La nueva guerra sucia

Mientras el nuevo presidente Felipe Calderón y sus socios de las televisoras han iniciado una campaña de imagen democrática en Oaxaca, la represión a la que son sometidos maestros y miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) da la impresión de que estamos en ciernes de una nueva guerra sucia en contra de cualquier movimiento social en México, situación que creíamos ya superada.
La detención el lunes por la noche de Flavio Sosa, su hermano Horacio, así como dos miembros de la dirigencia de la APPO, Ignacio García Maldonado y Marcelino Coache Verano, por agentes de la AFI en víspera de un encuentro con la Secretaría de Gobernación, huele a celada. Y también a traición, ambas señales claras de una guerra sucia en la que poco o casi nada se puede confiar de la postura gubernamental.
Desde hace una semana y media en Oaxaca se ha desplegado un operativo de terror policíaco-militar sin precedente en la historia del país. Comandos especiales, fuertemente armados, algunos de ellos embozados, han entrado en las escuelas primarias y también en los barrios y colonias populares, a fin de detener a quienes ellos consideran han participado en las protestas de la APPO.
Hay evidencias de que el operativo fue diseñado por mandos militares pues se trata de una estrategia prevista en un manual que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para evitar disturbios civiles.
El general Francisco Gallardo, en una reciente entrevista, explica precisamente cómo este manual ya fue usado por las Fuerzas Armadas en San Lázaro el pasado 1 de diciembre, a fin de permitir la unción de Felipe Calderón, y ahora es aplicado en Oaxaca en contra de un movimiento popular.
“El manual de disturbios civiles es para manejar las masas e impedir un disturbio civil, y para ello se contempla desde la presentación de la fuerza, como fue con la instalación de las vallas alrededor de San Lázaro, o en Oaxaca, cuando hicieron presencia las fuerzas federales de la Policía Federal Preventiva (PFP), hasta la utilización de la violencia con el uso de las tanquetas antimotines, de químicos, incluso la utilización de francotiradores, en donde se aplica la técnica de selección de objetivos, es decir, la aniquilación de los líderes en caso concreto, bajo la idea de que si se aniquila un líder se descabeza un movimiento”, explicó el general Gallardo.
La estrategia seguida en Oaxaca para descabezar el movimiento de la APPO es claramente militar: se establecieron las vallas metálicas en el centro histórico de la ciudad como señal de contención, después se pasó a la etapa de persecución cuando activistas y dirigencia fueron sometidos a un fuerte espionaje, y 141 fueron detenidos y trasladados al penal de alta seguridad de Nayarit, considerados personajes de “alta peligrosidad”.
Al mismo tiempo, la dirigencia ha sido acorralada y obligada a salir del estado, mientras que todas las escuelas de la entidad se encuentran bajo vigilancia y algunas ya fueron allanadas por comandos de asalto, y se ha puesto en acción una campaña de desprestigio en contra de la oposición.
Los organismos de derechos humanos han catalogado la situación como “un estado de indefensión”. La Liga Mexicana de Derechos Humanos (Limedh), la que más ha dado seguimiento al conflicto en Oaxaca, reportó el saldo del conflicto: "15 ejecuciones, 200 detenidos, 150 lesionados, más de una treintena de 'desaparecidos', y están por ejecutarse, otras 200 órdenes de aprehensión".
Esta grave situación no se había presentado en el país desde hace más de 30 años. Esto es, en Oaxaca se está desarrollando una nueva versión de la “guerra sucia” de los setenta, con el agravante de que supuestamente respiramos aires democráticos.
Como entonces, hoy en Oaxaca existen desaparecidos, muertos, heridos, detenidos y perseguidos por razones políticas, y no por cuestiones judiciales, como nos quieren hacer creer el gobernador priista Ulises Ruiz, y el presidente Felipe Calderón, con la ayuda de Televisa, TV Azteca, la radio y algunos medios escritos que han creado una imagen de violencia en los simpatizantes de la APPO, cuando la violencia ha sido generada por el mandatario estatal.
La persecución política es un remanente del sistema autoritario que encabezaba el PRI, pero que el gobierno de derecha de Vicente Fox y ahora el de Calderón han decidido mantener.
Esto nos habla de una manera deforme de ver la realidad social del país y de tratar de resolver los problemas con medidas de fuerza, y no a través de terminar con los factores que dan origen a toda inconformidad social: pobreza, desempleo, desigualdad, marginación y hasta racismo.
El gobierno de Calderón y de Ulises Ruiz, sin embargo, olvidan un aspecto fundamental: la violencia genera violencia, sobre todo si viene del Estado.
Los grupos armados que siguen operando ya declararon en sendos comunicados que están evaluando cómo van a responder a la represión gubernamental, y están en la posibilidad de continuar con la vía militar como ya lo hicieron con los bombazos del pasado 5 de noviembre por la noche en las sedes del PRI, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación e instalaciones bancarias.
Hasta el momento no tenemos información clara de los alcances de su fuerza militar, ni tampoco del número de activistas dispuestos a realizar actos de insurgencia armada. Es posible que no tengan un amplio número de elementos activos, sobre todo después de las importantes divisiones que sufrieron hace cinco años, así como de las bajas en sus mandos, como fue el caso del comandante José Antonio, líder del ERPI.
Pero con los que tengan podrían hacer tambalear al nuevo gobierno de Felipe Calderón, que adolece precisamente de solidez para enfrentar problemas más graves, como el narcotráfico en todo el país.
A nadie conviene seguir por el camino que se ha tomado en Oaxaca, la permanencia de Ulises Ruiz como gobernador ya ha tenido un alto costo. La reedición de la guerra sucia de los setenta no conviene a nadie y menos a un gobierno que se presume democrático y negociador.

José Gil Olmos (Tomado de Proceso 06-Dic-2006).