27 septiembre, 2006

Trasnacionales redactan cartas "de agricultores"

Agrobio México es una "asociación civil" cuyos miembros son las trasnacionales Monsanto, Syngenta, Dupont, Bayer y Dow. Son las mismas que controlan los cultivos transgénicos en el mundo. Solamente Monsanto controla 88 por ciento.
La gerente de comunicaciones de esta asociación, Ana Laura González, envió el 7 de septiembre un correo electrónico a Jaime Sánchez Ruelas, presidente de la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas, con argumentos para que su asociación y otros agricultores enviaran al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), en favor de las solicitudes de Monsanto, Dow y Pioneer (Dupont), para experimentar con maíz transgénico en México. Agrobio aconseja en su carta a los agricultores que "promuevan comentarios de otras personas: colegas, familiares, etc". Para que no tengan que pensar ni en cómo disimular quién les hizo el texto, González envió cuatro versiones diferentes de cartas para enviar a las autoridades.
El mismo día, el diligente Jaime Sánchez envió todo el paquete a varias decenas de asociaciones de agriculto- res e individuos afines. Si alguien creía que, aun siendo muy pocos, había agricultores en México que realmente querían maíz transgénico, queda claro que no hablan por sí mismos, sino por las trasnacionales.
Los argumentos que Agrobio compiló para esos agricultores con quienes tiene tan estrecha relación parecen un viaje de Prozac de las multinacionales: según ellos no hay problema alguno, sus amigos investigadores de Cinvestav ya previeron todas las medidas de bioseguridad mediante el Plan Maestro de Maíz; el maíz transgénico aumentará la producción, disminuirá el uso de químicos y ahora, por arte de magia, los agricultores mexicanos podrán competir con los millones de toneladas de maíz transgénico subsidiado que México importa desde Estados Unidos. Sorprendente que en tan pocas hojas compilen tantas falsedades.
En una de las cartas, Agrobio esgrime que los transgénicos contribuirán a las "Metas de Desarrollo Milenario" (sic) de reducir la pobreza mundial. Se refieren probablemente a los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas. Como los funcionarios de Agrobio reciben sus instrucciones en inglés directamente de las casas matrices de las trasnacionales en Estados Unidos, no se han molestado en leer el texto original y lo tradujeron erróneamente.
De todos modos, a Agrobio lo único que le preocupa de los pobres es si los puede usar como estrategia de marketing. En realidad las semillas transgénicas han aumentado la pobreza en los países del Sur donde se han cultivado por más tiempo, por ejemplo en Argentina, segundo productor mundial de transgénicos.
Pero Agrobio no quiere mostrar los datos de producción y uso de químicos de los transgénicos en los países que más los han usado. Por eso no menciona los datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), país pionero en estos cultivos, que tiene más de 60 por ciento de la producción mundial de transgénicos. En su lugar coloca datos parciales, con los que manipula resultados usando fuentes de organismos creados por las propias empresas.
Si se basaran en datos oficiales de USDA, como ha hecho, entre otros, el investigador Charles Benbrook, tendrían que informar que hasta 2003 la introducción de transgénicos significó un aumento de uso de agroquímicos de 23 millones de kilogramos. Curva que sigue en ascenso. Que en caso del maíz, en una evaluación de cinco años, también compilada por Benbrook sobre datos oficiales, el aumento total de producción fue de 0.6 por ciento, pero como la semilla transgénica es mucho más cara, los agricultores perdieron 92 millones de dólares porque gastaron mucho más que si hubieran sembrado maíz convencional. Que las propias empresas recomiendan a los agricultores dejar "refugios para insectos" de maíz no transgénico en un 20 a 40 por ciento de su campo, para retardar la inevitable resistencia que surge en los insectos que dice combatir. Que por todo eso el estudio de la USDA Adopción de los cultivos biotecnológicos (2002) concluyó que "...el tema pendiente más importante es explicar por qué ha habido un ritmo de adopción tan acelerado mientras los impactos económicos parecen ser variados o incluso negativos".
La razón de esto, que Agrobio conoce pero prefiere ocultar, es que la mayoría de los agricultores de Estados Unidos tienen una relación de esclavitud con las empresas semilleras, porque han perdido sus propias semillas y el acceso a las no patentadas de mejoramiento público. No es que los transgénicos sean elegidos por los agricultores, sino que las empresas que monopolizan el mercado no les dan otras opciones, porque para ellas sí es un gran negocio.
Ochenta y cinco por ciento de los que trabajan el campo en México son campesinos y usan sus propias semillas, sustento de sus autonomías, de sus culturas y de poder comer sin pedir permiso a nadie. Por ellos van las empresas, por las buenas o las malas. Si se siembra maíz transgénico en México habrá una inevitable contaminación transgénica, con genes patentados, mucho más extendida de la que ya produjeron las empresas y el gobierno con las importaciones de maíz. Esto sería un crimen de lesa humanidad, con consecuencias gravísimas para toda la sociedad, ahora y en el futuro. Si el gobierno legaliza tamaña agresión en favor de las multinacionales, colocará aún más presión a la caldera a punto de estallar de la sociedad mexicana. Y quien siembra viento...

Silvia Ribeiro Investigadora del Grupo ETC

Congreso Nacional Indígena, diez años en la brecha

El Congreso Nacional Indígena (CNI), "la casa de los pueblos indígenas de México", se fundó entre el 9 y el 12 de octubre de 1996. Es hijo directo del Foro Nacional Indígena que, convocado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), tuvo lugar en enero de aquel año en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, pocos días antes de que los zapatistas suscribieran los Acuerdos de San Andrés Sakamch'en --cuya finalidad era el reconocimiento inicial de los derechos y cultura indígena-- con el gobierno federal.
En el CNI se encarna el torrente de lucha indígena que significó la conjunción del histórico levantamiento armado del EZLN el primero de enero de 1994 con la experiencia de años y años de resistencia india por todo el país. El CNI representa la expresión más alta de unidad alcanzada por los pueblos indígenas de México en la lucha por su plena liberación.
Siendo sus propósitos centrales la "reconstitución integral de nuestros pueblos" y construir una nueva relación con el Estado nacional --que debería expresarse en el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas--, el CNI participó hasta 2001 en todas las iniciativas que emprendió el EZLN para lograr la incorporación de los Acuerdos de San Andrés a la Constitución federal. (El lema "Nunca más un México sin nosotros" resume esta búsqueda.)
Después de que en 2001 los Acuerdos de San Andrés fueron traicionados por el Estado mexicano y la clase política en su conjunto, al aprobar, refrendar y ratificar una auténtica contrarreforma indígena (la llamada Ley Bartlett-Cevallos-Ortega) que mutiló los escasos derechos en materia indígena establecidos por la legislación nacional, el CNI replanteó sus objetivos tácticos. De exigir que se reconocieran constitucionalmente los derechos colectivos de los pueblos, pasó a desconocer la contrarreforma indígena, proclamando a los Acuerdos de San Andrés como ley propia y promoviendo el ejercicio directo de la autonomía indígena.
Entre 2001 al 2005, años marcados por una dispersión organizativa y confusión programática del movimiento indígena nacional, acontecieron dos hechos tan contradictorios como importantes. Por un lado diversas comunidades y organizaciones indígenas, aglutinadas en el CNI Región Centro-Pacífico (junto con investigadores de la sociedad civil mexicana y varias comunidades y organizaciones indígenas de otras regiones) iniciaron un profundo análisis de la devastación causada por el capitalismo en su fase neoliberal y concluyeron que en tanto nuestros pueblos, en alianza con otros sectores explotados de la sociedad nacional, no emprendan una lucha frontal contra el neoliberalismo, incluidas las instituciones del Estado mexicano que lo sostienen, resulta imposible pensar en un reconocimiento, tan siquiera mínimo, de los derechos colectivos de los pueblos indios.
Por otro lado, una parte significativa del movimiento indígena, aglutinada en torno a la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía (ANIPA), decidió integrarse a las instituciones del Estado que durante años y, sobre todo, a lo largo del sexenio foxista, han provocado la destrucción de los pueblos y comunidades indígenas en todo el territorio nacional. Curiosamente en estos días dichas fuerzas, ya con muy poca base social, han decidido convocar a una Convención Nacional Indígena para insertarse en el movimiento postelectoral de Andrés Manuel López Obrador.
La Sexta Declaración de la Selva Lacandona emitida por el EZLN el año pasado, llamando a conformar una fuerza política anticapitalista y de izquierda que pugne por la conformación de un programa nacional de lucha y por una nueva Constitución, atrajo la inmediata atención de las comunidades y organizaciones participantes en el CNI que ven en la convocatoria zapatista una posibilidad real de alcanzar el efectivo reconocimiento de los pueblos indígenas y sus derechos en los marcos de la lucha anticapitalista de liberación nacional y de la nueva Constitución que se proponen.
El cuarto CNI, realizado los días 5 y 6 de mayo del presente año (2006) en la comunidad ñahñu de San Pedro Atlapulco, estado de México, con la participación de casi mil delegados de 25 estados del país, marca esta novedosa etapa del movimiento indígena nacional que se viene gestando desde hace tiempo. La parte final de la Declaración de N'donhuani expresa fielmente el nuevo consenso indígena: "Como punto último de nuestra declaración impugnamos al Estado mexicano y llamamos a todos los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas y a todos los sectores oprimidos a conformar un frente amplio anticapitalista que impulse un proceso que conduzca hacia una Nueva Constitución y otra forma de gobierno que permita el reconocimiento de nuestros derechos y una sociedad justa, libre y democrática".
Después de Atlapulco, el CNI sigue fortaleciéndose. En julio, la Nación Comca'ac (seri) y diversas organizaciones indígenas de Sonora pactaron en la denominada Declaración de Soocaix (Punta Chueca, Sonora) "fortalecer al Congreso Nacional Indígena en el noroeste y en todo el país como el espacio de unidad de los pueblos indígenas de México". Acordaron que "apoyados en el derecho histórico que deriva de nuestra existencia como pueblos originarios de Sonora y otras regiones del país, exigimos a los gobiernos municipal, estatal y federal el respeto a nuestros territorios, autonomía, cultura, historia, tradiciones, gobierno tradicional, derechos laborales, humanos y sociales, haciendo del conocimiento de la sociedad nacional que aquello que nos corresponde y nos pertenece lo defenderemos por todas las vías a nuestro alcance, tal como lo hemos hecho en los últimos quinientos años".
El 27 de agosto diversas organizaciones y comunidades indígenas de la Península de Yucatán, reunidas en la comunidad de El Pañuelo, municipio de Candelaria, Campeche, acordaron ratificar la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y su adhesión al CNI, así como convocar al foro nacional en defensa de la medicina tradicional que tendrá lugar el próximo mes de noviembre en Mezcala, Jalisco, otra comunidad recientemente incorporada al CNI. En dicha reunión el Consejo Regional Indígena Nahua-Popoluca de Veracruz planteó que llevará a las diversas asambleas comunitarias de su región la propuesta de incorporación al CNI.
Contra la opinión de "amigos" y enemigos, el CNI está lejos de desaparecer. Aun cuando los últimos diez años significan el recrudecimiento de la guerra de conquista contra los pueblos indígenas de México, el intento de empresas y gobiernos de devastar los territorios y culturas indígenas, y la masiva migración campesina a las ciudades o al extranjero, el movimiento indígena conserva una perspectiva y un rostro propios en gran medida gracias a la persistencia de la lucha zapatista y a la presencia del CNI.

Carlos González: asesor de la Región Centro-Pacífico del CNI y de diversas organizaciones del sur de Jalisco.

Enviar cartas para los presos de Atenco

Compañeros:
Estamos convocando a todos los adherentes de la SDSL y de La Otra Campaña a enviar cartas de apoyo de solidaridad a nuestros compañeros presos de Atenco. Las cartas tienen que estar en sobre dirigidas a algun@ o algun@s de los presos y con el nombre del autor (si es organización, pues nombre de la organización).
Las cartas las pueden dejar en el plantón de Santiaguito, y después el día de visita una comisión se encargará de meterlas al interior del penal.
La idea es dar ánimos a nuestros compañeros presos.

Los nombres de los presos son los siguientes:

En La Palma
1. Álvarez Felipe
2. del Valle Medina Ignacio
3. Galindo Cochicoa Héctor

En Almoloya (Santiaguito)
4. Arellano Hernández Narciso
5. Cuevas Jaramillo Suelen Gabriela
6. del Valle Ramírez Cesar
7. Estrada Cruces Juan Carlos
8. Espinoza Ramírez Julio César
9. Garrido Romero Martín
10. García Durán Magdalena
11. González Rojas Rufino
12. Hernández Pacheco Óscar
13. Jiménez Osorio Norma
14. López Morán María Luisa
15. Medina Neri David
16. Méndez Reyes Edgar Eduardo
17. Munguía García Vicente
18. Ordóñez Romero Jorge Alberto
19. Ordóñez Romero Román Adán
20. Pilar Zacate Alejandro
21. Ramírez Aguilar Jorge Armando
22. Ramírez Durán Cecilio
23. Ramírez Espinoza Cecilio
24. Reyes Flores Pedro
25. Romero Hernández Patricia
26. Romero Macias Raúl
27. Rosales Gutiérrez Édel
28. Sánchez Romero Arturo
29. Selvas Gómez Mariana
30. Selvas Pineda Guillermo

Llamado del MULT

A las organizaciones democráticas y revolucionarias
Al pueblo digno de Oaxaca

Las amenazas del gobierno de Oaxaca y federal con la represión al movimiento social no es más que una demostración de su incapacidad de encontrar una salida política a la ingobernabilidad que sigue prevaleciendo desde hace más de 4 meses en el estado. El gobierno federal no puede o no quiere convencer a Ulises de abandonar el poder porque significaría un mal precedente y mal augurio para el gobierno espurio de FeCal. Asimismo, hacer público en los diarios de la capital del país, el supuesto enriquecimiento de los dirigentes de la APPO y acusarlos de otros hechos es una estrategia que no ayuda a destrabar el conflicto, sino que al contrario demuestran síntoma de incapacidad de encontrar una salida política al problema. Hacer acusaciones buscando desprestigiar ante la opinión pública a la dirigencia de la APPO, creemos, no ayuda a encontrar una solución.
Por lo anterior, manifestamos nuestro rechazo a las pretensiones del gobierno federal y estatal de usar la represión en contra del movimiento social, sería un grave error porque Oaxaca no está solo. Usar la represión en contra del movimiento social, que aglutina las demandas justas del pueblo de Oaxaca, es atentar contra el mismo pueblo que sabrá responder de manera organizada, lo que agudizaría más el conflicto.
Exigimos también, el retiro inmediato del ejército en los pueblos y en las comunidades de Oaxaca, ya que una mesa nacional de diálogo, no debe sostenerse con la amenaza de las armas cuartando el derecho de audiencia, manifestación y libre expresión de las ideas.
Exigimos a la cámara de senadores y de diputados una solución inmediata a la ingobernabilidad en el estado de Oaxaca.

Ante la represión la lucha organizada y unitaria fuera ejército de los pueblos y comunidades de Oaxaca libertad a los presos políticos por luchar en contra del mal gobierno


“POR LA LUCHA Y LA LIBERACION DE LOS PUEBLOS”
MOVIMIENTO DE UNIFICACION Y LUCHA TRIQUI (MULT)