Con el telón de fondo de la visita de una delegación de Amnistía Internacional (AI) a Oaxaca, y en vísperas de las elecciones de diputados al Congreso local, a celebrarse el próximo domingo, la madrugada de ayer se produjo una explosión en una tienda departamental al sur de la capital oaxaqueña y horas más tarde fue hallado en una sucursal bancaria de la misma zona un artefacto similar al que causó la detonación. Los sucesos fueron condenados por el titular de la Secretaría de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, quien los calificó como "hechos criminales". Por su parte, el procurador general de Justicia de Oaxaca, Evencio Nicolás Martínez, aseguró que la fabricación "casera" de los artefactos sugería que habían sido elaborados por "grupos locales" y desestimó la posibilidad de que los hechos fueran autoría del Ejército Popular Revolucionario (EPR). Sin embargo, horas más tarde, la explosión fue reivindicada por esa organización guerrillera, mediante un comunicado.
El empleo de la violencia como forma de manifestación de los descontentos políticos es reprobable y alarmante, pero no sorprendente: estos estallidos se dan en un contexto nacional en el que la legalidad y el estado de derecho han sido vulnerados y quebrantados por el propio poder público. En ese sentido, el informe Oaxaca: clamor por la justicia, presentado por AI, da cuenta de innumerables atropellos a las garantías individuales perpetrados por la fuerzas policiales de la entidad, entre los que se cuentan "el uso de fuerza excesiva, la detención arbitraria y en régimen de incomunicación, los malos tratos y la tortura, amenazas, hostigamiento a personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos y periodistas, y violaciones del debido proceso y del derecho a un juicio justo". Este informe fue inmediatamente desacreditado por el gobernador de la entidad, Ulises Ruiz Ortiz, con el argumento de que era parcial, pues representaba sólo la postura de los grupos opositores a su régimen y carecía de fundamento. Por su parte, la secretaria general de AI, Irene Kahn, calificó la respuesta del gobernante como una forma de evadir su responsabilidad en el conflicto, y lamentó la evidente falta de voluntad política del mandatario "para hacer frente a las graves violaciones de derechos humanos registradas en ese estado".
Los señalamientos de Kahn dan cuenta de la vigencia y relevancia que el conflicto oaxaqueño tiene a escala internacional, por más que las autoridades estatales se empeñen en afirmar que el problema está resuelto. Al mismo tiempo, ponen de manifiesto la responsabilidad que el gobierno federal tiene en el conflicto, toda vez que es el responsable de garantizar el cumplimiento de la Constitución, que es donde se consagran los derechos humanos que están violándose en Oaxaca.
El informe de AI se suma a los señalamientos que anteriormente Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habían hecho en el sentido de la deplorable situación de las garantías individuales en el país. No puede pretenderse que exista tranquilidad social y estado de derecho en tanto que las propias instancias del poder público incumplan, por acción o por omisión, con sus responsabilidades fundamentales, y en tanto que el actual gobierno federal carezca de una política concreta en materia de derechos humanos.
Por último, cabe señalar que, por el bien de la nación, es necesario que el gobierno federal abandone el estado de inercia que lo mantiene al margen del conflicto oaxaqueño, con el argumento inverosímil de un pretendido respeto al federalismo y a la soberanía de los gobiernos estatales, y atienda las denuncias de los organismos defensores de los derechos humanos a fin de dar solución a este conflicto.
Tomado de la editorial de La Jornada 02-08-07
El empleo de la violencia como forma de manifestación de los descontentos políticos es reprobable y alarmante, pero no sorprendente: estos estallidos se dan en un contexto nacional en el que la legalidad y el estado de derecho han sido vulnerados y quebrantados por el propio poder público. En ese sentido, el informe Oaxaca: clamor por la justicia, presentado por AI, da cuenta de innumerables atropellos a las garantías individuales perpetrados por la fuerzas policiales de la entidad, entre los que se cuentan "el uso de fuerza excesiva, la detención arbitraria y en régimen de incomunicación, los malos tratos y la tortura, amenazas, hostigamiento a personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos y periodistas, y violaciones del debido proceso y del derecho a un juicio justo". Este informe fue inmediatamente desacreditado por el gobernador de la entidad, Ulises Ruiz Ortiz, con el argumento de que era parcial, pues representaba sólo la postura de los grupos opositores a su régimen y carecía de fundamento. Por su parte, la secretaria general de AI, Irene Kahn, calificó la respuesta del gobernante como una forma de evadir su responsabilidad en el conflicto, y lamentó la evidente falta de voluntad política del mandatario "para hacer frente a las graves violaciones de derechos humanos registradas en ese estado".
Los señalamientos de Kahn dan cuenta de la vigencia y relevancia que el conflicto oaxaqueño tiene a escala internacional, por más que las autoridades estatales se empeñen en afirmar que el problema está resuelto. Al mismo tiempo, ponen de manifiesto la responsabilidad que el gobierno federal tiene en el conflicto, toda vez que es el responsable de garantizar el cumplimiento de la Constitución, que es donde se consagran los derechos humanos que están violándose en Oaxaca.
El informe de AI se suma a los señalamientos que anteriormente Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habían hecho en el sentido de la deplorable situación de las garantías individuales en el país. No puede pretenderse que exista tranquilidad social y estado de derecho en tanto que las propias instancias del poder público incumplan, por acción o por omisión, con sus responsabilidades fundamentales, y en tanto que el actual gobierno federal carezca de una política concreta en materia de derechos humanos.
Por último, cabe señalar que, por el bien de la nación, es necesario que el gobierno federal abandone el estado de inercia que lo mantiene al margen del conflicto oaxaqueño, con el argumento inverosímil de un pretendido respeto al federalismo y a la soberanía de los gobiernos estatales, y atienda las denuncias de los organismos defensores de los derechos humanos a fin de dar solución a este conflicto.
Tomado de la editorial de La Jornada 02-08-07
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