Los hechos son claros: comunidades indígenas en México están siendo acosadas por el ejército estadounidense con la ayuda de geógrafos de la Universidad de Kansas. En 2005, el Departamento de Geografía de la Universidad de Kansas recibió $500, 000 dólares de fondos del Departamento de Defensa para mapear tierras comunales indígenas en los estados mexicanos de San Luis Potosí y Oaxaca. Con la ayuda de la Oficina de Estudios Militares para el Extranjero de los Estados Unidos (FMSO, por sus siglas en inglés), localizada en la base militar del Fuerte Leavenworth en Leavenworth, Kansas; los profesores de geografía Peter Herlihy y Jerome Dobson han estado arando el camino del proyecto “México Indígena”, una parte de un proyecto de mapeo mayor, las Expediciones Bowman.
El investigador de la FMSO asignado a las Expediciones Bowman, el Teniente Coronel Geoffrey B. Demarest, es sospechoso de usar los mapas para inteligencia militar en contra de comunidades indígenas que afirman su autonomía y auto-determinación a través de gobernar y poseer colectivamente su territorio. Según Demarest, el único camino para el ‘progreso y la seguridad’ en América Latina es el de la privatización de éste tipo de tierras comunales.
En publicaciones de la FMSO y en un libro de texto titulado “Geopropiedad: Asuntos Externos, Seguridad Nacional y Derechos de Propiedad”, Demarest asegura que “la posesión informal e irregulada de tierras favorece el uso ilícito y la violencia”, y que la única solución para estos campos de cultivo de crimen e insurgencia es la privatización y titulación de la tierra.
No debiera sorprender, que Demarest no sólo fue entrenado en la Escuela de las Américas del Ejército Estadounidense (el centro famoso por enseñar tortura y creación de escuadrones de muerte paramilitares al personal militar Latinoamericano), pero también sirvió como el agregado militar de los Estados Unidos en la embajada de Guatemala entre 1988 y 1991, un tiempo de represión militar fuertemente respaldada por los Estados Unidos contra comunidades indígenas en Guatemala, con varios casos notorios de tortura y asesinato.
Antes de su trabajo en el proyecto “México Indígena”, Demarest estaba implementando sus estrategias de información geográfica en Colombia, por lo menos hasta 2003. Un ensayo de la FMSO de marzo de 2003, escrito por Demarest, titulado “Mapeando Colombia: Información Geográfica y Estrategia”, declara claramente el uso final de la información geográfica: “Mientras el valor forense de la información de la propiedad de tierra es relativamente obvio, no es tan obvia la correlación entre información geográfica y estrategia militar, pero esta correlación marca precisamente un atributo esencial de campañas contrainsurgentes exitosas.”
En el mismo ensayo, Demarest da un paso adelante y expone las intenciones imperialistas para la información geográfica y la estrategia: “El poder estratégico se convierte en la habilidad de retener y adquirir derechos de propiedad alrededor del mundo. El poder nacional, sub-, supra- o transnacional puede ser medido por consiguiente.”
La misión primaria de la FMSO es evaluar amenazas asimétricas y emergentes para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Con amenazas asimétricas se refieren a ejércitos guerrilleros y organizaciones terroristas. Por otra parte, la FMSO está evaluando movimientos sociales influidos por indígenas, como amenazas emergentes para la seguridad de los intereses políticos y económicos en México.
Oliver Froehling, geógrafo y director académico de la Universidad de la Tierra en la ciudad de Oaxaca, resalta el peligro de este tipo de proyectos de mapeo cuando declara: “El proyecto México Indígena se suscribe a una estrategia político-militar. No podemos olvidar que el mapeo empieza en medio del debate sobre un paquete de financiamiento militar de los Estados Unidos conocido como la Iniciativa Mérida. El control y desplazamiento de comunidades indígenas pretende remover potenciales focos rojos en la política, contribuir al control militar de la región y finalmente ‘liberar’ recursos naturales para beneficio del gobierno y, a su vez, sus aliados trasnacionales.”
Resistencia Indígena
El investigador de la FMSO asignado a las Expediciones Bowman, el Teniente Coronel Geoffrey B. Demarest, es sospechoso de usar los mapas para inteligencia militar en contra de comunidades indígenas que afirman su autonomía y auto-determinación a través de gobernar y poseer colectivamente su territorio. Según Demarest, el único camino para el ‘progreso y la seguridad’ en América Latina es el de la privatización de éste tipo de tierras comunales.
En publicaciones de la FMSO y en un libro de texto titulado “Geopropiedad: Asuntos Externos, Seguridad Nacional y Derechos de Propiedad”, Demarest asegura que “la posesión informal e irregulada de tierras favorece el uso ilícito y la violencia”, y que la única solución para estos campos de cultivo de crimen e insurgencia es la privatización y titulación de la tierra.
No debiera sorprender, que Demarest no sólo fue entrenado en la Escuela de las Américas del Ejército Estadounidense (el centro famoso por enseñar tortura y creación de escuadrones de muerte paramilitares al personal militar Latinoamericano), pero también sirvió como el agregado militar de los Estados Unidos en la embajada de Guatemala entre 1988 y 1991, un tiempo de represión militar fuertemente respaldada por los Estados Unidos contra comunidades indígenas en Guatemala, con varios casos notorios de tortura y asesinato.
Antes de su trabajo en el proyecto “México Indígena”, Demarest estaba implementando sus estrategias de información geográfica en Colombia, por lo menos hasta 2003. Un ensayo de la FMSO de marzo de 2003, escrito por Demarest, titulado “Mapeando Colombia: Información Geográfica y Estrategia”, declara claramente el uso final de la información geográfica: “Mientras el valor forense de la información de la propiedad de tierra es relativamente obvio, no es tan obvia la correlación entre información geográfica y estrategia militar, pero esta correlación marca precisamente un atributo esencial de campañas contrainsurgentes exitosas.”
En el mismo ensayo, Demarest da un paso adelante y expone las intenciones imperialistas para la información geográfica y la estrategia: “El poder estratégico se convierte en la habilidad de retener y adquirir derechos de propiedad alrededor del mundo. El poder nacional, sub-, supra- o transnacional puede ser medido por consiguiente.”
La misión primaria de la FMSO es evaluar amenazas asimétricas y emergentes para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Con amenazas asimétricas se refieren a ejércitos guerrilleros y organizaciones terroristas. Por otra parte, la FMSO está evaluando movimientos sociales influidos por indígenas, como amenazas emergentes para la seguridad de los intereses políticos y económicos en México.
Oliver Froehling, geógrafo y director académico de la Universidad de la Tierra en la ciudad de Oaxaca, resalta el peligro de este tipo de proyectos de mapeo cuando declara: “El proyecto México Indígena se suscribe a una estrategia político-militar. No podemos olvidar que el mapeo empieza en medio del debate sobre un paquete de financiamiento militar de los Estados Unidos conocido como la Iniciativa Mérida. El control y desplazamiento de comunidades indígenas pretende remover potenciales focos rojos en la política, contribuir al control militar de la región y finalmente ‘liberar’ recursos naturales para beneficio del gobierno y, a su vez, sus aliados trasnacionales.”
Resistencia Indígena
La noción de Demarest de que la mayor resistencia al orden mundial neoliberal en México viene de comunidades indígenas demandando autonomía y auto-determinación en la forma de territorio comunal no es, por supuesto, una sospecha. Así es.
En 1992, después de que el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari derogara el artículo 27 de la constitución, que había dado legalmente concesiones comunales de tierra a los campesinos indígenas de México, y en 1994, después de que se aprobara el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), una serie de levantamientos de liderazgo e inspiración indígena en el sur de México se han estado movilizando por la auto-determinación y la auto-defensa de su territorio.
Una de las luchas más notorias, es la de los Zapatistas, quienes ganaron atención global capturando un tercio del estado de Chiapas en las primeras horas del 1ero de enero de 1994, el día en que el TLCAN entró en vigor. Ellos denominaron su levantamiento armado indígena una lucha en contra de la muerte y el olvido; una lucha por la paz con dignidad, justicia y libertad. Mientras los fusiles de los Zapatistas se han mantenido en silencio durante los últimos 15 años, ellos han continuado resistiendo y, aún más importante, inspirando y escuchando a muchas luchas alrededor de México y el mundo.
El 14 de junio de 2006, una de esas luchas, una huelga sindical de maestros en la ciudad de Oaxaca, explotó rápidamente convirtiéndose en un levantamiento popular con una base indígena muy fuerte. El éxito del consiguiente levantamiento de 6 meses fue alimentado por ideas sobre las formas tradicionales de la tenencia de la tierra y las estrategias subsecuentes para el auto-gobierno que la vida comunal indígena implica. Campesinos indígenas, maestros, estudiantes, amas de casa y trabajadores se unieron en un enfrentamiento contra el gobernador del estado, Ulises Ruiz Ortiz, exigiendo su renuncia.
La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que en última instancia tomó la ciudad capital del estado por seis meses, utilizando una serie de bloqueos y que se autoproclamó el cuerpo de gobierno de facto, nació de una base fuertemente indígena. La primera asamblea general de la APPO, en la que participaron 270 delegados, fue organizada bajo el principio indígena mesoamericano de “mandar obedeciendo”. La asamblea general utiliza una forma indígena de organización por consenso que ha existido en Oaxaca por miles de años.
Ejerciendo su auto-determinación, miembros de la APPO ocuparon oficinas de gobierno estatal, local y federal por toda la ciudad. Estrategias de expropiación fueron empleadas inmediatamente. Comida, agua, transportación y comunicación, fueron los objetivos principales de expropiación. En un momento dado, mujeres de mediana edad de la APPO ocuparon un canal de televisión y una estación de radio manejados por el estado. Cuando las antenas de la estación fueron atacadas, la APPO respondió ocupando 13 estaciones de radio comerciales. Los oaxaqueños nunca imaginaron que podrían tomar la ciudad por tanto tiempo. Sin embargo, asesinatos, desapariciones, violaciones, tortura y tiroteos desde carros al mando de la policía en esta parte del estado, mermaron el ímpetu del movimiento social. Oaxaca y la APPO continúan resistiendo el régimen brutal del gobernador Ulises Ruiz Ortiz y demandando su renuncia.
La batalla por Oaxaca no es pequeña. El estado es estratégico para los intereses neoliberales y es extremadamente rico en recursos naturales. Ya se ha convertido en el emplazamiento de una serie de proyectos industriales implementados por el TLCAN y el Plan Puebla Panamá. Carreteras, vías férreas, puertos comerciales, corredores de energía eólica, minas, empresas agropecuarias y maquiladoras, son algunos ejemplos del “progreso” que los partidarios del Plan Puebla Panamá han tratado de vender. Sin embargo, durante los últimos 15 años, estos símbolos de progreso únicamente han desplazado sistemáticamente a comunidades indígenas, que ya no son consideradas “económicamente viables”. La vida humana en Oaxaca es otra variable desechable en la ecuación de ganancias del TLCAN. Desplazar a los indígenas de sus tierras y robarles sus medios de subsistencia es equivalente al genocidio.
Curiosamente, en 2006, al mismo tiempo que la APPO estaba en enfrentamientos en las calles de la capital, el proyecto de mapeo “México Indígena” movió silenciosamente sus operaciones del estado de San Luis Potosí a la Sierra Juárez, una región biológicamente diversa y rica en minerales del estado de Oaxaca.
Cuestión de identidad
En 1992, después de que el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari derogara el artículo 27 de la constitución, que había dado legalmente concesiones comunales de tierra a los campesinos indígenas de México, y en 1994, después de que se aprobara el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), una serie de levantamientos de liderazgo e inspiración indígena en el sur de México se han estado movilizando por la auto-determinación y la auto-defensa de su territorio.
Una de las luchas más notorias, es la de los Zapatistas, quienes ganaron atención global capturando un tercio del estado de Chiapas en las primeras horas del 1ero de enero de 1994, el día en que el TLCAN entró en vigor. Ellos denominaron su levantamiento armado indígena una lucha en contra de la muerte y el olvido; una lucha por la paz con dignidad, justicia y libertad. Mientras los fusiles de los Zapatistas se han mantenido en silencio durante los últimos 15 años, ellos han continuado resistiendo y, aún más importante, inspirando y escuchando a muchas luchas alrededor de México y el mundo.
El 14 de junio de 2006, una de esas luchas, una huelga sindical de maestros en la ciudad de Oaxaca, explotó rápidamente convirtiéndose en un levantamiento popular con una base indígena muy fuerte. El éxito del consiguiente levantamiento de 6 meses fue alimentado por ideas sobre las formas tradicionales de la tenencia de la tierra y las estrategias subsecuentes para el auto-gobierno que la vida comunal indígena implica. Campesinos indígenas, maestros, estudiantes, amas de casa y trabajadores se unieron en un enfrentamiento contra el gobernador del estado, Ulises Ruiz Ortiz, exigiendo su renuncia.
La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que en última instancia tomó la ciudad capital del estado por seis meses, utilizando una serie de bloqueos y que se autoproclamó el cuerpo de gobierno de facto, nació de una base fuertemente indígena. La primera asamblea general de la APPO, en la que participaron 270 delegados, fue organizada bajo el principio indígena mesoamericano de “mandar obedeciendo”. La asamblea general utiliza una forma indígena de organización por consenso que ha existido en Oaxaca por miles de años.
Ejerciendo su auto-determinación, miembros de la APPO ocuparon oficinas de gobierno estatal, local y federal por toda la ciudad. Estrategias de expropiación fueron empleadas inmediatamente. Comida, agua, transportación y comunicación, fueron los objetivos principales de expropiación. En un momento dado, mujeres de mediana edad de la APPO ocuparon un canal de televisión y una estación de radio manejados por el estado. Cuando las antenas de la estación fueron atacadas, la APPO respondió ocupando 13 estaciones de radio comerciales. Los oaxaqueños nunca imaginaron que podrían tomar la ciudad por tanto tiempo. Sin embargo, asesinatos, desapariciones, violaciones, tortura y tiroteos desde carros al mando de la policía en esta parte del estado, mermaron el ímpetu del movimiento social. Oaxaca y la APPO continúan resistiendo el régimen brutal del gobernador Ulises Ruiz Ortiz y demandando su renuncia.
La batalla por Oaxaca no es pequeña. El estado es estratégico para los intereses neoliberales y es extremadamente rico en recursos naturales. Ya se ha convertido en el emplazamiento de una serie de proyectos industriales implementados por el TLCAN y el Plan Puebla Panamá. Carreteras, vías férreas, puertos comerciales, corredores de energía eólica, minas, empresas agropecuarias y maquiladoras, son algunos ejemplos del “progreso” que los partidarios del Plan Puebla Panamá han tratado de vender. Sin embargo, durante los últimos 15 años, estos símbolos de progreso únicamente han desplazado sistemáticamente a comunidades indígenas, que ya no son consideradas “económicamente viables”. La vida humana en Oaxaca es otra variable desechable en la ecuación de ganancias del TLCAN. Desplazar a los indígenas de sus tierras y robarles sus medios de subsistencia es equivalente al genocidio.
Curiosamente, en 2006, al mismo tiempo que la APPO estaba en enfrentamientos en las calles de la capital, el proyecto de mapeo “México Indígena” movió silenciosamente sus operaciones del estado de San Luis Potosí a la Sierra Juárez, una región biológicamente diversa y rica en minerales del estado de Oaxaca.
Cuestión de identidad
Para los indígenas del sur de México, territorio y cultura están tan entrelazados en la vida diaria que uno sin el otro es como una bicicleta sin ruedas. Sin embargo, el ‘progreso y la prosperidad’ del libre comercio implican intrínsecamente una pérdida de identidad y tradición para las comunidades indígenas. El bombardeo constante de propaganda anti-indígena en caricaturas, programas de televisión y noticieros, no es un accidente. En el libre comercio ser indígena es culturalmente menospreciado. Los espectaculares en las carreteras entre pueblos indígenas, representan consumidores de tez blanca con ninguna relación en absoluto con la tierra de la que consumen. Los maniquís de todas las tiendas de ropa para mujeres en la ciudad de Oaxaca (la capital de un estado que es 70% indígena), son altos, flacos y muy, muy blancos. El producto cosmético más comúnmente vendido a mujeres indígenas es aclarador de piel. Para las comunidades indígenas de México, reclamar su autonomía y territorio es, por lo tanto, una reivindicación sumamente urgente de su identidad.
En Oaxaca los indígenas siempre han estado más dispuestos a morir luchando por sus tierras, de lo que cualquier gobierno ha sido dispuesto a matarlos y arrebatárselas. Negar y criminalizar las formas tradicionales de tenencia de la tierra es negar la vida y cultura de los indígenas. Demarest, la FMSO y el ejército de Estados Unidos lo saben. Pero lo que han descubierto en sus estudios de territorio indígena y resistencia en México y otras regiones de América Latina, es que el arma más peligrosa para el neoliberalismo no es necesariamente la lucha por el poder del Estado, o la presencia de la fuerza física. Más bien, es la implacable creencia en el auto-gobierno y la auto-determinación, ejemplificada en la forma tradicional de poder horizontal, cosechada por comunidades indígenas de México que representan la más grande amenaza al orden mundial. Esta es la clave de la resistencia cultural, aplicable a cualquier lucha de base comunitaria por la auto-determinación.
Ramificaciones Urbanas
Las implicaciones de las Expediciones Bowman y los ensayos de Demarest se extienden más allá de las tierras indígenas, reverberando en todos los sectores de la sociedad, y en particular, en los pobres de los centros urbanos del mundo. En un ensayo de la FMSO de la primavera de 1995 titulado “Geopolítica y Conflicto Urbano Armado en América Latina”, Demarest criminaliza y advierte del potencial de los pobres en las ciudades de América Latina:
“Intereses monetarios en Latinoamérica continúan aislando, física y socialmente, a las comunidades pobres en expansión. Los barrios de techos de lámina se convierten en áreas gobernadas por separado. Ellos marcan las dimensiones físicas de las que, de alguna manera, son naciones autónomas dentro de las naciones. En algún punto, su liderazgo puede ser visto como una amenaza para la seguridad nacional en vez de una simple amenaza a la seguridad pública. Es ahí donde reside su importancia geopolítica.”
En una sección previa de este mismo ensayo, Demarest enlista actores anti-estado que encuentran su hogar entre los pobres del mundo:
“Características distintivas de las más grandes ciudades, también llamadas ‘ciudades de mundo’, de las que América Latina tiene varias, incluyen la marcada polarización económica y social y una intensa segregación espacial. Encontramos también lo que es probablemente un efecto de esas condiciones: las agendas complementarias e identidades superpuestas de una vasta selección de actores anti-estado. Anarquistas, criminales, los desposeídos, extranjeros entrometidos, oportunistas cínicos, locos, revolucionarios, líderes obreros, minorías étnicas nacionales, especuladores de bienes raíces y otros pueden todos formar alianzas de conveniencia. Estas ideas pueden ser tan específicas como resistirse a un aumento en el pasaje de los camiones, tan inmediatas como una oportunidad para hacer un saqueo tras una celebración de masas, o tan amplio como la identidad étnica.”
Como las tierras comunales indígenas, los barrios de techos de lámina no regulados son considerados por la FMSO como precursores de crimen e insurgencia. En los Estados Unidos y en ciudades alrededor del mundo, la privatización de comunidades pobres a través del aburguesamiento es una estrategia similar multifacética de marginación a través de la desvalorización, la criminalización y el desplazamiento. Ser pobre y organizar tu comunidad para sobrevivir por sus propios medios, ejercer auto-determinación, según los ensayos de Demarest, es ser una amenaza para los intereses políticos y económicos de Estados Unidos, domésticos y en el extranjero.
Simón Sedillo es un organizador chicano que lucha por de defensa de los derechos comunitarios. Realiza películas documentales y su trabajo se ha centrado en poner habilidades, cámaras, y equipo de edición en las manos de comunidades en resistencia para que puedan documentar sus propias historias de lucha. Sedillo ha pasado los últimos 6 años documentando y enseñando medios comunitarios y video- documentación en México, en comunidades de inmigrantes en Estados Unidos y con jóvenes de barrio a través de los Estados Unidos. Sedillo, que fue un colaborador para www.elenemigocomun.net, está actualmente de gira proyectando cortometrajes sobre Oaxaca y Chiapas y presentando un taller sobre neoliberalismo y auto-defensa de derechos comunitarios.
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Tomado de Kaosenlared
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