Bush: permiso para torturar

El día de ayer será recordado como una fecha trágica para Estados Unidos y para el resto del mundo: el Senado de ese país se plegó a las exigencias del gobierno de George Walker Bush y legalizó ­después de que, la víspera, la Cámara de Representantes hiciera otro tanto­ la liquidación de los derechos humanos de los sospechosos de terrorismo. En adelante, será legal la detención de una persona por tiempo indefinido y sin presentación de cargos, será legal el uso de pruebas obtenidas mediante coerción y serán legales prácticas de interrogatorio como la privación de sueño por periodos prolongados o exponer a los interrogados a bajas temperaturas. Para aprobar semejantes atrocidades, los legisladores del país vecino recurrieron a una argucia simple: manifestar que tales tormentos no se llaman tortura.
La aprobación de estas medidas marca un retroceso sin precedente en materia de derechos humanos, garantías individuales y libertades, una recaída en la barbarie comparable a las disposiciones de segregación adoptadas en la Alemania nazi y en la Sudáfrica racista, y se traduce en un estado de indefensión jurídica para cualquier habitante de este planeta que tenga la desgracia de ser considerado sospechoso de terrorismo o potencial "combatiente enemigo" a discreción de cualquier oficial del gobierno estadunidense. Con esta disposición denominada "Ley sobre Comisiones Militares de 2006", muchos de los atropellos perpetrados en Abu Ghraib y Guantánamo pueden ya ser tomados como práctica válida y rutinaria.
Bush no pudo ocultar la verdadera dimensión de estas normas: los interrogadores estadunidenses, dijo, "no quieren que los juzguen como criminales de guerra". Para calmar esas inquietudes, en suma, se procedió a legalizar algunos crímenes de guerra.
Mal harían los ciudadanos del país vecino en suponer que esa legislación monstruosa será aplicada exclusivamente a extranjeros. Más temprano que tarde, el permiso para torturar será empleado contra los propios estadunidenses, por más que, en lo inmediato, son ciertamente los nacionales de otros países los que se encuentran en mayor peligro.
No se requiere demasiada perspicacia para prever que la "Ley sobre Comisiones Militares" prefigura, en primer lugar, una nueva oleada de violaciones a los derechos humanos en Medio Oriente y en el mundo islámico. Pero tampoco es necesario un alarde de imaginación para percibir la amenaza que la disposición representa para los trabajadores mexicanos y latinoamericanos que acuden al territorio del país vecino en busca de oportunidades laborales: las acusaciones por sospecha de terrorismo se pueden formalizar sin ningún requerimiento específico y serán susceptibles, por ello, de ser empleadas en la persecución de extranjeros indocumentados, por más inverosímiles que resulten. Por lo demás, los tribunales militares autorizados para juzgar a las víctimas de la prepotencia y el autoritarismo de la administración Bush no sancionarán los abusos de poder, los atropellos y las extralimitaciones de los acusadores, toda vez que esos actos han quedado de antemano exculpados por la ley aprobada ayer.
Por lo que hace a México, la circunstancia requiere de un gobierno firme, comprometido con la defensa de los derechos de los connacionales y dispuesto a enfrentarse a Washington para preservar la integridad y los derechos de los ciudadanos mexicanos. Por desgracia, el grupo en el poder y el proyecto continuista de la reacción gobernante no se han caracterizado precisamente por la firmeza en la defensa de los connacionales, sino más bien por el entreguismo y el servilismo en sus relaciones con la potencia vecina.
Finalmente, cabe esperar que el permiso para torturar extendido ayer por el Capitolio a la Casa Blanca lleve a la ciudadanía estadunidense a reflexionar sobre la rápida conversión de su país en un Estado totalitario y policial, en un territorio de opresión y, aunque el nombre no guste, en un enorme campo de tortura.

Editorial de “La Jornada” 29-09-06