San Cristóbal de Las Casas, Chis., 26 de agosto de 2007
COMUNICADO PÚBLICO
1.- El pasado 18 de agosto, el gobierno federal, en coordinación con el gobierno chiapaneco, instrumentó tres operativos de desalojo violento, en la porción Centro Norte de la Reserva de Biosfera Montes Azules (REBIMA) en contra de dos poblados (San Manuel –conocido por el gobierno como “Nuevo Salvador Allende”- y San Pedro -conocido oficialmente como “El Innominado”-) y una ranchería –“El Buen Samaritano”- todos habitados por indígenas tseltales.
2.- El resultado de estos operativos –violatorios en su forma de instrumentación, de los más elementales derechos humanos- fue el de treinta y tres personas -26 de ellas niñas y niños- desplazados y confinados de forma absolutamente ilegal, en una casa particular de la cabecera del municipio La Trinitaria, habilitada como una verdadera “casa de seguridad”, así como seis hombres adultos detenidos y consignados aceleradamente al penal del Amate.
3.- Cabe señalar que el tercer operativo represivo, ejercido contra el poblado San Pedro (“Innominado”) presuntamente habitado por bases zapatistas, fracasó en sus objetivos de detener y desplazar de forma violenta a sus habitantes, dado que éstos lograron avistar la presencia de los helicópteros policíacos, huyendo hombres, mujeres, niñas, niños, ancianas y ancianos, hacia la montaña, donde deben estar sobreviviendo actualmente en forma inhumana.
4.- Estos operativos de desalojo violento –así como todas las acciones previas de este tipo, ó las llamadas “reubicaciones” igualmente realizadas- pretender ser justificadas, tanto por el Gobierno Federal (SRA; PA; SEMARNAT; CONANP; PROFEPA) como por el gobierno de Juan Sabines, en base a un doble pretexto:
a) Un supuesto delito de despojo y daño en propiedad ajena, al calificar como invasores a todos los poblados tseltales, tsotsiles, ch´oles y tojolabales, ubicados en la llamada Zona Lacandona y en la REBIMA; y
b) La acusación de “depredadores” de la Reserva, que se les imputa a estos mismos poblados.
5.- La acusación de despojo e invasión, parte y se fundamenta en un ilegítimo y fraudulento decreto agrario publicado el 6 de marzo de 1972, mediante el cual se “reconoce y titula” -de forma totalmente ilegal- 614 mil hectáreas de la selva a favor de únicamente 66 familias mal llamadas “Lacandonas”, habitantes entonces de 3 poblados (Lacanjá Chansayab; Nahá y Metzabok) los cuales habían iniciado apenas 11 meses antes, tres distintos expedientes agrarios de dotación de ejidos, solicitando cerca de diez mil hectáreas (que en realidad eran aquellas que trabajaban y cuidaban).
El objetivo real de este fraude agrario, perpetrado por el presidente Echeverría y el gobernador Velasco Suárez, fue el de favorecer y facilitar la explotación de maderas preciosas por parte de la empresa paraestatal COFOLASA.
6.- La ilegal e ilegítima acción agraria, que convirtió en virtuales latifundistas a las 66 jefes de familias maya caribes (otorgándoles casi 10 mil has para cada familia) significó la flagrante violación de los derechos agrarios y humanos, y un verdadero despojo, de 47 poblados tseltales, tsotsiles, ch´oles y tojolabales, asentados en la región desde los años 50´s y 60´s, todos ellos con procesos agrarios legalmente instaurados (17 de ellos incluso, con Resolución Presidencial emitida).
7.- Esta ilegítima e ilegal maniobra agraria se complementó en 1978, con la inclusión -en calidad de “subcomuneros”- de los jefes de familia de los poblados de “Frontera Echeverría” (ch´ol - hoy Frontera Corozal) y Manuel Velazco Suárez (tseltal - hoy Nueva Palestina) producto del primer proceso de reubicación forzosa, ejercida en el periodo 1974-1976, sobre los 47 poblados citados, 21 de los cuales aceptan su reubicación y concentración en las dos “aldeas modelo” señaladas (Frontera Corozal y Nueva Palestina). Tristemente hoy, un buen número de estos indígenas ch´oles, pero sobre todo, tseltales, se han convertido en una especie de paramilitares, verdugos de sus propios hermanos indígenas, como ocurrió el 13 de noviembre del año pasado, con la impune masacre ejercida por subcomuneros tseltales de Nueva palestina, en contra el pequeño poblado de Viejo Velasco, que tuvo un saldo a la fecha, de seis muertos (uno de ellos palestino) y dos desaparecidos: y como hoy ocurre en los recientes desalojos, en donde, contando con todo el apoyo oficial federal (CONANP/SEMARNAT) y estatal (Fiscalía General) estos “subcomuneros” saquean, roban y se reparten todos los bienes de los poblados desalojados, a manera de un verdadero “botín de guerra”.
8.- Cabe señalar que los otros veintiún poblados amenazados de desalojo violento desde 1974, se niegan a ser ubicados, creando en cambio, para su defensa y lucha agraria bajo la bandera de “No a la Brecha Lacandona”, la Unión de Ejidos Quiptic Ta Lecubtesel (1975) que devino en la Unión de Uniones y Grupos Campesinos Solidarios del estado de Chiapas (1981) surgiendo de esa raíz común, tanto las actuales ARICs (Independiente y Democrática y la Unión de Uniones Histórica) como el propio Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
9.- Los actuales operativos de desalojo violento, no son sino parte de la estrategia global de “despeje” del territorio de mayor biodiversidad, cubierta forestal y caudales de agua dulce no contaminada, del país y de Mesoamérica. Esta estrategia global de despeje y control territorial de toda la Selva Lacandona (REBIMA incluida) diseñada desde el año 1998, se ha venido readecuando a las diversas coyunturas políticas prevalecientes. Recordemos aquí:
a) Las provocadoras campañas de “reforestación” militar, instrumentadas por SEMARNAP (Zedillo-Albores-Carabias) en 1999;
b) Los falsos “incendios” forestales, inventados en mayo de 2000 por la misma SEMARNAP (Zedillo-Albores-Carabias) con fines de convalidar públicamente acciones de desalojo, mismas que ingenuamente (¿?) fueron retomadas por algunos grupos conservacionistas urbanos y académicos.
c) Los abortados operativos de desalojo de marzo y diciembre de 2002.
d) Las acciones de desalojo “quirúrgico”, ejercidas contra los pequeños poblados Arroyo San Pablo (Lucio Cabañas) (Diciembre 2002) y Nuevo San Rafael (enero de 2004).
e) El reajuste de la estrategia, hacia una reubicación forzosa “negociada”, desarrollada por los gobiernos de Fox y Salazar entre junio de 2003 y abril de 2006, que astutamente encabezó la entonces subdelegada especial de la SRA y hoy diputada federal panista, Martha Cecilia Díaz Gordillo.
f) La reaparición de acciones y masacres de tipo paramilitar, ejercidas por jóvenes tseltales de Nueva Palestina en contra del pequeño poblado Viejo Velazco, el 13 de noviembre de 2006; acción enmarcada en la virtual declaración pública de guerra, emitida por la llamada Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPPDIC) de clara raíz histórica paramilitar).
g) La emisión del decreto federal de mayo de este 2007, el cual expropia a favor de la
SEMARNAT, 14,096 has de la selva, “con fines de conservación”, sin señalar la ubicación concreta de dichos terrenos y negándose ilegalmente el propio gobierno federal, a hacer público el mapa de localización de las mismas; y
h) El anuncio oficial, hecho en acto público realizado un día antes de los recientes operativos de desalojo, de la “entrega” a SEMARNAT, de otras 22 mil hectáreas adicionales de selva en la misma zona (sin señalar igualmente cuáles son y dónde se encuentran) en un hecho que, en términos de política ambiental mundial, significa un retroceso de más de 30 años, al regresar en los hechos a la política de conservación ecológica “estatizada”, contraviniendo lineamientos contenidos por ejemplo, en el Programa el Hombre y la Biosfera (MAB) de la UNESCO.
10.- En esa línea –la ciertamente tan necesaria conservación ecológica- queremos señalar que, si bien es cierto que en la recientemente desalojada ranchería tseltal “El Buen Samaritano”, integrada por familiares del Señor Elmer Gordillo, éste venía realizando continuos y graves desmontes con fines ganaderos (motivo por el cual fue expulsado de la organización ARIC Independiente) no es de ninguna manera el caso de los poblados de San Manuel (“Nuevo Salvador Allende”) y San Pedro (“Innominado”) y menos aún, de otros ejidos amenazados hoy de desalojo, como Salvador Allende, Nuevo Villaflores, Nuevo Limar, Corozal y Ojo de Agua la Pimienta, entre otros, los cuales llevan a cabo ejemplares trabajos de ordenamiento ecológico comunitario y agroecología.
(En paradójico contraste, cualquier persona puede acceder vía Internet, a una imagen satelital de la Región Lacandona y de la REBIMA -ver mapa anexo- y observar cómo, las zonas de mayor deterioro de la vegetación y el suelo de la selva, corresponden a los poblados de Frontera Corozal y, sobre todo, de Nueva Palestina, donde el proceso de ganaderización se ha venido desarrollando aceleradamente desde los años 80´s, bajo el impulso y complicidad oficial. En ese sentido, es ejemplar señalar cómo, del más reciente reparto de dinero, producto de las “indemnizaciones” por expropiaciones federales en la Región, que demagógica e irresponsablemente se han venido haciendo de forma individual, la mayoría del dinero recibido por los “subcomuneros”, ha sido aplicado para la compra de ¡¡ganado!!)
11.- Queremos ratificar una vez más que –desde nuestro punto de vista- esta estrategia global de “despeje y control territorial”, disfrazado hábilmente bajo un filantrópico “espíritu conservacionista para beneficio de la humanidad”, responde en realidad, a los intereses corporativos multinacionales de largo plazo, interesados ahora sí en la conservación ecológica -con fines de apropiación, mercantilización y multimillonario lucro- de los valiosos y estratégicos recursos naturales de esta y otras regiones indígenas y campesinas de México y Mesoamérica: biodiversidad, cubierta forestal, agua dulce no contaminada y minerales, todos ellos recursos ambicionados por empresas de los sectores biotecnológico y agroalimentario (Monsanto, Pioneer, Novartis; Bimbo); farmacéutico (Pharmacia, Bayer, Phizer; Adventis); automotriz y petrolero (Ford Motors Co; General Motors; Shell; Federación Internacional Automotriz (FIA)); de embotelladoras (Coca Cola; Nestlé; Pepsi Cola); y minero (CEMEX) varias de las cuales tienen ya presencia directa o indirecta en la Selva Lacandona.
12.- Esta política de “privatización conservacionista” y de mercantilización de la Naturaleza, impulsada por organismos multilaterales, financieros y de cooperación internacional, tales como el Banco Mundial (Corredor Biológico Mesoamericano); la Unión Europea (PRODESIS); la Agencia Internacional para el Desarrollo de EUA (AID) ('Selva Lacandona Siglo XXI Estrategia Conjunta para la Conservación de la Biodiversidad'); es operativizada localmente por Organizaciones “No Gubernamentales”, de carácter trasnacional, tales como Conservación Internacional (CI), The Nature Conservancy (TNC) ó World Wildlife Fund (WWF); y de índole nacional, como son Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable, A, C,
(ENDESU); Merolek, A.C; el Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente (Ceiba); el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza (FMCN) y PRONATURA Nacional (todos los cuales tienen a varias de las citadas corporaciones multinacionales, sea dentro de sus respectivos patronatos ó Consejos Directivos y/ó, en calidad de importantes donantes)
13.- Queremos denunciar que, en el marco de estos recientes desalojos, nuevamente hemos sido objeto –al igual que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas- de falsas y dolosas acusaciones y veladas amenazas, expresadas en este caso, en la declaración testimonial de fecha 29 de julio 2007, presentada ante la Fiscalía General del Estado, por el Sr. Florencio Gómez Martínez, vecino de la subcomunidad lacandona de Frontera Corozal y autoidentificado como empleado federal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) en la que textualmente señala: “que a principios de enero del año 1994 fuimos invadidos por un grupo de personas compuestas por 4 familias, encabezadas por su líder Feliciano Ruiz, llegando como personas desplazados del conflicto armado del año 1994 del EZLN, posesionándose de la reserva protegida de la Selva Lacandona MONTES AZULES que comprende 200 hectáreas y que ahora se llaman Nuevo
Salvador Allende, que ahora ya no queda nada, porque lo utilizan para potrero, milpa, y con incendios sin control, tala clandestina de árboles, traficando con la palma camedor, cosa que no está permitido ya que para ello se necesita permiso de extracción mediante un estudio de impacto
ambiental, y dependiendo del impacto dan el permiso por medio de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, utilizando como parte avionetas y camiones, ya que tienen pistas clandestinas, hemos tratado de llegar a un arreglo con los invasores pero como son protegidos por organizaciones y entre ellos Fray Bartolomé de Las Casas A.C., Maderas del Pueblo del Sureste, organización (sic) que sólo se dedican a crear conflictos, ya que en diferentes ocasiones que se pretende llegar a un arreglo, pero estas organizaciones mencionadas aleccionan a los invasores para que nos amenacen con armas de fuego, tanto mujeres, niños y hombres, provocando así conflicto para no salirse de los predios invadidos, posesionándose así de tierras que no les pertenecen, y que son de la comunidad lacandona.”
Esta velada y nueva amenaza, emitida en contra nuestra Organización y en contra de sus integrantes, se viene a sumar a una serie de intimidaciones que hemos venido denunciando pública y judicialmente, en la última de las cuales de forma literalmente anónima -emitida bajo la supuesta cobertura de la OPDIC (sic) y de una llamada “Fundación Selva Lacandona”- se nos señaló como los verdaderos “asesinos” y causantes de la masacre de Viejo Velasco.
Con tal motivo, hacemos públicamente responsables de la integridad física y de la seguridad de las y los integrantes de Maderas del Pueblo del Sureste, A. C. y de sus familiares, a las autoridades comunales y subcomunales de la llamada Comunidad Lacandona (específicamente en este caso, a los integrantes de los Comisariados y Subcomisariados de Bienes Comunales de Lacanjá Chansayab, Nueva Palestina y Frontera Corozal) así como a empleados y personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) de la SEMARNAT.
De igual forma -y dado que se trata de un asunto que involucra a un Área Natural Protegida y a un empleado de carácter federal- exigimos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República, realicen una profunda y pública investigación, respecto de nuestra acción como personas y como Organismo de la Sociedad Civil, involucrados en la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos y en el legítimo control y manejo sustentable de sus recursos naturales.
14.- Finalmente, hacemos un urgente llamado a todas las Organizaciones Sociales; Organismos de la Sociedad Civil y fuerzas progresistas, presentes directa o indirectamente en la Selva Lacandona, a hacer a un lado en estos momentos, sus diferencias políticas, resentimientos históricos y mezquindades de cúpulas y dirigencias, para construir un frente y un movimiento común y pacífico, en defensa de la Tierra y el Territorio.
De igual forma, hacemos un llamado a la sociedad civil y a la sociedad política nacional de carácter progresista, para que se manifieste y se solidarice activamente con la lucha social por la verdadera defensa de los recursos naturales de la Región Lacandona y del país, mismos que son estratégicos para la Soberanía Nacional, frente al agresivo proceso de despojo y control territorial, con fines de su privatización y mercantilización multinacional, desarrollados por las políticas de los actuales gobiernos federal y –en este caso- del estado de Chiapas.
Atentamente
A nombre del Consejo Directivo
Miguel Ángel García A. Luís Miguel Robles Gil C.
Coordinador General Coordinador de Comunicación
c.c.p. Dr Amerigo Incalaterra.- Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU- México, DF
c.c.p. Dr. Rodolfo Stavenhagen- Relator para Pueblos Indígenas de la ONU.- Ginebra, Suiza
c.c.p. Dr. Florentín Meléndez- Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).- Washington, EUA
c.c.p. Dra. Irene Khan-Amnistía Internacional.- Londres, Inglaterra
c.c.p. Obispo Samuel Ruiz.- Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los pueblos de América
Latina (SICSAL).- México, DF
c.c.p. Junta de Buen Gobierno “Hacia la Esperanza” - Caracol: Madre de los Caracoles del Mar de Nuestro Sueño.-
La Realidad, Selva Lacandona, Chiapas
c.c.p. Asociación Rural de Interés Colectivo Independiente y Democrática (ARIC-ID) - Ocosingo, Chis.
c.c.p. Asociación Rural de Interés Colectivo Unión de Uniones Histórica -Ocosingo, Chiapas
c.c.p. Congreso Nacional Indígena (CNI)
c.c.p. Red Todos los Derechos para Todos (RTDT).- México, DF
c.c.p. Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.- SCLC, Chis.
c.c.p. Red Chiapas por la Defensa de la Tierra y el Territorio .- SCLC, Chis.
c.c.p. Senadora Rosario Ibarra.- Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República.-
México, DF
ccp.- Lic. Felipe Calderón H.- Presidencia de la República.- México, DF
c.c.p. Dr. José Luis Soberanes-Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.- México, DF
c.c.p. Lic. Ramírez- Secretario de Gobernación.- México, DF
c.c.p. A los medios de comunicación nacionales e internacionales
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c.p. 29260.- San Cristóbal de las Casas, Chis
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