Informe de ONG sobre violaciones a derechos humanos
La marginación y la miseria de la mayoría de los 3.5 millones de oaxaqueños, población principalmente campesina e indígena; la ausencia de infraestructura y servicios básicos en 80.3 por ciento de sus 570 municipios; la corrupción en la burocracia gubernamental al distribuir los programas de asistencia social en la entidad; los 656 conflictos agrarios que la agobian y el gran número de migrantes que anualmente expulsa al interior de país y fuera de él, constituyen una violación a los derechos humanos y un ''factor de violencia institucionalizada'' que el gobierno federal tiene que tomar en cuenta si pretende resolver parte del conflicto de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO).
El informe preliminar de las violaciones a los derechos humanos en Oaxaca, Del paro magisterial a la movilización popular, elaborado por una misión civil de observación, destaca entre sus conclusiones que el conflicto del estado es social, no sólo magisterial, porque vive más allá de la capital de la entidad: ''Hay situaciones que hablan de ingobernabilidad y que no tienen relación directa con el movimiento magisterial ni con la APPO'', sostiene.
Documentado por 16 organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, el documento expone que los observadores han conocido información de hechos que constituyen violaciones como ''el uso excesivo de la fuerza, ataques a la libertad de expresión, de asociación y de reunión, y de los códigos de conducta de los cuerpos de seguridad''.
Además, los integrantes de la APPO y de los diversos movimientos que en diferentes municipios del estado desconocen a las autoridades formales, ''sufren un clima generalizado de terror, consecuencia tanto de agresiones directas (incluyendo homicidios) como de amenazas sistemáticas''.
Dijeron reconocer ''una táctica premeditada por el Estado para obstaculizar el derecho a la libertad de expresión, en particular de los sectores de la población críticos con el gobierno de Oaxaca y sus correspondientes funcionarios''.
En términos generales -reportó la comisión de observadores-, la violencia directa no proviene del magisterio ni de los ciudadanos que se han organizado como APPO ni de aquellos que conforman los ayuntamientos populares, ''sino de grupos que actúan desde la clandestinidad''.
Gabriel León Zaragoza
Tomado de la Jornada el 27-09-06
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