Excesivo, considerarla terrorismo: Carlos Montemayor
No debe sorprender que una fuerza como el Ejército Popular Revolucionario (EPR) ejerza presión política, "seguramente menos espectacular y menos efectiva que la que ejerce la elite financiera", al hacer estallar ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), porque se trata de las consecuencias del resurgimiento de la guerra sucia en el gobierno mexicano, afirma el escritor Carlos Montemayor.
El especialista en movimientos guerrilleros y autor del libro Guerra en el Paraíso dice en entrevista con La Jornada que la guerra sucia viene ocurriendo desde la administración anterior y ahora se ha reavivado. "Está el caso Atenco, y los excesos en la aplicación de sentencias contra líderes de ese movimiento, así como la represión del movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca en 2006. A esto le añadimos la represión y la ilegalidad ejercida desde el gobierno federal en casos como la protección a elites en Pasta de Conchos y el apoyo a las acciones ilegales en el caso de la Minera San Xavier en San Luis Potosí.
"En un país donde todos presionan (presiona Provida, los sistemas bancarios y financieros, los grandes capitales, las empresas trasnacionales, el Ejército, los gobiernos estadounidense y español, el FMI, etcétera), sería ilógico pensar que no presionaran también otras organizaciones nacionales."
Montemayor puntualiza: "no estamos frente a un movimiento terrorista. Las acciones que reivindica el EPR son muy cuidadas en términos quirúrgicos; por tanto, sería aberrante y excesivo considerarlas acciones terroristas. Es claro que hay una intención de dañar las instalaciones de Pemex, pero no de una manera irreflexiva. Hay un interés claro de evitar pérdida de vidas humanas.
"El terrorismo es un concepto utilitario de descalificación política, surgido, fundamentalmente, de los criterios de autodefensa del Grupo de los Siete, y luego, de manera particular, a partir de la ocupación del Estado israelí de territorios palestinos. Este concepto sólo privilegia la perspectiva de los poderes de control, de conquista, de ocupación o de invasión sobre las perspectivas de resistencia, justicia o reivindicación populares.
"La falta de vivienda, de seguridad social, de servicios de salud, es decir, la injusticia social prevaleciente y creciente en el país son violencia social permanente, a la cual confundimos y llamamos 'estabilidad social' o 'paz social'. Y a los movimientos de inconformidad social que se oponen a esta seudoestabilidad los llamamos violencia. Es estar viendo el mundo al revés."
Explica que el comunicado donde dice el porqué de las explosiones en los ductos de Pemex "lo firman el Comité Estatal del Partido Democrático Popular Revolucionario y la comandancia militar de zona del Ejercito Popular Revolucionario; se trata de elementos o segmentos del propio EPR que han tenido presencia en comunicados anteriores y han reivindicado hechos de armas en varias regiones, generalmente en Guerrero.
"Desde el 25 de mayo se filtró en círculos sociales y políticos de Oaxaca que se encontraban en las mazmorras del estado dos miembros del EPR, detenidos y en muy malas condiciones. Ese día fueron trasladados en ambulancia, posiblemente al Campo Militar número uno de la ciudad de México. Ahora el comunicado del EPR los identifica con los nombres de Edmundo Reyes Amaya y Raymundo Rivera Bravo o Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
"Las filtraciones de información en Oaxaca y en muchas regiones del país no son cosa nueva, son algo natural en un tejido social tan complejo como el del país. De manera que, al menos el 25 de mayo, eran reconocibles en mal estado estos miembros del EPR que, por supuesto, se trata de dos desaparecidos o secuestrados que se suman a los de la guerra sucia de los años 70 y 80. Esa es la base del reclamo de este comunicado: el resurgimiento de la guerra sucia."
La represión del Estado "se aplica en México contra activistas sociales, no contra los grandes delincuentes empresariales, financieros", considera Montemayor.
Reitera que en la descomposición política y social, así como en el retraso económico y en el gran abismo que se está abriendo en el país entre las elites poderosas y las grandes mayorías desprotegidas "está incubándose un proceso de inconformidad social que puede alcanzar niveles de peligrosidad en meses o años.
"Es habitual en los gobiernos mexicanos, desde hace por lo menos 50 años, creer que los conflictos guerrilleros se resuelven con represión militar o policial, con segmentos reducidos de elites armadas.
"No se toman esas variables de inestabilidad política como señales de necesidades de cambios políticos en México. Por tanto, la presencia de este comunicado del EPR y dos bombazos a Pemex no se comparan con el daño que las últimas cuatro administraciones presidenciales le han hecho a la paraestatal.
"Ante este panorama, esta es la cuestión: ¿los gobiernos actuales del país (federal, estatales y municipales) están analizando y considerando los brotes de inconformidad social, desde los más pacíficos hasta los más complejos y armados, como una señal de cambios y medidas políticas? ¿O sólo desde el punto de vista de eliminación militar?
"Si el gobierno mexicano sigue en el carril de la represión militar estaremos agravando el proceso de inconformidad y deterioro social", concluye.
MONICA MATEOS VEGA. Tomado de La Jornada, 11 07 07
No debe sorprender que una fuerza como el Ejército Popular Revolucionario (EPR) ejerza presión política, "seguramente menos espectacular y menos efectiva que la que ejerce la elite financiera", al hacer estallar ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), porque se trata de las consecuencias del resurgimiento de la guerra sucia en el gobierno mexicano, afirma el escritor Carlos Montemayor.
El especialista en movimientos guerrilleros y autor del libro Guerra en el Paraíso dice en entrevista con La Jornada que la guerra sucia viene ocurriendo desde la administración anterior y ahora se ha reavivado. "Está el caso Atenco, y los excesos en la aplicación de sentencias contra líderes de ese movimiento, así como la represión del movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca en 2006. A esto le añadimos la represión y la ilegalidad ejercida desde el gobierno federal en casos como la protección a elites en Pasta de Conchos y el apoyo a las acciones ilegales en el caso de la Minera San Xavier en San Luis Potosí.
"En un país donde todos presionan (presiona Provida, los sistemas bancarios y financieros, los grandes capitales, las empresas trasnacionales, el Ejército, los gobiernos estadounidense y español, el FMI, etcétera), sería ilógico pensar que no presionaran también otras organizaciones nacionales."
Montemayor puntualiza: "no estamos frente a un movimiento terrorista. Las acciones que reivindica el EPR son muy cuidadas en términos quirúrgicos; por tanto, sería aberrante y excesivo considerarlas acciones terroristas. Es claro que hay una intención de dañar las instalaciones de Pemex, pero no de una manera irreflexiva. Hay un interés claro de evitar pérdida de vidas humanas.
"El terrorismo es un concepto utilitario de descalificación política, surgido, fundamentalmente, de los criterios de autodefensa del Grupo de los Siete, y luego, de manera particular, a partir de la ocupación del Estado israelí de territorios palestinos. Este concepto sólo privilegia la perspectiva de los poderes de control, de conquista, de ocupación o de invasión sobre las perspectivas de resistencia, justicia o reivindicación populares.
"La falta de vivienda, de seguridad social, de servicios de salud, es decir, la injusticia social prevaleciente y creciente en el país son violencia social permanente, a la cual confundimos y llamamos 'estabilidad social' o 'paz social'. Y a los movimientos de inconformidad social que se oponen a esta seudoestabilidad los llamamos violencia. Es estar viendo el mundo al revés."
Explica que el comunicado donde dice el porqué de las explosiones en los ductos de Pemex "lo firman el Comité Estatal del Partido Democrático Popular Revolucionario y la comandancia militar de zona del Ejercito Popular Revolucionario; se trata de elementos o segmentos del propio EPR que han tenido presencia en comunicados anteriores y han reivindicado hechos de armas en varias regiones, generalmente en Guerrero.
"Desde el 25 de mayo se filtró en círculos sociales y políticos de Oaxaca que se encontraban en las mazmorras del estado dos miembros del EPR, detenidos y en muy malas condiciones. Ese día fueron trasladados en ambulancia, posiblemente al Campo Militar número uno de la ciudad de México. Ahora el comunicado del EPR los identifica con los nombres de Edmundo Reyes Amaya y Raymundo Rivera Bravo o Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
"Las filtraciones de información en Oaxaca y en muchas regiones del país no son cosa nueva, son algo natural en un tejido social tan complejo como el del país. De manera que, al menos el 25 de mayo, eran reconocibles en mal estado estos miembros del EPR que, por supuesto, se trata de dos desaparecidos o secuestrados que se suman a los de la guerra sucia de los años 70 y 80. Esa es la base del reclamo de este comunicado: el resurgimiento de la guerra sucia."
La represión del Estado "se aplica en México contra activistas sociales, no contra los grandes delincuentes empresariales, financieros", considera Montemayor.
Reitera que en la descomposición política y social, así como en el retraso económico y en el gran abismo que se está abriendo en el país entre las elites poderosas y las grandes mayorías desprotegidas "está incubándose un proceso de inconformidad social que puede alcanzar niveles de peligrosidad en meses o años.
"Es habitual en los gobiernos mexicanos, desde hace por lo menos 50 años, creer que los conflictos guerrilleros se resuelven con represión militar o policial, con segmentos reducidos de elites armadas.
"No se toman esas variables de inestabilidad política como señales de necesidades de cambios políticos en México. Por tanto, la presencia de este comunicado del EPR y dos bombazos a Pemex no se comparan con el daño que las últimas cuatro administraciones presidenciales le han hecho a la paraestatal.
"Ante este panorama, esta es la cuestión: ¿los gobiernos actuales del país (federal, estatales y municipales) están analizando y considerando los brotes de inconformidad social, desde los más pacíficos hasta los más complejos y armados, como una señal de cambios y medidas políticas? ¿O sólo desde el punto de vista de eliminación militar?
"Si el gobierno mexicano sigue en el carril de la represión militar estaremos agravando el proceso de inconformidad y deterioro social", concluye.
MONICA MATEOS VEGA. Tomado de La Jornada, 11 07 07
No hay comentarios.:
Publicar un comentario