Las explosiones a los ductos de PEMEX en Guanajuato y Querétaro, cometidas por el EPR (Ejército Popular Revolucionario) han revelado que tanto el gobierno de Calderón como el de Ulises Ruiz en Oaxaca siguen recurriendo a los peores métodos de represión, ilegales y anticonstitucionales, contra los disidentes políticos. El POS (ahora MAS) exige la presentación con vida de los militantes del EPR desaparecidos y llama a la población trabajadora a luchar por sus derechos y reivindicaciones mediante huelgas y manifestaciones.
El gobierno de Calderón en un primer momento lanzó una fuerte ofensiva mediática con el objetivo de convencer a la opinión pública que lo sucedido el 5 y 10 de julio en las instalaciones de Petróleos Mexicanos eran meros accidentes.
La aparición, el 10 de julio, de un comunicado firmado por el EPR en el que se adjudicaba la autoría de estos hechos, derrumbó semejante farsa con la que el gobierno federal pretendía engañarnos.
Ahora el gobierno lanza una nueva campaña en la búsqueda de condenar y responsabilizar al movimiento guerrillero: son "actos terroristas", los calificó Felipe Calderón.
El responsable de la reacción guerrillera es el gobierno de Calderón porque puso en marcha métodos ilegales, propios de la "guerra sucia", al detener y desaparecer el pasado 25 de mayo a dos militantes del Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR), brazo político del grupo guerrillero. Este tipo de métodos fueron los utilizados por el régimen priísta en los años sesenta y setenta, época en la que aplicó la más feroz y cruel represión en contra de sus opositores.
Desde que asumió el poder Calderón ya venía avanzando en esta política de represión y criminalización de la protesta social. Muestra de ello lo tenemos en los hechos de Atenco, en Oaxaca y en el ilegal uso de las fuerzas militares para supuestamente combatir al narcotráfico, pero que fueron utilizados no pocas veces para atemorizar a la población, cuando no para violar y asesinar indígenas.
Por supuesto que el gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz también tiene responsabilidad sobre estos acontecimientos. Hoy sabemos que en su ambición por mantenerse en el poder ha sido capaz de asesinar y encarcelar a decenas de luchadores sociales. Sin duda alguna en la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Raymundo Rivera Bravo o Gabriel Alberto Cruz, estuvieron involucradas sus fuerzas policiales.
Si bien el POS no comparte el método utilizado por el movimiento guerrillero, tampoco cae en el juego del gobierno, sus intelectuales y los medios de comunicación que llaman a condenar la violencia y entienden por ésta la ejercida por el EPR. La violencia vino inicialmente de parte del gobierno federal y estatal de Oaxaca.
El método que el POS propone y del que ha hecho uso desde su fundación, es el de la organización y movilización del conjunto de los trabajadores para la conquista de sus reivindicaciones inmediatas e intereses históricos; estos es, el advenimiento de un gobierno socialista.
Frente a los recientes sucesos el POS exige:
1. La presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Raymundo Rivera Bravo o Gabriel Alberto Cruz.
2. Realizar una amplia investigación que determine las responsabilidades del gobierno de Felipe Calderón y de Ulises Ruiz en la desaparición de los militantes del EPR.
3. Libertad a los presos políticos de Atenco, Oaxaca y de todo el país.
4. Ningún recurso financiero adicional al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
5. No a la reforma judicial de Felipe Calderón, que pretende darle mayores facultades y atribuciones a los cuerpos policíacos y de inteligencia.
El Comité Ejecutivo del POS, 18 de julio de 2007.
El gobierno de Calderón en un primer momento lanzó una fuerte ofensiva mediática con el objetivo de convencer a la opinión pública que lo sucedido el 5 y 10 de julio en las instalaciones de Petróleos Mexicanos eran meros accidentes.
La aparición, el 10 de julio, de un comunicado firmado por el EPR en el que se adjudicaba la autoría de estos hechos, derrumbó semejante farsa con la que el gobierno federal pretendía engañarnos.
Ahora el gobierno lanza una nueva campaña en la búsqueda de condenar y responsabilizar al movimiento guerrillero: son "actos terroristas", los calificó Felipe Calderón.
El responsable de la reacción guerrillera es el gobierno de Calderón porque puso en marcha métodos ilegales, propios de la "guerra sucia", al detener y desaparecer el pasado 25 de mayo a dos militantes del Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR), brazo político del grupo guerrillero. Este tipo de métodos fueron los utilizados por el régimen priísta en los años sesenta y setenta, época en la que aplicó la más feroz y cruel represión en contra de sus opositores.
Desde que asumió el poder Calderón ya venía avanzando en esta política de represión y criminalización de la protesta social. Muestra de ello lo tenemos en los hechos de Atenco, en Oaxaca y en el ilegal uso de las fuerzas militares para supuestamente combatir al narcotráfico, pero que fueron utilizados no pocas veces para atemorizar a la población, cuando no para violar y asesinar indígenas.
Por supuesto que el gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz también tiene responsabilidad sobre estos acontecimientos. Hoy sabemos que en su ambición por mantenerse en el poder ha sido capaz de asesinar y encarcelar a decenas de luchadores sociales. Sin duda alguna en la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Raymundo Rivera Bravo o Gabriel Alberto Cruz, estuvieron involucradas sus fuerzas policiales.
Si bien el POS no comparte el método utilizado por el movimiento guerrillero, tampoco cae en el juego del gobierno, sus intelectuales y los medios de comunicación que llaman a condenar la violencia y entienden por ésta la ejercida por el EPR. La violencia vino inicialmente de parte del gobierno federal y estatal de Oaxaca.
El método que el POS propone y del que ha hecho uso desde su fundación, es el de la organización y movilización del conjunto de los trabajadores para la conquista de sus reivindicaciones inmediatas e intereses históricos; estos es, el advenimiento de un gobierno socialista.
Frente a los recientes sucesos el POS exige:
1. La presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Raymundo Rivera Bravo o Gabriel Alberto Cruz.
2. Realizar una amplia investigación que determine las responsabilidades del gobierno de Felipe Calderón y de Ulises Ruiz en la desaparición de los militantes del EPR.
3. Libertad a los presos políticos de Atenco, Oaxaca y de todo el país.
4. Ningún recurso financiero adicional al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
5. No a la reforma judicial de Felipe Calderón, que pretende darle mayores facultades y atribuciones a los cuerpos policíacos y de inteligencia.
El Comité Ejecutivo del POS, 18 de julio de 2007.
