Simulación nacional

El encuentro sostenido por el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, con los tres integrantes de la comisión del Senado que analizará la gobernabilidad en ese estado, es un claro ejemplo del ejercicio de la política como lo entiende el grupo en el poder compuesto por panistas y priístas: una simulación.
En una entidad colapsada por un conflicto que ha sido atizado desde diversos frentes y oficinas públicas, y usado como carta de negociación en los reacomodos oligárquicos de fin de sexenio, el jefe del Ejecutivo estatal y los legisladores pasaron revista a una "normalidad" virtual y escucharon exposiciones sobre los avances de un gobierno que no ha podido gobernar desde hace meses.
Nada retrata mejor la marcha de una institucionalidad vacía y alejada de la realidad que ese encuentro, efectuado en el aeropuerto de la capital oaxaqueña, lejos del centro histórico, tomado por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), y de espaldas a las expresiones de un conflicto que el Senado de la República no quiere enfrentar.
No debe omitirse que la gestión de sombra referida tiene como telón de fondo un renovado coro que demanda una salida represiva y violenta a la confrontación oaxaqueña. Ayer mismo, por ejemplo, el coordinador de la bancada panista en la Cámara de Diputados, Héctor Larios, volvió a la carga con la exigencia de aplastar a la APPO por medio de la fuerza pública.
Desde luego, el síndrome de la negación de los problemas trasciende con mucho al que vive Oaxaca: es un sello característico de la administración pública y de la coalición de facto que ejerce el poder en el país. El Ejecutivo federal se apresta a operar una sucesión presidencial que pretende ejemplar, en el contexto de un severo descontento por la intromisión oficial en las pasadas campañas políticas y por el turbio y cínico manejo de los resultados electorales por parte de las instituciones encargadas de organizarlos, presentarlos y calificarlos; se habla, desde el gobierno, de un estado de derecho sistemáticamente vulnerado por las acciones de los propios funcionarios; se alega tranquilidad y seguridad cuando regiones enteras del país se encuentran bajo el control de grupos dedicados al narcotráfico; se presume de indicadores y sociales económicos envidiables en un entorno de estancamiento económico, desempleo y miseria persistente.
La mentira es éticamente repudiable, especialmente cuando se formula desde cargos de responsabilidad pública y se pretende confundir con ella a la opinión pública. Pero el ocultamiento de los problemas y la simulación de circunstancias nacionales idílicas ­ese sistemático ejercicio de imaginación que ha sido denominado Foxilandia en el habla coloquial­ tiene, además, una consecuencia grave: en la medida en que se ignora la existencia de los conflictos, su solución se vuelve más difícil y se multiplican las posibilidades de que tomen un curso explosivo. Y el ejemplo más claro de esta dinámica es, desde luego, Oaxaca, en donde la incapacidad o la falta de voluntad para hacer frente a un reclamo gremial de los maestros ha propiciado que el problema adquiera una gravedad manifiesta, una peligrosidad que constituye una amenaza en potencia a la estabilidad nacional y una urgencia de soluciones que la clase política sigue sin percibir.