a los derechos humanos de los luchadores sociales, al grado que afirmó que su informe había sido elaborado por la APPO.
La visión racista que campea en el ámbito gubernamental, de que el campesinado es gente ingenua, dócil y de bajo raciocinio es la que explica las actitudes autoritarias de los funcionarios públicos y que son parte fundamental en el comportamiento de la gente de la CFE. Por eso entraron a los territorios de los campesinos sin brindarles información, mucho menos para pedirles permiso. Nunca les ha interesado realizar un trabajo serio y comprometido con los pueblos, más bien, le han apostado a lo más fácil; cooptar líderes, granjearse la voluntad de los campesinos con la construcción de obras, comprar conciencias, descalificar a los opositores; tratarlos como minorías insignificantes y como macheteros rijosos, y al mismo tiempo, perseguirlos y encarcelarlos.
Para no quedarse sin armas ni recursos jurídicos, ante el triunfo contundente del Cecop, logrado limpiamente en el Tribunal Unitario Agrario (que anuló las asambleas espurias de San Marcos, Dos Arroyos y la Palma), la CFE y el gobierno del estado, intentaron dar el madruguete al solicitar la reposición de la asamblea de Cacahuatepec, en la comunidad de San Juan en primera convocatoria, y en El Bejuco para la segunda convocatoria, calculando que los opositores no llegarían o estarían en franca minoría.
Las autoridades nunca imaginaron que los opositores iban a ser capaces de tomar el mando y la iniciativa (en el mismo territorio del presidente del comisariado) para desplazar a los funcionarios y emplazar a los miembros del comisariado al diálogo, con el fin de diseñar una forma diferente de planear el trabajo colectivo, privilegiando los intereses y las opiniones de los campesinos.
En este ejercicio democrático quedó demostrada la vocación pacifista de los campesinos, su respeto a la diversidad de opiniones y su plena disposición para llegar a un entendimiento. No hubo avasallamientos, por el contrario, hubo receptividad y capacidad de escucha, se supo ceder en razón de los intereses más altos de los comuneros, y los mismos del Cecop, que plantearon desde un principio que la asamblea se realizara en Cacahuatepec, supieron atender la propuesta del comisariado y acordaron realizarla en Agua Caliente.
En todo este tiempo abundaron las opiniones de las autoridades estatales, representantes de partidos políticos, organizaciones sociales, presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, autoridades eclesiásticas, académicos, etc., todos y todas en la misma línea de que son los campesinos los que tienen el pleno derecho de decidir sobre la construcción o no de la presa hidroeléctrica La Parota. Hubo un reconocimiento y un apoyo expreso a esta capacidad mostrada de los campesinos simpatizantes y opositores para realizar una asamblea por usos y costumbres, que fuera garante de la participación de todos los habitantes.
Todo iba bien hasta que se realizó la asamblea esperada por todos, donde el veredicto de los campesinos fue inapelable: ¡No a la Parota! Más de tres mil comuneros se expresaron de manera libre, pública, pacífica, legal y unánime por la negativa.
¿Qué pasó entonces con los campesinos que supuestamente simpatizaban con el proyecto hidroeléctrico? Exactamente no sabemos qué se cruzó por sus mentes, simplemente vivieron la experiencia de un diálogo público y directo. Sopesaron el momento y constataron que estaban sin el respaldo de sus líderes que los obligaron a ir, sin saber lo que tenían que hacer o decir. Se tornaron invisibles ante la firme posición de los opositores, cambiaron de opinión, y al final se adhirieron al sentir de los que con ahínco defendían sus tierras. Constataron la postura inflexible y poco convincente del señor Eugenio Laris, quien siempre intentó sobreponerse a su visible nerviosismo. Nunca pudo allanar el camino para entablar una comunicación abierta, sencilla y respetuosa, más bien, se enganchó con los reclamos de los opositores y perdió la oportunidad para demostrar con claridad y contundencia las bondades del proyecto hidroeléctrico para las comunidades campesinas.
En estos momentos de prueba es como la gente se siente obligada a definirse y a tomar decisiones trascendentes: a partir de lo que es más significativo para sus vidas, lo que les garantiza su futuro y lo que les da certidumbre para seguir siendo campesinos. Pesa mucho la visión pragmática de la gente del campo, su lógica comunitaria, su ethos, sus valores y su cosmovisión.
En esta perspectiva, qué relación o significado puede tener para la vida concreta de los campesinos, la construcción de una presa, para que supuestamente haya agua en Acapulco, mientras en su casa y en su comunidad no tienen. De qué les sirve que se genere más energía eléctrica, si en sus casas no podrán disfrutar de un buen servicio, porque no tienen dinero suficiente para pagar tarifas altas.
Antes y después de ésta y las otras asambleas, las autoridades han hablado de la población campesina que apoya el proyecto, sin embargo, en todo este proceso de lucha, los simpatizantes no aparecen como un movimiento con presencia y voz propias. Más bien son suplantados por transportistas de la CTM, por algunos líderes estatales del PRD, por el gobernador, el secretario de gobierno, los empresarios, la CFE, los investigadores contratados por la CFE y otros más. Lo paradójico es que quienes han enarbolado la causa de los campesinos simpatizantes, no son ellos, sino la alta burocracia gubernamental y empresarial que vive del erario público. La obsesión por querer imponer este proyecto los ha llevado a erigirse en jueces y a suplantar a las autoridades competentes, mostrando una visión obcecada y abyecta sobre el conflicto de La Parota, que debe ser tratado desde el sentir profundo de los pueblos y desde la perspectiva de los derechos humanos.
Por más vueltas que se le de al caso de La Parota, las autoridades no dejan que los campesinos decidan, sean opositores o simpatizantes.
20 de agosto de 2007
Tomado de Tlachinollan. Centro de Derechos Humanos de la Montaña
http://www.tlachinollan.org/notart/notart070820.htm
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