“¡También exigimos seguridad contra el secuestro!”
Ayer, ante el penal Molino de Flores, aproximadamente 70 integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y La Otra Campaña gritaron su rechazo a las nuevas sentencias brutales en el caso Atenco, mientras los Abogados Zapatistas entraron para presentar la apelación. Unos manifestantes increparon a los policías estatales (ASES) bloqueando la puerta: “¿Con qué cara pueden ver a sus propios hijos? Son pobres como nosotros. ¿Que tal se si vuelven rebeldes? También a ellos los van a asesinar, violar, torturar?” Y... ¡voilá! Al salir del reclusorio, el abogado Juan Dios de Hernández reportó que ya fue reemplazado el juez que dictó las infames sentencias, Alberto Cervantes. ¿Por secuestro? ¿Por conspiración? ¿Por corrupción? ¿Por ineptitud? Nada de eso. Siempre era un vil juez de consigna que tenía su arreglito con la mafia estatal encabezado por Enrique Peña Nieto. Ya cumplió con su trabajo sucio, avalando y prolongando el secuestro de Ignacio del Valle y los demás compañer@s que ha durado desde el 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco.
Las nuevas sentencias se dictaron la semana pasada. El jueves 21 de agosto, correos empezaron a salir del Plantón Molino de Flores alrededor de mediodía, avisando de la presencia de alrededor de 500 policías fuera de la prisión desde muy temprano en la mañana, incluso varias camionetas y patrullas de la Agencia Estatal de Seguridad. ¿Estaban ahí para desalojar el Plantón? Al principio, nadie estaba seguro, pero muy pronto el motivo por su masiva presencia se supo. En la corte dentro de la prisión, iban a dictar sentencia. Los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco ya se habían enterado y marchaban hacia la prisión.
¿Y cuales son estas indignantes sentencias pronunciadas por el juez primero Alberto Cervantes? Se supone que Óscar Hernández, Alejandro Pilón, Julio Espinosa, Pedro Reyes, Juan Carlos Estrada, Jorge Ordóñez, Adán Ordóñez, Narciso Arellano, Inés Rodolfo Cuéllar y Eduardo Morales deben pudrirse en prisión durante 31 años, 10 meses y 15 días por el supuesto delito de secuestro equiparado.
¿Y para el dirigente atenquense Ignacio del Valle? Encontrado culpable de ser el “autor intelectual” del delito de secuestro equiparado, su destino (según el Estado) es el entierro en prisión durante 45 años adicionales, agregados a los 67 y medio que ya compurga en el penal de máxima seguridad del Altiplano, junto a Felipe Álvarez y Héctor Galindo por supuestos secuestros en abril y febrero de 2006, antes de los eventos del 3 y 4 de mayo.
A la vendedora de flores Patricia Romero, hostigada en Molino de Flores desde hace meses, el juez tercero Albino Chávez le dictó una sentencia más leve, pero aún así totalmente injusta, de 4 años; ella, su hijo Arturo Sánchez Romero y su padre Raúl Romero Macías tendrán la posibilidad de salir bajo fianza si el Ministerio Público no interpone una apelación.
Como explicó Juan de Dios Hernández, del Colectivo de Abogados Zapatistas (http://atencofpdt.blogspot.com/ ), estas sentencias están basadas estrictamente en supuestos indicios: no hay una prueba plena en ningún sentido contra nadie. Los indicios consisten en las contradictorias declaraciones de los policías que se dicen víctimas del secuestro. Afirman identificar a los responsables pero también dicen que las personas que supuestamente les privaron de la libertad llevaban pasamontañas o paliacates y que como consecuencia no pudieron verles la cara. También dicen que los mismos policías les habían tapado la cara a las y los detenidos y que los habían obligados a bajar la cabeza, por eso no habían podido ver a nadie. Las declaraciones eran las supuestas pruebas utilizadas por el ministerio público para mostrar probable responsabilidad y dictar el auto de formal prisión. “Pero para sentenciar a alguien, el ministerio público no tiene que demostrar la probable responsabilidad sino tiene que demostrar la plena responsabilidad de los acusados”. Nunca lo ha hecho, dice Juan de Dios Hernández, ni en las declaraciones ministeriales originales ni en las ampliaciones, ni en los careos.
Hay más. Como se ve en el video, uno de los familiares que llegó a preguntarle al juez Alberto Cervantes sobre la sentencia afirma lo siguiente: “Le pregunté por qué había tomado esta decisión sobre la sentencia y dijo que venía de allá arriba porque él nada más tenía cierto mando pero que no se debería meterse más para allá, sino que él tenía otros asuntos. El de los magistrados era él que daba las órdenes”. Cabe recordar que fue el Magistrado José C. Castillo Ambriz, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, quien se reunió con una comisión de manifestantes el 8 de agosto en Toluca, prometiendo una pronta resolución del caso. El Magistrado también tiene dueño: se llama Enrique Peña Nieto, quien se jacta abiertamente de ordenar el operativo en Atenco y está en plena campaña para ser Presidente de México.
Para el colmo, la sentencia menciona que en las pláticas del 2 de mayo con las autoridades municipales y estatales, no hubo ningún acuerdo para retirar el cordón de “seguridad” y permitir a los vendedores de flores a trabajar, a pesar de que la videograbación de la reunión claramente demuestra la verdad. Ve Parte 1 del documental Atenco Crimen del Estado. Ve la escena de la reunión en el documental. Fíjate en la mesura mostrada por Ignacio del Valle y su voluntad de utilizar la palabra para convencer a los funcionarios a cumplir con su deber. Fíjate en los funcionarios, su manera de hablar, su postura corporal. ¿Se ven muy cómodos? ¿Ya sabían que iban a traicionar el acuerdo? http://www.youtube.com/watch?v=lVU5VuYKmpU&feature=related
Que quede claro. El supuesto “secuestro” del 3 de mayo de 2006 no fue un secuestro de verdad como los cometidos por “el mochaorejas”, quien les cortó las orejas a sus víctimas, o el del hijo del empresario Martí, quien fue asesinado después de que el rescate fue pagado. El “secuestro” consistía en retener a varios policías durante unas horas después del conflicto que ellos mismos empezaron, violentamente desalojando a los vendedores de flores del mercado de Texcoco en violación del acuerdo del 2 de mayo de 2006 y sitiando la casa donde ellos y integrantes de FPDT tomaron refugio durante el día, durante el cual Ignacio del Valle pidió el retiro de los policías y un diálogo con las autoridades varias veces. Después de nueve horas, sin interés alguno en una solución negociada, la policía desalojó la casa, detuvo a los ocupantes y los golpeó hasta el cansancio. Ahora 10 personas están condenadas por “secuestro” sin evidencia alguna en su contra e Ignacio del Valle es condenado por ordenar el “secuestro” aunque ni estuvo en el lugar de los hechos. Los policías fueron retenidos cuando los pobladores de San Salvador Atenco salieron a bloquear la carretera para protestar la agresión contra sus compañeros en Texcoco. Cuando cientos de policías intentaron desbloquear la carretera con lujo de violencia, los pobladores se defendieron y hubo muchos heridos de los dos lados. Los agresores fueron retenidos para propósitos de negociación y entregados a la Cruz Roja el mismo día, con sus heridas atendidas. La evidencia está grabada para que el mundo entero lo vea. Ve la parte del documental donde el policía expresa su gratitud por poder pedir una ambulancia. Ve el documental y decide por ti mismo. ¿Los vendedores de flores, acompañados por Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y otros compañeros llegaron al mercado de Texcoco la mañana del 3 de mayo para provocar violencia? ¿Tuvieron la menor intención de secuestrar a alguien? o ¿Simplemente insistieron en su derecho a vender sus flores?
Pero ¡que conveniente! para los responsables del terrorismos del estado cometido en Texcoco y Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006 ––Genaro García Luna, Eduardo Medina Mora, Wilfrido Robledo, Ardelio Vargas, Enrique Peña Nieto y Nazario Gutiérrez–– que estas sentencias se anunciaran el mismo día de la reunión del Consejo de Seguridad Nacional en el Palacio Nacional de México bajo el pretexto de “responder a los reclamos” de la ciudadanía para más seguridad contra la tremenda ola de secuestros y asesinatos que azota el país. Las nuevas sentencias les permitieron jactar aplicar mano dura contra unos “peligrosos secuestradores”. Ahí estuvieron reunidos en un bunker porque no se atreven a caminar libremente en la calle. Junto con todos los gobernadores y el jefe de gobierno del Distrito Federal Marcelo Ebrard, tramaron más medidas represivas para controlar a la ciudadanía y escarmentar a los movimientos sociales: la construcción de más prisiones de máxima seguridad; sentencias de pena de muerte y cadena perpetua; más entrenadores desde Washington y Tel Aviv; contrato de mercenarios; vigilancia total de la ciudadanía por teléfono, internet y cámaras en cada esquina de la capital y la creación de una cultura de soplones. Todo esto dentro del marco del Plan México (Iniciativa Mérida) que tiene México bajo el régimen de la seguridad nacional de Estados Unidos y el pueblo secuestrado.
Desde Atenco, la respuesta a las sentencias fue rápida: “¡112 años y medio de cárcel a nuestro compañero Ignacio del Valle! Nos llena de coraje y desde aquí le advertimos a Peña Nieto que no nos callaremos y lo seguiremos acusando de violador y asesino. Que sus aspiraciones presidenciales se truncarán, que todo lo que orgullosamente ordenó hacer en Atenco y Texcoco los días 3 y 4 de mayo del 2006 ––violaciones, asesinatos, tortura–– no quedarán impunes, que serán un lastre a su campaña presidencial y le darán fin a su carrera “política”, que se quedará como su tío Arturo Montiel en la orilla, lamentando sus torpezas”. Afirma el Frente que busca “la solidaridad de todas las organizaciones nacionales e internacionales para que se le haga juicio político a Enrique Peña Nieto por sus graves violaciones a derechos humanos....”
Hasta ahora ningún alto mando ha sido consignado por los crímenes de estado cometidos el 3 & 4 de mayo en Atenco y Texcoco. 21 policías estatales y locales fueron acusados, y, de ellos, 15 absueltos y 5 acusados sólo de abuso de autoridad. Sólo un policía, Doroteo Blas Marcelo, quien obligó a una de las mujeres detenidas durante los operativos de San Salvador Atenco a realizarle sexo oral, ha sido sentenciado a 3 años en prisión por “actos libidinosos” y no por la tortura. Al pagar $8000 pesos evitará pisar la cárcel.
Varias de las ex presas políticas torturadas a través de la violación y abuso sexual en Atenco también han jurado que “desde abajo, nuestra justicia hará que Peña Nieto, gobernador del Estado de México, responsable político del operativo de Atenco, siga topándose en su camino con mujeres que se planten frente a él con un espejo que diga ‘torturador’”. Han puesto denuncias por la tortura sexualizada ante la FEVIMTRA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Audiencia Nacional de España y siguen tejiendo lazos de solidaridad con un trabajo constante de denuncia y difusión. Sus valientes testimonios se pueden ver en el documental hecho por el Centro PRODH: http://mx.youtube.com//DenunciaDH .
Como respuesta a las sentencias, los integrantes de la Otra Campaña en el Plantón fuera de la prisión ven por el bienestar de los presos y presas, como lo han hecho durante dos años y four meses, primero fuera de la prisión “Santiaguito” y después Molino de Flores, visitándol@s, apoyando a sus familiares, juntando dinero para fianzas. (¿Puedes pensar en otro plantón en cualquier lugar del mundo mantenido ante una prisión durante tanto tiempo, que sea en el frío, en el calor, en la lluvia?) Avisan de un incremento en el hostigamiento al plantón: “El día viernes 22 de agosto a lo largo de todo el día se mantuvo una discreta presencia policiaca alrededor del plantón, pues durante el día un camión de la Agencia de Seguridad Estatal estuvo estacionado por el lugar y se dieron patrullajes constantes de carros y camionetas. El día de hoy 23 de agosto alrededor de las 2 de la madrugada continuó el acoso, con el patrullaje, incluso metiéndose en el estacionamiento del penal donde nos encontramos, de 3 camionetas y dos patrullas de la Agencia de Seguridad Estatal”.
Trinidad Ramírez del FPDT invitó a todos a acompañarlos al lado de la marcha blanca contra la inseguridad organizada por la ultraderecha este sábado 30 de agosto con una manta denunciando el secuestro de los pres@s polític@s de Atenco y Texcoco. También convocó una manifestación ante la Suprema Corte para el jueves 4 de septiembre y anunció que habrá una serie de acciones para impugnar las sentencias. El 15 de septiembre recibirán su compañero Jorge Flores quien ahora puede salir de la clandestinidad debido a su reciente absolución de todos los cargos en su contra.
Se puede firmar una petición exigiendo el retiro inmediato de las sentencias de 67 ½ años contra Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, el retiro inmediato de las nuevas sentencias dictadas la semana pasada, la liberación de todos las y los presos políticos de Atenco, y justicia en los asesinatos de Alexis Benhumea y Francisco Javier Cortés en: contraimpunidad@gmail.com
Puedes hacer tu depósito para la finanza de Patricia Romero, su padre e hijo en:
Banorte
Numero de cuenta: # 0515325032
A nombre de: Rosalba Gómez Rivera y Begoña Lecumberri Usparan
Clabe para depósitos internacionales: 072180005153250320
Ayer, ante el penal Molino de Flores, aproximadamente 70 integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y La Otra Campaña gritaron su rechazo a las nuevas sentencias brutales en el caso Atenco, mientras los Abogados Zapatistas entraron para presentar la apelación. Unos manifestantes increparon a los policías estatales (ASES) bloqueando la puerta: “¿Con qué cara pueden ver a sus propios hijos? Son pobres como nosotros. ¿Que tal se si vuelven rebeldes? También a ellos los van a asesinar, violar, torturar?” Y... ¡voilá! Al salir del reclusorio, el abogado Juan Dios de Hernández reportó que ya fue reemplazado el juez que dictó las infames sentencias, Alberto Cervantes. ¿Por secuestro? ¿Por conspiración? ¿Por corrupción? ¿Por ineptitud? Nada de eso. Siempre era un vil juez de consigna que tenía su arreglito con la mafia estatal encabezado por Enrique Peña Nieto. Ya cumplió con su trabajo sucio, avalando y prolongando el secuestro de Ignacio del Valle y los demás compañer@s que ha durado desde el 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco.
Las nuevas sentencias se dictaron la semana pasada. El jueves 21 de agosto, correos empezaron a salir del Plantón Molino de Flores alrededor de mediodía, avisando de la presencia de alrededor de 500 policías fuera de la prisión desde muy temprano en la mañana, incluso varias camionetas y patrullas de la Agencia Estatal de Seguridad. ¿Estaban ahí para desalojar el Plantón? Al principio, nadie estaba seguro, pero muy pronto el motivo por su masiva presencia se supo. En la corte dentro de la prisión, iban a dictar sentencia. Los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco ya se habían enterado y marchaban hacia la prisión.
¿Y cuales son estas indignantes sentencias pronunciadas por el juez primero Alberto Cervantes? Se supone que Óscar Hernández, Alejandro Pilón, Julio Espinosa, Pedro Reyes, Juan Carlos Estrada, Jorge Ordóñez, Adán Ordóñez, Narciso Arellano, Inés Rodolfo Cuéllar y Eduardo Morales deben pudrirse en prisión durante 31 años, 10 meses y 15 días por el supuesto delito de secuestro equiparado.
¿Y para el dirigente atenquense Ignacio del Valle? Encontrado culpable de ser el “autor intelectual” del delito de secuestro equiparado, su destino (según el Estado) es el entierro en prisión durante 45 años adicionales, agregados a los 67 y medio que ya compurga en el penal de máxima seguridad del Altiplano, junto a Felipe Álvarez y Héctor Galindo por supuestos secuestros en abril y febrero de 2006, antes de los eventos del 3 y 4 de mayo.
A la vendedora de flores Patricia Romero, hostigada en Molino de Flores desde hace meses, el juez tercero Albino Chávez le dictó una sentencia más leve, pero aún así totalmente injusta, de 4 años; ella, su hijo Arturo Sánchez Romero y su padre Raúl Romero Macías tendrán la posibilidad de salir bajo fianza si el Ministerio Público no interpone una apelación.
Como explicó Juan de Dios Hernández, del Colectivo de Abogados Zapatistas (http://atencofpdt.blogspot.com/ ), estas sentencias están basadas estrictamente en supuestos indicios: no hay una prueba plena en ningún sentido contra nadie. Los indicios consisten en las contradictorias declaraciones de los policías que se dicen víctimas del secuestro. Afirman identificar a los responsables pero también dicen que las personas que supuestamente les privaron de la libertad llevaban pasamontañas o paliacates y que como consecuencia no pudieron verles la cara. También dicen que los mismos policías les habían tapado la cara a las y los detenidos y que los habían obligados a bajar la cabeza, por eso no habían podido ver a nadie. Las declaraciones eran las supuestas pruebas utilizadas por el ministerio público para mostrar probable responsabilidad y dictar el auto de formal prisión. “Pero para sentenciar a alguien, el ministerio público no tiene que demostrar la probable responsabilidad sino tiene que demostrar la plena responsabilidad de los acusados”. Nunca lo ha hecho, dice Juan de Dios Hernández, ni en las declaraciones ministeriales originales ni en las ampliaciones, ni en los careos.
Hay más. Como se ve en el video, uno de los familiares que llegó a preguntarle al juez Alberto Cervantes sobre la sentencia afirma lo siguiente: “Le pregunté por qué había tomado esta decisión sobre la sentencia y dijo que venía de allá arriba porque él nada más tenía cierto mando pero que no se debería meterse más para allá, sino que él tenía otros asuntos. El de los magistrados era él que daba las órdenes”. Cabe recordar que fue el Magistrado José C. Castillo Ambriz, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, quien se reunió con una comisión de manifestantes el 8 de agosto en Toluca, prometiendo una pronta resolución del caso. El Magistrado también tiene dueño: se llama Enrique Peña Nieto, quien se jacta abiertamente de ordenar el operativo en Atenco y está en plena campaña para ser Presidente de México.
Para el colmo, la sentencia menciona que en las pláticas del 2 de mayo con las autoridades municipales y estatales, no hubo ningún acuerdo para retirar el cordón de “seguridad” y permitir a los vendedores de flores a trabajar, a pesar de que la videograbación de la reunión claramente demuestra la verdad. Ve Parte 1 del documental Atenco Crimen del Estado. Ve la escena de la reunión en el documental. Fíjate en la mesura mostrada por Ignacio del Valle y su voluntad de utilizar la palabra para convencer a los funcionarios a cumplir con su deber. Fíjate en los funcionarios, su manera de hablar, su postura corporal. ¿Se ven muy cómodos? ¿Ya sabían que iban a traicionar el acuerdo? http://www.youtube.com/watch?v=lVU5VuYKmpU&feature=related
Que quede claro. El supuesto “secuestro” del 3 de mayo de 2006 no fue un secuestro de verdad como los cometidos por “el mochaorejas”, quien les cortó las orejas a sus víctimas, o el del hijo del empresario Martí, quien fue asesinado después de que el rescate fue pagado. El “secuestro” consistía en retener a varios policías durante unas horas después del conflicto que ellos mismos empezaron, violentamente desalojando a los vendedores de flores del mercado de Texcoco en violación del acuerdo del 2 de mayo de 2006 y sitiando la casa donde ellos y integrantes de FPDT tomaron refugio durante el día, durante el cual Ignacio del Valle pidió el retiro de los policías y un diálogo con las autoridades varias veces. Después de nueve horas, sin interés alguno en una solución negociada, la policía desalojó la casa, detuvo a los ocupantes y los golpeó hasta el cansancio. Ahora 10 personas están condenadas por “secuestro” sin evidencia alguna en su contra e Ignacio del Valle es condenado por ordenar el “secuestro” aunque ni estuvo en el lugar de los hechos. Los policías fueron retenidos cuando los pobladores de San Salvador Atenco salieron a bloquear la carretera para protestar la agresión contra sus compañeros en Texcoco. Cuando cientos de policías intentaron desbloquear la carretera con lujo de violencia, los pobladores se defendieron y hubo muchos heridos de los dos lados. Los agresores fueron retenidos para propósitos de negociación y entregados a la Cruz Roja el mismo día, con sus heridas atendidas. La evidencia está grabada para que el mundo entero lo vea. Ve la parte del documental donde el policía expresa su gratitud por poder pedir una ambulancia. Ve el documental y decide por ti mismo. ¿Los vendedores de flores, acompañados por Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y otros compañeros llegaron al mercado de Texcoco la mañana del 3 de mayo para provocar violencia? ¿Tuvieron la menor intención de secuestrar a alguien? o ¿Simplemente insistieron en su derecho a vender sus flores?
Pero ¡que conveniente! para los responsables del terrorismos del estado cometido en Texcoco y Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006 ––Genaro García Luna, Eduardo Medina Mora, Wilfrido Robledo, Ardelio Vargas, Enrique Peña Nieto y Nazario Gutiérrez–– que estas sentencias se anunciaran el mismo día de la reunión del Consejo de Seguridad Nacional en el Palacio Nacional de México bajo el pretexto de “responder a los reclamos” de la ciudadanía para más seguridad contra la tremenda ola de secuestros y asesinatos que azota el país. Las nuevas sentencias les permitieron jactar aplicar mano dura contra unos “peligrosos secuestradores”. Ahí estuvieron reunidos en un bunker porque no se atreven a caminar libremente en la calle. Junto con todos los gobernadores y el jefe de gobierno del Distrito Federal Marcelo Ebrard, tramaron más medidas represivas para controlar a la ciudadanía y escarmentar a los movimientos sociales: la construcción de más prisiones de máxima seguridad; sentencias de pena de muerte y cadena perpetua; más entrenadores desde Washington y Tel Aviv; contrato de mercenarios; vigilancia total de la ciudadanía por teléfono, internet y cámaras en cada esquina de la capital y la creación de una cultura de soplones. Todo esto dentro del marco del Plan México (Iniciativa Mérida) que tiene México bajo el régimen de la seguridad nacional de Estados Unidos y el pueblo secuestrado.
Desde Atenco, la respuesta a las sentencias fue rápida: “¡112 años y medio de cárcel a nuestro compañero Ignacio del Valle! Nos llena de coraje y desde aquí le advertimos a Peña Nieto que no nos callaremos y lo seguiremos acusando de violador y asesino. Que sus aspiraciones presidenciales se truncarán, que todo lo que orgullosamente ordenó hacer en Atenco y Texcoco los días 3 y 4 de mayo del 2006 ––violaciones, asesinatos, tortura–– no quedarán impunes, que serán un lastre a su campaña presidencial y le darán fin a su carrera “política”, que se quedará como su tío Arturo Montiel en la orilla, lamentando sus torpezas”. Afirma el Frente que busca “la solidaridad de todas las organizaciones nacionales e internacionales para que se le haga juicio político a Enrique Peña Nieto por sus graves violaciones a derechos humanos....”
Hasta ahora ningún alto mando ha sido consignado por los crímenes de estado cometidos el 3 & 4 de mayo en Atenco y Texcoco. 21 policías estatales y locales fueron acusados, y, de ellos, 15 absueltos y 5 acusados sólo de abuso de autoridad. Sólo un policía, Doroteo Blas Marcelo, quien obligó a una de las mujeres detenidas durante los operativos de San Salvador Atenco a realizarle sexo oral, ha sido sentenciado a 3 años en prisión por “actos libidinosos” y no por la tortura. Al pagar $8000 pesos evitará pisar la cárcel.
Varias de las ex presas políticas torturadas a través de la violación y abuso sexual en Atenco también han jurado que “desde abajo, nuestra justicia hará que Peña Nieto, gobernador del Estado de México, responsable político del operativo de Atenco, siga topándose en su camino con mujeres que se planten frente a él con un espejo que diga ‘torturador’”. Han puesto denuncias por la tortura sexualizada ante la FEVIMTRA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Audiencia Nacional de España y siguen tejiendo lazos de solidaridad con un trabajo constante de denuncia y difusión. Sus valientes testimonios se pueden ver en el documental hecho por el Centro PRODH: http://mx.youtube.com//DenunciaDH .
Como respuesta a las sentencias, los integrantes de la Otra Campaña en el Plantón fuera de la prisión ven por el bienestar de los presos y presas, como lo han hecho durante dos años y four meses, primero fuera de la prisión “Santiaguito” y después Molino de Flores, visitándol@s, apoyando a sus familiares, juntando dinero para fianzas. (¿Puedes pensar en otro plantón en cualquier lugar del mundo mantenido ante una prisión durante tanto tiempo, que sea en el frío, en el calor, en la lluvia?) Avisan de un incremento en el hostigamiento al plantón: “El día viernes 22 de agosto a lo largo de todo el día se mantuvo una discreta presencia policiaca alrededor del plantón, pues durante el día un camión de la Agencia de Seguridad Estatal estuvo estacionado por el lugar y se dieron patrullajes constantes de carros y camionetas. El día de hoy 23 de agosto alrededor de las 2 de la madrugada continuó el acoso, con el patrullaje, incluso metiéndose en el estacionamiento del penal donde nos encontramos, de 3 camionetas y dos patrullas de la Agencia de Seguridad Estatal”.
Trinidad Ramírez del FPDT invitó a todos a acompañarlos al lado de la marcha blanca contra la inseguridad organizada por la ultraderecha este sábado 30 de agosto con una manta denunciando el secuestro de los pres@s polític@s de Atenco y Texcoco. También convocó una manifestación ante la Suprema Corte para el jueves 4 de septiembre y anunció que habrá una serie de acciones para impugnar las sentencias. El 15 de septiembre recibirán su compañero Jorge Flores quien ahora puede salir de la clandestinidad debido a su reciente absolución de todos los cargos en su contra.
Se puede firmar una petición exigiendo el retiro inmediato de las sentencias de 67 ½ años contra Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, el retiro inmediato de las nuevas sentencias dictadas la semana pasada, la liberación de todos las y los presos políticos de Atenco, y justicia en los asesinatos de Alexis Benhumea y Francisco Javier Cortés en: contraimpunidad@gmail.com
Puedes hacer tu depósito para la finanza de Patricia Romero, su padre e hijo en:
Banorte
Numero de cuenta: # 0515325032
A nombre de: Rosalba Gómez Rivera y Begoña Lecumberri Usparan
Clabe para depósitos internacionales: 072180005153250320
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